Myrian González Vera es feminista y hace cerca de 30 años que trabaja por los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación. Aunque es comunicadora de formación, hace unos años que se ha volcado a la antropología. Es autora de numerosas publicaciones sobre memorias colectivas, género, violencia, cuidados y políticas públicas. Actualmente se ocupa de dar seguimiento a la violencia de género en el país, y redacta un capítulo anual para el Informe Derechos Humanos en Paraguay. Esta entrevista es una ampliación de la publicación original, con la periodista Cinthia López del diario ABC Color.
¿Cómo afectó el aislamiento obligatorio a las mujeres y niñas?
El inicio de la pandemia develó la precariedad de la atención en los casos de violencia de género hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Como en muchos otros aspectos de la vida, en el Paraguay lo que hace la pandemia es poner sobre la mesa la situación de precariedad de la respuesta pública.
Estamos acostumbradas a que existan muy poquitos servicios de atención para la prevención, atención y sanción de los casos de violencia de género. No es que se presentan otras características con la pandemia, sino que se desnuda una situación de total precariedad y total desinterés desde el Estado. En todo caso, la pandemia lo agrava.
¿Por qué?
Porque los pocos servicios de atención que existen están muy centralizados en Asunción y en algunas cabeceras departamentales. Esa es una de las primeras cuestiones que destacan en el contexto de coronavirus. ¿Cómo puede recibir ayuda una mujer en encierro cuando está lejos de los servicios?
¿Qué medidas ha tomado el Estado en general, el Ministerio de la mujer o la Fiscalía en este contexto?
Hasta donde tenemos información, lo que se hizo fue una campaña para visibilizar y concientizar o, mejor dicho, sensibilizar sobre la situación de violencia en las casas y en las familias en contexto de aislamiento. ¿Cuál fue la actuación? Decir: “Miren, pongamos los ojos aquí porque este aislamiento puede agravar la situación en las mujeres y niñas, principalmente en sus casas y familias”.
¿Hubo más casos de violencia?
Es muy, muy difícil cuantificar exactamente, con evidencias estadísticas. Pero sin dudas han crecido los números en el contexto de la cuarentena, no solo en Paraguay sino en toda la región.
Según datos del Ministerio Público, se advierte cierto aumento en las cifras de causas ingresadas por violencia familiar. En los cuatro primeros meses del año se reportaron 8.620 denuncias, más que el año anterior que contabilizó alrededor de 8.200 en el mismo periodo (enero a abril). No obstante, son números que no muestran la realidad. Si en situaciones de cierta normalidad ya es difícil denunciar los casos de violencia -por múltiples factores, pero por sobre todo por una cuestión cultural, que pesa muchísimo- en contexto de aislamiento, ¿cómo va a ser posible denunciar? ¡Es mucho más difícil! Entonces, otro aspecto que se agrava con la pandemia es la mayor dificultad en la posibilidad de denunciar.
Es importante aclarar que estos datos solo refieren a causas ingresadas al Ministerio Público por Violencia Familiar, maltratos físicos y psicológicos en el ámbito familiar, según establece el artículo 229 del Código Penal. A estos números hay que sumarles los casos de violaciones, amenazas, abusos sexuales y, por supuesto, los feminicidios.
¿Cuáles son los datos disponibles sobre abusos sexuales?
El Ministerio Público informó que hubo alrededor de 985 denuncias de casos de abuso sexual infantil ente enero y abril de este año. En 2019 se registraron 2.835 casos en todo el año, es decir, 7 casos por día. Este año el promedio subió a 8 casos por día. Reitero: a estos números hay que sumarle los casos no denunciados para dimensionar el grave problema que afecta a niñas, niños y adolescentes en Paraguay.
¿Cuáles son las medidas que el Estado podría tomar en este contexto de Covid-19?
Es difícil pensar que se pueden mejorar los servicios públicos de la noche a la mañana. Sin embargo, una manera de atacar el tema de la violencia hacia mujeres y niñas, bajar esos números tan escandalosos, es intervenir con servicios específicos en las instituciones que ya existen. Siempre pensé que las Unidades de Salud Familiar (USF) podrían incorporar el componente del derecho a vivir una vida libre de violencia y hacer el seguimiento de las familias, así como se hace con la hipertensión, desnutrición y otros problemas de salud; también en los hospitales y centros de salud, que están más cercanos a la población y existen en todo el país. Actualmente, cuando una persona sufre un caso de violencia familiar, piensa que solamente puede recurrir al Ministerio de la Mujer, a la Policía o al Juzgado de Paz.
Si nos preguntamos qué podría haber hecho el Estado, podemos decir que, en primer lugar, se precisa de una fuerte voluntad política para reconocer que la violencia de género, doméstica e intrafamiliar, es resultado de las profundas desigualdades históricas que sufren las mujeres.
En contexto de pandemia el desafío es grande: ¿Cómo detectar casos de violencia cuando se está ante el dilema de cuidarse del virus y quedarse en casa? Si ya es difícil denunciar, peor es en situaciones de aislamiento y encierro.
