La violencia contra las mujeres no ha parado durante el estado de emergencia. Entre enero y setiembre del presente año se han registrado 91 feminicidios, 76 tentativas y más de 3.000 mujeres desaparecidas.
El Perú pasa por una crisis social, política, económica y sanitaria que coloca a las mujeres en el último escalón. Las disputas entre los distintos poderes del Estado, sumado al colapso de la salud pública por la pandemia por el Covid-19, deja a las mujeres en una situación de completa vulnerabilidad frente a una emergencia nacional: el machismo.
Entre enero y setiembre se han registrado 91 feminicidios y 76 tentativas, según los datos del el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Mimp. Además, la Defensoría del Pueblo informó que, de enero a agosto del 2020, más de 3.000 mujeres fueron reportadas como desaparecidas; 865 adultas y 2100 niñas y adolescentes. Es decir que, en promedio, 14 desapariciones son denunciadas por día.
La Defensoría también comunicó que, tras la flexibilización de restricciones a la movilización y con el retorno a diversas actividades productivas, se ha registrado un incremento constante en los últimos meses de mujeres desaparecidas, y demandó al Gobierno garantizar un abordaje eficaz y adecuado de este problema.
“Manifestamos la necesidad de implementar el portal y el registro de personas desaparecidas adecuados al D.L. 1428. El primero permitirá fortalecer y sistematizar las notas de alerta, brindar estadísticas de la situación del problema, sensibilizar a la población y dar a conocer los procedimientos ante este tipo de casos. El segundo posibilitará conocer la condición actual de las mujeres reportadas como desaparecidas y la posible relación de los hechos con otros delitos”, demandó la Defensoría del Pueblo.
Las mujeres necesitamos medidas urgentes y políticas públicas con enfoque de género que le hagan frente a la violencia de género. La emergencia sanitaria no puede ser argumento para desproteger la vida de miles de peruanas que a diario son acosadas, maltratadas, quemadas, violadas, desaparecidas y asesinadas. Es deber del Estado promover nuestro derecho a una vida digna, de garantizar una vida libre de todas las formas de violencia.