El coronavirus llegó a Latinoamérica a fines de febrero. Ante una situación que plantea grandes interrogantes a distintas escalas, intentamos hacer un breve mapeo de la situación en nuestros países.
El escenario se torna cada vez más complicado. Mientras en China la situación parece haber comenzado a estabilizarse, países como Estados Unidos, España e Italia no han podido controlar el avance del coronavirus. En Latinoamérica las cosas no están mejor, con números de infectados que trepan día tras día.
Paraguay fue el primer país en América del Sur en tomar las medidas de aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, y casi todos siguieron sus pasos. En Argentina, hasta el 31 de marzo el gobierno nacional ha dispuesto el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, pero se espera que la medida se extienda hasta entrado abril. En Perú se decretó Estado de Emergencia, se cerraron las fronteras y se establecieron 15 días de inmovilización social obligatoria, además la prohibición del libre tránsito de personas entre las 20.00 y las 5.00hs. En Uruguay el gobierno no ha decretado la cuarentena obligatoria y ha dado mensajes contradictorios desde distintos sectores, pero se cancelaron hasta nuevo aviso todos los espectáculos públicos, las instituciones educativas suspendieron las clases y algunas empresas u organizaciones se trasladaron al mundo online.
En Brasil, por otro lado, no se tomó aún ningún tipo de medidas. El presidente Jair Bolsonaro afirmó que la epidemia del coronavirus “es una fantasía creada por los medios” y, en una entrevista, expresó: “La gente va a morir, lo lamento. Pero no podemos crear ese clima: perjudica a la economía”.
Un impacto desigual
Ni bien se diagnosticaron los primeros casos, muchas personas salieron desesperadas a comprar más papel higiénico y agua del que iban a necesitar en meses, demostrando una actitud completamente egoísta y desinformada.
Poco a poco se empezaron a escuchar otras preguntas y cuestionamientos que ponen en el centro del debate a quienes están por fuera del sistema, a quienes no tienen acceso a la vivienda y por ende no pueden cumplir los mandatos de aislamiento e higiene, a quienes trabajan de manera informal, en situación precaria y que dependen de salir para poder generar ingresos, a quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas, a quienes se encuentran en centros de privación de libertad. La situación de desprotección y vulnerabilidad que atraviesan no es nueva, es estructural y, en la mayoría de los casos, no está siendo contemplada en los planes trazados por los equipos de especialistas que se reúnen ante la emergencia de la pandemia ni en las medidas tomadas por los gobiernos que no tienen en cuenta la desigual distribución de los cuidados en condiciones “normales” y que se ve agudizada en esta situación de emergencia. “Uno de los principales desafíos que nos deja esta crisis es reconocer la vulnerabilidad como un principio fundamental de lo social y, en consecuencia, institucionalizar una economía cuyo eje sea la vida y no la acumulación” señala Natalia Quiroga Díaz en “Coronavirus y economía: cuando el cuidado está en crisis”.
Hasta el momento de cerrar esta nota, el gobierno uruguayo no mencionó la cantidad de personas que está quedando sin trabajo (no hay números oficiales; el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -MTSS- habló de “miles” de envíos a seguro de paro), pero elaboró un decreto para flexibilizar los envíos al seguro de desempleo en los sectores de la actividad privada que, según definió, se ven más afectados: comercios, servicios turísticos y restaurantes. No se tomó en cuenta al sector de trabajadoras domésticas, ni a las personas que trabajan free-lance, ni a artistas, profesores/as particulares, feriantes, trabajadoras sexuales, cuidadoras y demás personas que ven su trabajo más precarizado que nunca.
En Perú la única medida tomada en este sentido es la aprobación de un bono excepcional de 380 soles (110 dólares) para cada familia que se encuentre en situación vulnerable. Las redes feministas están exigiendo que esos bonos sean para mujeres, por ser las más precarizadas y las que históricamente quienes se ocupan de los cuidados de sus familias.
En Argentina, tras varios anuncios de medidas destinadas a paliar los efectos de la pandemia para grandes y medianas empresas, finalmente comunicaron que se dispondrá para trabajadores/as informales y monotributistas de un pago único de 10.000 pesos (155 dólares), entre otras medidas que incluyen exenciones y prórrogas de distinto alcance. Los ministros de Economía y Trabajo indicaron que ese pago será extraordinario para familias sin otros ingresos, a excepción de la Asignación Universal por Hijo, y que se abonará en abril pero podría repetirse si la cuarentena se extiende. En los próximos días podremos conocer la utilidad efectiva de estos anuncios, en un país donde, según cálculos de la Universidad Católica Argentina, el 30% de las familias dependen de la economía informal, y el 35% de la población económicamente activa no tiene la capacidad de interrumpir sus tareas sin perder sus ingresos.
