La alcaldesa Soledad Chapetón y la concejala Mónica Paye están siendo violentadas por sus cargos políticos en La Paz.
Bolivia fue el primer país en implementar una ley contra la violencia hacia las mujeres en cargos políticos, a través de la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres (No. 243, de 2012). Su promulgación e implementación fue un proceso muy largo, logro del trabajo y la insistencia de los movimientos feministas y de mujeres.
En los primeros cuatro meses de 2018 se presentaron 46 denuncias de violencia y acoso político, según los datos del Tribunal Supremo Electoral. De éstas, 21 fueron hechas por mujeres del Movimiento Al Socialismo (MAS) y 18 de los acusados eran autoridades del mismo sector. Según estos datos, el partido de gobierno es el más violento con las mujeres políticas.
Dos casos emblemáticos: Soledad Chapetón y Mónica Paye
El caso de la alcaldesa Soledad Chapetón (partido Unidad Nacional), de la ciudad de El Alto, surgió a raíz de una denuncia contra ella presentada por un ex-aliado de su partido, a través de la cual el gobierno intentó sacarla de su cargo. El Alto es la segunda ciudad con más habitantes del país y es considerada un bastión político del partido gobernante, MAS. Chapetón obtuvo su cargo con el 55,5% de los votos.
La alcaldesa está siendo acusada por un caso producido hace 27 años, cuando Chapetón tenía diez años de edad, y refiere a la entrega de predios públicos a un privado. El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, solicitó el 4 de junio la detención preventiva de la alcaldesa porque observaba riesgo de fuga, obstaculización y de influencia negativa sobre los testigos.
Por otro lado, la concejala Mónica Paye (MAS) fue acusada por vía penal por el alcalde, del Movimiento por la Soberanía, por la pérdida de dos computadoras en 2016. Lo relevante de este caso es que no debió ser tratado por vía penal, sino administrativa. Como denunció la asambleísta Elizabeth Morales, el proceso penal “derivó a que el munícipe abuse de su autoridad y la suspenda por no asistir a las sesiones del Concejo Municipal”.
La concejala estuvo 20 días recluida en el Centro de Orientación Femenina de la ciudad de La Paz, sin apoyo de la Asociación de Concejalas de La Paz que ella misma preside.
Estos y otros casos dan cuenta del déficit que tiene el Estado boliviano con las mujeres en el plano político. La impunidad con la que se llevan a cabo estos ataques y la soledad en la que se encuentran estas mujeres las coloca en riesgo permanente.