Compartimos el informe “Si ellos pueden tenerla, ¿por qué uno no?”, de Amnistía Internacional, que recopila sólidos indicios que sugieren que las trabajadoras sexuales en República Dominicana son frecuentemente blanco de tortura sexual y otros malos tratos a manos de la policía, como castigo por transgredir las opiniones construidas socialmente sobre la femineidad, la sexualidad aceptable y la identidad y expresión de género.
En las pequeñas oficinas de Otrasex, organización no gubernamental (ONG) liderada por personas que ejercen trabajo sexual en República Dominicana, una mujer cisgénero dijo a Amnistía Internacional que, una noche de octubre de 2017, ya tarde, había sido violada en una esquina oscura, en la parte trasera de un vehículo policial.
“Habían tres. Yo estaba en una esquina esperando clientes y […] abusaron de mí”, contó. “Me subieron a la camioneta [policial] […] Ellos, al ver la zona despejada, […] Ellos empezaron a sobarme, quitarme ropa. Me rompieron la blusa […] Uno atrás de otro.”
“‘Yo soy el primero’ [dijo uno], el otro esperó su turno […] De ahí me maltrataron. Me obligaron a algo que realmente yo no quería.”
“Yo tenía miedo, estaba sola. No podía defenderme. Tuve que dejar que ellos hicieran lo que ellos quisieran conmigo […] Me amenazaron, que si yo no estaba con ellos me iban a matar. Que yo era un cuero [una prostituta], que por qué con ellos no.”
“Me decían ‘perra’, muchas palabras ofensivas […] Me vieron, aparente, tal vez, y ellos pensaron, ‘bueno, si ellos [los clientes] lo pueden coger [tenerla], por qué uno no.’”
En toda América Latina y el Caribe, la violencia de género se considera epidémica. En República Dominicana, únicamente en 2018 la Procuraduría General de la República informó de que había recibido más de 71.000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6.300 denuncias de delitos sexuales, entre ellas 1.290 denuncias de violación. Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la ONU, República Dominicana tiene una de las tasas de feminicidio (asesinatos de mujeres por motivos de género) más altas de la región, con más de 100 feminicidios registrados en 2017. De igual modo, según TRANSSA (la ONG Trans Siempre Amigas, liderada por personas transgénero), 47 mujeres transgénero han sido
asesinadas desde 2006. El brutal asesinato en 2017 de Jessica Rubi Mori, cuyo cadáver fue hallado desmembrado en un terreno baldío, subraya la magnitud del odio y la violencia a los que se enfrentan muchas mujeres transgénero en el país.
Hace casi 15 años, un informe pionero de Human Rights Watch titulado Odiados hasta la muerte: Homofobia, violencia y la epidemia de VIH y Sida en Jamaica reveló cómo las violaciones de derechos humanos contra gays, hombres bisexuales, lesbianas y personas que ejercen trabajo sexual impulsaban la epidemia de VIH en Jamaica. Durante años, los colectivos liderados por trabajadoras y trabajadores sexuales se han movilizado y han identificado constantemente la violencia a manos de la policía y el estigma y la discriminación entre las principales dificultades a las que se enfrentan; además, han pedido a los gobiernos del Caribe que deroguen leyes que criminalizan el trabajo sexual y, por tanto, fomentan la violencia policial.
En República Dominicana, los expertos en salud pública estiman que hay entre 87.000 y 97.000 mujeres cisgénero que ejercen trabajo sexual, lo que representa aproximadamente el 3,4% de todas las mujeres adultas, y entre 3.900 y 5.000 mujeres transgénero, muchas de las cuales ejercen trabajo sexual.
Amnistía Internacional reconoce que la cuestión de la venta de servicios sexuales provoca un intenso debate. No obstante, con demasiada frecuencia, en el tenso intercambio entre personas bienintencionadas de ambos bandos del debate, las propias trabajadoras sexuales son dejadas de lado o ven cómo se les niega la representación. Esta investigación sitúa intencionadamente
en su núcleo las voces de las trabajadoras sexuales, expone los matices de la realidad de sus vidas, y destaca sus opiniones sobre cómo cambiar las cosas.
Para este informe, Amnistía Internacional entrevistó, entre abril y julio de 2018, a 46 mujeres dominicanas cisgénero y transgénero que ejercen trabajo sexual, y formó grupos focales que incluían a otras 18 trabajadoras sexuales. Les preguntó por sus vidas, su educación, su infancia, sus aspiraciones y logros personales y profesionales, sus relaciones familiares, sus condiciones de trabajo, sus opiniones sobre la venta de sexo, las opiniones sociales sobre el trabajo sexual, y sus experiencias respecto a la violencia y otras violaciones de derechos humanos. El equipo de investigación también entrevistó a representantes del gobierno, incluidos policías y fiscales, así como organizaciones de mujeres, ONG, académicos/as y abogados/as.
El derecho internacional y regional establece claramente que la violación a manos de un agente del Estado es una forma de tortura. Este informe recopila sólidos indicios que sugieren que las trabajadoras sexuales en República Dominicana son frecuentemente blanco de tortura sexual y otros malos tratos a manos de la policía, como castigo por transgredir las opiniones construidas
socialmente sobre la femineidad, la sexualidad aceptable y la identidad y expresión de género. Esto es contrario al derecho tanto constitucional como penal dominicano, y también al derecho internacional de los derechos humanos.
Descargue el informe aquí: Amnistía – Si ellos pueden tenerla por qué uno no