VIOLENCIA DE GÉNERO: más peligro durante la cuarentena
La cuarentena no solo trae consecuencias económicas: es necesario brindar respuestas para quienes deben aislarse en hogares donde conviven con parejas y/o familiares violentos. Para mujeres y niñeces, el aislamiento puede ser aún más riesgoso que la emergencia sanitaria.
“Para las mujeres maltratadas que se van a quedar en casa con sus agresores, ¿qué protocolo se va a practicar?”, preguntó la periodista Noelia F. Aceituno durante el anuncio de aislamiento social en Paraguay. Euclides Acevedo, ministro del Interior, respondió: “El Ministerio del Interior tiene una dirección sobre violencia doméstica familiar. Obviamente que nosotros, cuando en una familia que está aislada una persona golpea a otra –la mujer le puede pegar al marido también, no es solamente del hombre a la mujer–, y eso se denuncia, automáticamente se lo saca y se lo aísla. O sea, doble aislamiento: ‘Si jodés, te aíslo del mundo y te aíslo de tu familia’. En el Ministerio trabajamos con la fiscalía, ante una denuncia: ‘¡del hopo, fuera!’”.
Todos rieron en la conferencia, incluyendo los periodistas. Días después, la Dirección de Relaciones Públicas de la Policía Nacional Paraguaya informó que, efectivamente, los casos de denuncia por violencia familiar habían aumentado, mientras que los demás crímenes habían disminuido.
En Uruguay, el gobierno también minimizó la violencia de género y el presidente Luis Lacalle Pou incluso catalogó a los feminicidios como “un efecto colateral” del aislamiento. El 23 de marzo, el mandatario dio una conferencia de prensa para informar sobre la situación sanitaria en el país y, al finalizar, una periodista le pidió la palabra, a la que él accedió con la frase «si me lo pedís así», lo que ya demuestra una posición machista e irrespetuosa. Cuando ella le consultó por los 4 feminicidios ocurridos en 10 días de marzo, Lacalle Pou le respondió que estos asesinatos «lamentablemente, son un efecto colateral del confinamiento. Aislamiento total, confinamiento en los hogares, ahí se dan cuenta de que el gobierno debe encontrar un punto de equilibrio que a veces no es fácil. Pero hay que poner en la balanza».[1]
En el caso de Argentina, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (de reciente creación), señala que las vías habituales de atención a víctimas de violencia de género[2] siguen brindando asesoramiento y contención. Pese a esto, en momentos donde las restricciones potencian las situaciones de peligro, las redes feministas son aún más necesarias. El distanciamiento social no se debe traducir en falta de empatía y aislamiento, y es más fundamental que nunca sostener y reforzar las redes.
En Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de Perú (Endes 2018), el 63% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia por parte de sus convivientes o parejas. A su vez, el 60% de las agresiones sexuales son perpetradas en el hogar de la víctima, según el Ministerio de la Mujer. Para Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán –integrante de la AFM-, “una situación de emergencia como la que vivimos en el Perú genera estrés, que en los agresores deriva en una mayor expresión de violencia contra quienes consideran sus subordinadas: en este caso, las mujeres. El aislamiento puede recrudecer no solamente la violencia física, sino también la psicológica. Los agresores generalmente están en los entornos más cercanos y esto puede exponer a las mujeres”. (Wayka /17 de marzo 2020). A esto se suma que el sistema estatal peruano corrupto y machista obstaculiza y re-victimiza muchas veces a miles de mujeres y niñas que van en búsqueda de justicia y protección.
Pese al estado de aislamiento social obligatorio y cierre de la mayoría de instituciones del Estado, el Ministerio de la Mujer de Perú informó que seguirán habilitados diversos canales[3], que deberán garantizar la correcta, oportuna y diligente atención a las decenas de mujeres y niñas que hoy en día viven con sus agresores. “Estaremos alertas y vigilantes al actuar de las autoridades. Hacemos un llamado a todas las autoridades para que actúen responsablemente, protegiendo a la diversidad de mujeres, a la población LGBTIQ+, a la población indígena y afrodescendiente frente a la violencia machista y racista”, indicó Meléndez. Frente al estado de emergencia en el país, diversas colectivas, organizaciones y feministas independientes se encuentran trabajando en la creación de redes solidarias con el objetivo de auto cuidarse y denunciar las diversas formas de violencia contra las mujeres en este periodo de aislamiento. “Hacemos un llamado a las feministas, mujeres, ciudadanas, a desarrollar redes solidarias distritales y barriales que puedan autocuidarnos en esta crisis; así como a promover que las medidas de aislamiento se cumplan”, exhortó Meléndez.
