Los grandes incendios del Brasil también se replicaron en Paraguay y las mujeres organizadas muestran preocupación por las personas indígenas no contactadas.
En Paraguay, en el Chaco y en la frontera de Brasil y Bolivia viven indígenas en aislamiento voluntario. Los Totobiego sode serían los últimos silvícolas no contactados. Se supo de su existencia a través de los ayoreos -sus parientes- cuando salieron de los bosques hace 24 años para vivir en la zona de Puerto Casado (el Chaco).
Las mujeres indígenas analizaron la situación de los diferentes pueblos e identificaron las dificultades que impiden su desarrollo y una mejor calidad de vida, en el marco de la Jornada de Formación Intercultural de Mujeres Indígenas de la región oriental, que tuvo lugar los días 12 y 13 de setiembre en Asunción. El encuentro fue convocado por la articulación de Mujeres Indígenas de Paraguay (MIPY), en conjunto con el Centro de Documentación y Estudios (CDE) y la Articulación Feminista Marcosur (AFM). Contó con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo para la Igualdad de Género (FIG) de ONU Mujeres.
En la mañana del viernes 13 las mujeres entregaron un documento a las autoridades del Ministerio de la Mujer, del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y a Ana María Allen, presidenta del Instituto Nacional del Indígena (INDI). Soraya Bello, del IPA; Ladislaa Alcaráz y Sonia Ávalos, de la Secretaría de Políticas Lingüisticas; y Lidia Arellano y Princesa Lezcano, del Ministerio de la Mujer, recibieron copias del texto que recuerda principalmente la lucha de las mujeres por la tierra, el territorio, la artesanía y la cultura indígena.
El documento denuncia, entre otras cosas, que “los pueblos que viven en aislamiento voluntario corren peligro de muerte cada vez más fuerte a causa de la deforestación, a lo que se suman los grandes incendios que afectan su territorio”.
“Miles de familias indígenas se enfrentan cada vez con mayor dificultad a la enorme presión por la expansión de la soja y la ganadería, que deriva en la deforestación de nuestros bosques y esto, a su vez, implica la pérdida de seguridad alimentaria, de materia prima para las artesanías, de nuestras medicinas ancestrales, de la cultura y nuestra espiritualidad y del derecho a vivir en un hábitat saludable”, dice el texto. “Las familias siguen peleando por la devolución de sus territorios, como el caso de la comunidad Tekoha Sauce, y los pueblos enfrentan una enorme burocracia para la transferencia y titulación de tierras, lo que da oportunidad a que capitales extranjeros se apropien de esos territorios mediante la corrupción estatal”.
Salud, educación y soberanía alimentaria
Por otro lado, las mujeres señalaron la necesidad de prestar atención a la educación y a la salud indígena desde el Estado: “El bajo nivel de escolarización por falta de escuelas y colegios, por falta de caminos de todo tiempo y por el alto costo de las universidades trae como consecuencia niños, niñas y jóvenes desocupados, sin acceso a empleo y cada vez más expuestos al uso de drogas y otras situaciones que ponen en peligro a las familias”.
“Todas estas falencias y falta de oportunidades generan desplazamiento forzado ya que, en búsqueda de educación, salud, empleos en los que se exponen a explotación, los miembros de las comunidades terminan estableciéndose en otro lugar de manera definitiva. Como consecuencia se amplían los cordones de pobreza urbanos”, añaden.
Las mujeres indígenas reclaman que el gobierno, a través de los diferentes ministerios y otros entes estatales, trabajen en la aplicación de la Ley Nº 3231/07, “De Educación Escolar Indígena”, la Ley Nº 5469, “De la salud de los pueblos indígenas” y la Ley Nº 6279, “que establece la obligatoriedad de la incorporación en las instituciones públicas de personas pertenecientes a las comunidades indígenas”.
Otro punto de reclamo es la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas. Exigen rescatar y promocionar el conocimiento tradicional, medicinal y artesanal, que se encuentra en riesgo. Proponen hacerlo mediante capacitación técnica y planes de producción y distribución que garanticen la sostenibilidad de las comunidades y medios de vida propios.
También piden que las secretarías de atención a pueblos indígenas de las gobernaciones trabajen en relevar datos sobre la situación integral de las comunidades y garanticen que los pueblos tengan una persona promotora de salud, preferiblemente miembro de la comunidad. Gran parte de la población rural muere a causa de enfermedades prevenibles, por lo que es necesario otorgarles medios de atención integral.