Caso de Embarazo y Maternidad Infantil forzada
Montevideo – Uruguay. Marzo a octubre 2015.
En marzo de 2015 se constató que Julia de 11 años de edad, con discapacidad intelectual y quien recibía medicación psiquiátrica, cursaba un embarazo producto de abuso sexual perpetrado por un hombre de 41 años de edad, allegado a la familia.
La niña vivía en Montevideo con su madre (quien también tiene discapacidad intelectual) y seis hermanos, en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad.
Julia fue internada en el hospital público Pereira Rossell para efectuarse controles médicos, donde se advirtió que su escaso desarrollo corporal y psicológico podrían acarrearle consecuencias negativas en el futuro, tanto a la madre como al bebé.
La madre de la niña comunicó al equipo técnico y médico del hospital la voluntad de interrumpir el embarazo de su hija, alegando que era una locura y que estaba dispuesta a autorizar el procedimiento. Sin embargo, la niña manifestó querer continuar su embarazo y contraer matrimonio con el hombre.
La resolución del Juez actuante estableció que sin el consentimiento de la niña no se podía llevar adelante la interrupción del embarazo.
El psicólogo del hospital señaló: “La menor (violada y embarazada) no es consciente de su actual condición. Su único interés está centrado en preservar la relación de pareja, a lo que debe sumarse su bajo nivel intelectual y trastornos de conducta e impulsividad”.
El equipo de psiquiatría infantil que acompañó a Julia desde que llegó al hospital indico que “La posición de la niña ha sido sostenida, sin dudas desea ser madre”. Por este motivo le suspendieron la medicación psiquiátrica que estaba tomando por ser incompatible con el feto.
Finalmente fue derivada a un hogar de amparo del INAU, hasta que dió a luz por cesarea el 16 de octubre de 2015.
El embarazo infantil y la maternidad forzada tienen consecuencias inmediatas sobre la salud, educación y situación dentro de la comunidad, alterando para siempre sus relaciones sociales, posibilidades de desarrollo y el potencial de generación de ingresos, alterando el curso de toda su vida.
El derecho de las mujeres adolescentes al aborto y a una vida libre de violencias
Hechos completos. En el 2018, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres acompañó el caso de P.A., una adolescente de 15 años, residente de Bogotá, estudiante de secundaria, miembro de una familia conformada por su madre cabeza de hogar y dos hermanas menores. P.A. quedó en embarazo como resultado de violencia sexual, hecho que denunció en compañía de su madre ante la Fiscalía sin que se le informara sobre el derecho a la IVE. Con 25 semanas de edad gestacional y con la asesoría de La Mesa, P.A. solicitó ante su Entidad Promotora de Salud (EPS) la IVE por la causal violencia sexual. El mismo día que se le realizó la expulsión de óbito fetal, P.A. y su madre fueron amenazadas y hostigadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes presuntamente conocieron del caso debido a que alguien desde la Clínica violó la reserva de la historia clínica. Dos hombres del CTI se presentaron en la Clínica e intimidaron a P.A., a su madre y a los médicos, acusándolos de haber cometido el delito de homicidio. Asimismo, ordenaron que el feto producto de la IVE les fuera entregado, violando la cadena de custodia que debía tener por tratarse de material probatorio del delito de violencia sexual e indicándole a la madre, según su narración, que lo recuperara para dar “cristiana sepultura” . Posteriormente, la Fiscal que investigaba el delito de violencia sexual y la funcionaria de la Policía que lo acompañaba, hicieron acusaciones similares a la madre, le informaron que en su contra cursaba una investigación penal por homicidio y cuestionaron que P.A. hubiera sido abusada sexualmente. Por su parte, la atención brindada por la abogada de casos de La Mesa permitió identificar que P.A. era víctima de un continuum de violencias: violencia de género manifestada en la violencia sexual, pobreza, falta de redes de apoyo y, en el ejercicio de su derecho a la IVE, violencia institucional. El desconocimiento sobre el derecho al aborto y el prejuicio según el cual las adolescentes no están capacitadas para tomar decisiones reproductivas se reflejaron en las violencias en contra suya y de su madre.
Población afectada y tema: derecho de las mujeres adolescentes al aborto y a una vida libre de violencias.
Derechos involucrados en el caso: dignidad y derecho a estar libre de tratos crueles e inhumanos; derecho a una vida libre de violencias; derecho a la información; derecho a la libertad, la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad; derecho a la igualdad y la no discriminación; derecho al acceso a la justicia, al debido proceso y al restablecimiento de derechos por ser víctima de violencia sexual; derecho a la intimidad.
Movilización de la sociedad civil: La Mesa informó del caso al Ministerio de Salud, a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación, entidades a las que puso al tanto de las fallas en la ruta de atención a víctimas de violencia sexual y con las que incidió para que tomaran correctivos y se frenara la judicialización contra la madre de P.A.