¿Cómo afecta el coronavirus a las trabajadoras domésticas?
Las trabajadoras domésticas están en la primera línea de riesgo para contraer el virus. Si permanecen trabajando, se pone en riesgo en el transporte público y puede poner el riesgo a quienes hacen cuarentena tanto en la casa donde trabaja como en su propia casa. Por otro lado, quedarse en casa pone en riesgo la comida diaria: a muchas, sus empleadoras/es les piden que no vayan a trabajar, pero no les pagan. Asimismo, a muchas trabajadoras domésticas se les ha exigido realizar la cuarentena en el lugar de trabajo y se les prohíbe salir.
En Paraguay el trabajo doméstico es el tercer sector que más mujeres emplea. “Muchas de las trabajadoras domésticas realmente están sintiendo en sus mesas familiares el efecto de la cuarentena” denuncian los sindicatos del sector en ese país. En Argentina, el trabajo doméstico es uno de los más precarizados de toda la economía: el 76% de las trabajadoras no está registrada, por lo que no reciben vacaciones pagas, aguinaldo ni cobertura de salud. Ante el reclamo de distintas organizaciones que integran la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el gobierno argentino estableció que las trabajadoras accedan a las licencias con goce de sueldo al igual que el resto de los trabajadores pero, conociendo la realidad del sector, la gran mayoría dependerá, al final del día, de las decisiones de sus empleadores. En Uruguay, el trabajo doméstico también es de los sectores con más informalidad. Los sindicatos denuncian que muchas fueron despedidas y, quienes no estaban en caja o no llegan a cubrir los jornales suficientes para percibir el seguro de paro, quedaron desamparadas.
Redes sociales y feministas
En Argentina, mientras se espera que el alivio económico que propone el gobierno de Alberto Fernández llegue efectivamente a quienes están padeciendo más la emergencia, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina lanzó una colecta nacional solidaria, de dinero y de alimentos, para que las trabajadoras sexuales puedan contar con un fondo de emergencia, ya que su trabajo no es reconocido como tal. Las F.U.E.G.A.S. (Feministas Unidas Elaborando Gastronomía y Afines en Sororidad) proponen sostener la economía popular sin desconocer la situación sanitaria actual e invitan a una Feria Virtual de productos. En Uruguay las redes sociales se están usando para hacer un listado solidario de trabajadorxs independientes y un grupo de psicogerontólogos de la Universidad de la República (UdelaR) se puso a disposición para ayudar con compras a las personas que componen la población de riesgo. También surgieron decenas de ollas solidarias y puntos de colecta de alimentos y productos de higiene.
En los grupos de WhatsApp se comparten recaudos para evitar contagios pero también circulan teléfonos de centros de salud, recomendaciones y sugerencias para cuidar la salud mental en aislamiento, kits de cuarentena feminista con libros de reconocidas autoras, entre incontables materiales y recursos de todo tipo para afrontar de la mejor manera el confinamiento.
Estos son solo algunos ejemplos que dan cuenta de cómo las crisis dan lugar a la creación de redes solidarias y respuestas colectivas.
COMUNICADOS
Compartimos algunos de los posicionamientos ante esta situación de crisis sanitaria global por parte de algunas de las organizaciones que integran la Articulación Feminista Marcosur:
– Comunicado Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
– Comunicado de CISCSA
– Comunicado de la Intersocial Feminista, integrada por Cotidiano Mujer
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[1] En Uruguay: la línea gratuita 0800 4141 (o *4141 desde el celular) continúa funcionando para denunciar situaciones de violencia de género. Aquí está el listado de las Comuna Mujer en Montevideo, que brindan un servicio de atención psicosocial y asesoramiento jurídico gratuito.
[2] En Argentina: la línea 144, gratuita, continúa recibiendo llamados desde cualquier lugar del país, para brindar contención, información y asesoramiento, las 24hs, los 365 días al año.
[3] En Perú: la línea 100, gratuita, brinda asesoría legal y psicológica. También los Centros de Emergencia Mujer en las comisarías a nivel nacional y los Hogares de Refugio Temporales para la atención de las víctimas de violencia.