A 200 años de la declaración de la independencia del Perú, llega al mando del país un maestro rural, de origen andino profundo, sindicalista y representante de aquel país excluido por la historia. Aunque, según declaraciones del presidente, con él no se garantizarían los derechos de las mujeres ni de la comunidad LGBTIQ+.
Por Flora Tristán (integrante de la AFM)
El Perú ya tiene presidente. Después de una larga, tensa y dilatada espera, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) promulgó al profesor Pedro Castillo, quien se convirtió en el presidente del Bicentenario del Perú. Un hecho histórico que pone fin a una seguidilla de gobiernos de derecha y que golpea fuertemente a una sociedad clasista, racista y centralista.
Castillo llega al cargo más importante en una nación con profundas heridas y enormes brechas sociales. Llega como símbolo de una verdadera liberación de años de opresión.
Con él llega también un partido conservador que no integra en su agenda políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBTIQ+, avances en los derechos de las mujeres y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Es deber del movimiento feminista estar alerta, mantenerse vigilante y no aceptar ningún retroceso. ¡Demandamos al nuevo Gobierno respetar lo derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes! Garantizar la entrega del Kit de Emergencia, el acceso a métodos anticonceptivos, el acceso al aborto terapéutico y la implementación de la ESI son deberes del Estado.
Castillo se enfrenta a un país completamente dividido, a una población gravemente golpeada por años de corrupción, con políticos con insuficiente legitimidad y una terca clase económica que no permitirá que cambien las actuales fichas del juego, donde solo ganan unos pocos. Pero, principalmente, se enfrenta a un país que sobrevive a las consecuencias de la pandemia por coronavirus.
El nuevo gobierno tiene grandes tareas y graves asuntos que resolver. Y la sociedad peruana debe defender la democracia, que ha sufrido pero sigue viva y garantiza los derechos de toda la ciudadanía, la libertad de opinión, la independencia de los poderes y la vida de todas las personas.