La pandemia no nos deja dudas de que la violencia pudo haber aumentado en este contexto pero, a su vez, dificultó la posibilidad de medirla. Hay que dimensionar que si ya previo a la cuarentena estabas todo el día con miedo, la pandemia hizo que ahora tu pareja esté 24 horas en la casa, por lo que la situación es mucho peor. La mujer que sufre violencia de género en su hogar vive en un continuo estado de miedo. Lo que ocurre muchas veces es que, para protegerse, las mujeres se encierran en sí mismas para evitar la ira de la pareja y se desgastan en su salud mental. Lo que vamos a tener en este contexto, probablemente, más que un aumento de denuncias, es un aumento del deterioro de la salud mental de las mujeres cuando termine la pandemia, por el aislamiento, por el encierro, por el callarse, por el aguantar, por el soportar. Esos son los aspectos que podemos mirar hacia el futuro: el Estado debería abordar un soporte a la atención de la salud mental de las mujeres.
En general, se tiene mucho cuidado de vincular la violencia hacia la mujer con la violencia que sufren las niñas y los niños. ¿Cómo ve esto?
Lo que hay que vincular es que la violencia que viven mujeres y niñas es una violencia que se da en distintos ámbitos y en el marco de relaciones distintas y desiguales (padres, pareja, novio, marido, concubino, etc.). El tipo de violencia más visible quizá sea la violencia familiar, pero hay otros tipos de violencia que también se dan por relaciones de poder desiguales, como las violaciones, los abusos sexuales y los feminicidios. Aunque muchas veces se quieren plantear como problemas diferentes, en realidad tienen una misma raíz: la de un sistema muy patriarcal, muy machista, que somete a las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres consideran que tienen el mandato sobre “sus” mujeres o “sus” niñas: pueden disponer de su cuerpo como mejor le parezca al hombre.
Por ejemplo, estos dos nuevos casos de maternidad forzada de niñas de 11 años es consecuencia de abusos sexuales silenciados en la casa, en la familia o en entorno más cercano de la niña. Los abusos sexuales y las maternidades forzadas son parte del mismo sistema que oprime a las mujeres y a las niñas.
Y el caso de los feminicidios, que muchas veces se quiere considerar como una cuestión de pleitos de pareja… Por suerte hoy, a la hora de informar, ya no dicen “crímenes pasionales”; dicen “feminicidio”. Sin embargo, al explicar las causas, en la noticias se coloca al hombre como “un ser humano incapaz de soportar la separación”, por ejemplo. Se carga la tinta en la conducta de la mujer, porque dejó al marido, porque decidió salirse de la casa, porque provocó al hombre en la calle, etc.
¿Qué le pareció la actuación del Ministerio de la Mujer durante este tiempo?
El Ministerio de la Mujer enfrenta una situación bastante compleja con respecto a su función. Por un lado, es cierto que, para poder mover cosas, mejorar, ampliar los servicios de atención, mejorar las campañas, etc., se necesita, en primer lugar, una voluntad política. Creo que existe, relativamente, en el Ministerio de la Mujer, que hizo como parte de su función o como parte de su rol, el poder dar visibilidad e interesarse por los asuntos de las mujeres desde una perspectiva de género. Pero eso, lastimosamente, muchísimas veces queda sólo en el discurso.
¿A qué se refiere?
A que queda en los planes y los programas escritos, pero no siempre se lleva a la práctica. La primera dificultad que tiene, a pesar de que considero que el Ministerio de la mujer tiene sensibilidad de hacer y trabajar desde una perspectiva de género, es un componente de voluntad política de reconocer que estas discriminaciones y desigualdades que sufren las mujeres tienen una raíz cultural patriarcal. Lo segundo es que muchas de sus acciones quedan en el discurso, en las normas escritas, en los documentos. No llegan a plasmarse en acciones concretas en la práctica. Pero eso también tiene que ver con algo muy importante que hay que decir del Ministerio de la Mujer: no tiene recursos. Como es una entidad rectora, no tiene presupuesto para llevar adelante políticas de gran envergadura. Además, para 2020 se les recortó el presupuesto.
Enfrentar la desigualdad de género en el Paraguay precisa de recursos para ampliar los pocos servicios que se tienen. Si hablamos de violencia de género, tenemos solo una oficina especializada en casos de violencia. No existe en otro lugar. El Ministerio de la Mujer tiene 6 filiales en todo el país, un territorio con más de 250 ciudades. Es poco lo que se le puede exigir a un ministerio cuando su presupuesto es exiguo. Pero todo esto se puede revertir si se tuviera desde el Estado un compromiso ético y político con respecto a la erradicación de la desigualdad de género, sin tener miedo a todos estos ataques oscurantistas que existen hoy con respecto a demonizar la mirada de género. Me refiero a sectores que dicen, por ejemplo, que el género es una ideología que busca eliminar las familias, la población, que busca romper la tradición, y tantos disparates que no tienen ancla en el sentido común. Los derechos y la igualdad para todas las personas no deberían ser motivo de discusión en este Siglo XXI, pero lastimosamente todavía la pelean.