Respuesta del Estado: aunque P.A. accedió al servicio de aborto legal, se identifican las siguientes fallas por parte del Estado: en el primer paso de la ruta de atención por violencia sexual, P.A. no recibió información sobre el derecho a la IVE, además, fue objeto de coerción, discriminación y violencia, instituciones estatales como el CTI la revictimizaron, lo que evidencia grandes vacíos en la implementación de la sentencia C-355 de 2006 y en el reconocimiento de la IVE como un servicio de salud para las mujeres víctimas de violencia sexual (Ley 1719 de 2014).
Medidas del Consenso relacionadas: el Consenso plantea principios como el respeto por las decisiones, la prohibición de coerción, discriminación y violencia, resaltando la importancia del acceso a la información como derecho fundamental para la toma de decisiones. En el caso de P.A. se identifica una afectación a las medidas B.7 y D.34 y 35 que refieren al derecho que tienen las niñas y los niños y adolescentes al acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, y se prioriza la obligatoriedad de promover políticas públicas que garanticen estos derechos.
Instancia estatal responsable: CTI de la Fiscalía, Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Secretaría Distrital de Integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
LAS 17 y MÁS: mujeres criminalizadas por aborto y/o complicaciones obstétricas en El Salvador
Presenta: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto terapéutico, ético y eugenésico en El Salvador
En El Salvador se penaliza el aborto de manera absoluta a partir del Código Penal de 1997 que entra en vigencia en 1998. Además en 1999 se ratifica una reforma a la Constitución Nacional de la República que incluye en su artículo primero, la responsabilidad del Estado de proteger a “la persona humana desde el instante de la concepción”. Estas reformas han tenido diferentes y graves consecuencias para la salud y la vida de las mujeres, violando sus derechos humanos en diferentes dimensiones.
Una de las graves consecuencias es la persecución, criminalización y encarcelamiento de mujeres que viven en situación de pobreza y que acuden a hospitales y centros del sistema público de salud en búsqueda de atención médica ante situaciones críticas de su salud, habiendo sufrido abortos espontáneos y partos prematuros o de término, precipitados, extra hospitalarios y sin ningún tipo de asistencia sanitaria. En muchos casos ellas han acudido con hemorragias graves e incluso en estado de shock debido a la pérdida de sangre, con desgarramientos vaginales, y en la mayoría de casos el feto o la criatura recién nacida ha fallecido, pero no en todos los casos ha ocurrido la muerte del o de la recién nacida.
Más del 50% de denuncias han sido realizadas en las salas de emergencia de los hospitales donde ellas han acudido, son consideradas sospechosas de haberse provocado un aborto e inmediatamente denunciadas ante la Fiscalía y la Policía Nacional Civil que realiza su detención y son sometidas a prisión preventiva durante las primeras 24 horas que han acudido al hospital, de allí son trasladadas directamente a bartolinas de la policía y luego a centros penitenciarios para esperar el proceso judicial. Inicialmente son acusadas por aborto, pero posteriormente durante el transcurso del proceso judicial les cambian la tipificación del delito, acusándoles por homicidio agravado o por homicidio agravado en tentativa. Las condenan a 30 – 35 y 40 años de cárcel, y en los casos de tentativa de homicidio agravado (cuando la criatura ha sobrevivido) las condenas son de 15 años.
23 mujeres que han logrado por diferentes mecanismos recuperar su libertad, otras 23 que aún permanecen condenadas y 5 actualmente están en proceso judicial.
Movilización de la sociedad civil: La Agrupación Ciudadana junto a otras organizaciones feministas hemos documentado casos, presentado solicitudes de revisión de sentencia en algunos casos. Se continúa realizando litigio por casos individuales y se han presentado algunos casos a la CIDH en adhesión a la demanda de Manuela vrs. El Salvador, en conjunto con el Centro de Derechos Reproductivos.
Lanzada la campaña LIBERTAD PARA LAS 17, NO DEJEMOS QUE SUS VIDAS SE MARCHITEN desde el 2014, en las que numerosas organizaciones locales, nacionales e internacionales han demandado su libertad ante las instancias estatales salvadoreñas. Además personas expertas internacionales han realizado estudios sobre análisis de algunos casos, poniendo en evidencia el tipo de complicación obstétrica de que se ha tratado y porque éstos casos corresponden al ámbito de la salud pública y no deberían judicializarse.
Respuesta del Estado:
● En las solicitudes de 17 indultos únicamente dos fueron aprobados por la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa, argumentando razones de equidad y de justicia, pero negándolo a las otras 15 mujeres que sufrieron situaciones similares.
● Se ha conseguido que 3 Tribunales de Sentencia reconozcan error jurídico después de 7 años de cárcel, sin embargo no aprobaron reparación a ninguna por los daños causados.
● Se ha conseguido la conmutación de pena a 5 mujeres y a otras beneficios penitenciarios, mediante los cuales han logrado salir de la cárcel, pero con la condena vigente.
Medidas del Consenso de Montevideo involucradas:
● Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
● Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.
● Igualdad de género