Más de 8700 mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre enero y octubre de este año y, en menos de un mes, hubo cuatro violaciones colectivas (en Lima, Ica, Cusco y Ayacucho).
La violencia sexual es una de las formas de violencia de género que más se ha recrudecido durante la pandemia por el Covid-19, lo que demuestra el fracaso de las políticas públicas frente a este grave problema que despoja a miles de niñas, adolescentes y mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos y las coloca en un estado permanente de vulneración.
El abuso sexual es una de las expresiones del machismo que visibiliza cómo la violencia es utilizada como ejercicio del poder, convirtiendo a la víctima en un objeto, a través de un rito para la construcción de la masculinidad: de una masculinidad tóxica y completamente patriarcal.
“Los hombres no nacen agresores, el machismo es algo que se aprende. Eso es lo que se tiene que atacar, sin dejar de atender las otras dimensiones, como es la atención de las víctimas y la justicia. Urge trabajar en la prevención y en la educación con enfoque de género”, indicó Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, integrante de la Articulación Feminista Marcosur (AFM).
A esta alarmante situación se le suman las graves deficiencias en la atención a la salud sexual y reproductiva de las víctimas, a quienes el Estado les niega el acceso al aborto terapéutico (legal desde 1924), quitándoles el derecho a decidir sobre su cuerpo y sus vidas, obligándolas a llevar embarazos producto de agresión sexual.
Además, durante la emergencia sanitaria se han registrado cientos de casos de mujeres víctimas de violencia sexual que no recibieron el “Kit de Emergencia”, pese a que su repartición está normada en el Perú. El Kit contiene el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), fundamental para la protección de la salud de las víctimas.
También nos enfrentamos a la impunidad, a un sistema de justicia nacional corrupto y patriarcal, que protege y libera a los agresores y que olvida a las víctimas, quienes deben de pasar por una serie de procesos que las revictimiza y violenta.
A mí me gusta la vida social
La cultura de la violación en Perú mostró, en los últimos días, cómo está calada en la sociedad. Paul Muñoz, abogado de cinco jóvenes que presuntamente violaron a una mujer en una reunión, dijo en sus declaraciones a los medios de comunicación que a la víctima “le gustaba la vida social”, pretendiendo justificar el abuso, culpando a la mujer por reunirse con otras personas.
“A mí me gusta la vida social y eso no justifica que me violen” fue el mensaje que llenó las redes sociales. Nada justificará nunca una violación sexual. Desnuda, borracha, drogada en una fiesta o en mi casa, la culpa será siempre del agresor, nunca de la víctima. Tenemos derecho a vivir libres de todas las violencias. Tenemos derecho a denunciar sin que se nos culpabilice. «Ir a fiestas» no nos hace culpables de las agresiones que sufrimos.
“Declaraciones como la del abogado estigmatizan a las víctimas que, por estos comentarios, muchas veces no denuncian. El consentimiento de la mujer no se define por si luchó o no en el acto. Intentan colocar el tema del consentimiento en escenarios que no tienen ninguna lógica», expuso Meléndez.
La gran mayoría de los casos de violencia sexual quedan en la impunidad. No se le da prioridad al testimonio de la víctima y se buscan “pruebas” en escenarios donde muchas veces no hay testigos o una filmación del hecho. Somos un país de violadores, con una cultura de la violación que culpa a las víctimas, justifica a los agresores y los deja en la impunidad.