Respetar la voluntad de la ciudadanía peruana es una acción democrática. Las feministas rechazamos los intentos tendenciosos de declarar fraude en las elecciones, que se han llevado de manera limpia y transparente.
El Perú vive una crisis política con un escenario completamente polarizado. Las elecciones presidenciales han sacado a la luz las profundas desigualdades de la población y la necesidad de un grupo reducido de mantener el modelo económico que enriquece a los ricos y vulnera a las personas pobres.
Con el 100 % de las actas de votación contabilizadas por la Organización Nacional de Procesos Electorales (institución autónoma encargada del proceso electoral), el candidato Pedro Castillo quedó en la punta, con un 50.125%, seguido por Keiko Fujimori, con un 49.875%.
Sin embargo, pese a que las elecciones presidenciales han sido reconocidas por diferentes misiones internacionales como un proceso regular, la candidata perdedora afirma que existe un “fraude”. Un discurso alarmante y preocupante, que no solo debilita la democracia y pone en duda el trabajo de las instituciones electorales, sino que profundiza la polarización, lo que genera situaciones de riesgo y violencia en la población.
Grupos feministas, activistas, organizaciones de derechos humanos, colectivas y hasta la Defensoría del Pueblo han alertado que avivar las voces de un fraude sólo incrementa los discursos de odio, que se han ido profundizando durante la campaña política, y deslegitima el sistema electoral, lo que vulnera los principios fundamentales de la democracia.
La candidata Fujimori, en su desesperado intento por aferrarse al poder, mantener el status quo y garantizar el sistema económico (ya que tiene de su lado los grandes poderes económicos del país), ha presentado un recurso de nulidad de 802 actas, lo que colocó al país en una eterna crisis y estado de incertidumbre frente a quién será la persona que gobernará el territorio incaico.