Foto: Marcha del 8M 2020 en Montevideo. Tomada por Silvina Font.
Un nuevo protocolo de recepción de denuncias de violencia de género establecía que las víctimas debían presentar pruebas a la hora de denunciar, entre otros retrocesos y obstáculos en el acceso a la justicia. Luego de que la guía cobrara visibilidad pública, el Ministerio del Interior modificó los aspectos más criticados.
Denunciar la violencia de género es un acto muy complejo. Muchas veces es difícil reconocer que nos encontramos en una situación de violencia y tener la fuerza para querer salir de ese círculo. Más difícil aún es animarnos a denunciarla, tanto por presiones sociales como por falta de apoyo (del entorno o institucional), por miedo, por dificultades de acceso a los centros que reciben denuncias, por temer que nuestra palabra no sea tomada en cuenta, entre otras. No faltan historias de mujeres que han sido revictimizadas a la hora de denunciar, que han sido cuestionadas y culpabilizadas y hasta que se les ha negado la posibilidad de hacerlo.
El movimiento feminista ha logrado avances sociales y legislativos en este sentido. El aumento en la visibilidad de la violencia de género y los femicidios es innegable, aunque todavía haya gente que siga colocando la culpa en las víctimas. En Uruguay, la Ley 19.580 de Violencia Hacia Las Mujeres Basada En Género representa una herramienta legal integral y con enfoque de género, aunque aún no se esté aplicando en su totalidad y se nos siga negando el presupuesto suficiente para tener juzgados multimateria. Siempre hay mucho camino para recorrer.
Reconocer y denunciar las distintas formas de violencia de género nunca ha sido fácil, por lo que son delitos altamente sub-denunciados. Es imperioso facilitar los mecanismos de denuncia, formar y sensibilizar al personal de las comisarías, asegurar el acceso a espacios especializados en todo el territorio nacional, crear soluciones habitacionales para quienes no pueden irse de los hogares que comparten con quienes las maltratan. Y eso solo en lo referido a la denuncia, no a todo el proceso judicial. Pero no. El Ministerio del Interior (MI) hizo todo lo contrario.
El 14 de setiembre se publicó la “Guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género”, que establece un nuevo protocolo para tomar denuncias, emitido por el Estado Mayor especialista en género y violencia doméstica de la Dirección de la Policía Nacional (parte del MI).
Uno de los puntos más peligrosos del nuevo protocolo era el que requería a quienes fueran a denunciar violencia de género presentar “pruebas” del delito (lo que, por cierto, no se pide para ningún otro tipo de crimen). Otro punto establecía que se le preguntara a la víctima si consideraba estar en “peligro de vida” como única forma de calcular el riesgo de la situación. El tercer aspecto cuestionable refiere al registro de la denuncia: se estableció que, si la denunciante ya había acusado antes a la misma persona, el nuevo hecho se anotará como ampliación de la denuncia previa, no como una nueva denuncia.
Una semana después de la publicación de la Guía, el periódico La Diaria accedió a ella y publicó un artículo que hizo que el tema cobrara visibilidad pública. Gracias a esto, ese mismo día el MI anunció cambios en los primeros dos puntos: ya no se “requerirán” pruebas, sino que se deberá “consultar al denunciante o víctima si posee elementos que pueda aportar a la denuncia”, y se afirma que se debe “evaluar, en conjunto con la víctima, si se encuentra en riesgo de vida”. También se agregó una frase que explica que este protocolo no anula ni sustituye ninguno de los establecidos en las leyes vigentes.
En cuanto al tercer punto, no fue modificado en la Guía, pero el ministro del Interior Luis Alberto Heber le aseguró a La Diaria que “no es así”. Puede parecer un simple cambio de registro, pero lo cierto es que esta modificación “desinfla” aún más las cifras de denuncias de violencia de género y hace una gran diferencia en el proceso de datos para informar sobre criminalidad.