Las personas campesinas condenadas injustamente por la masacre que sirvió para la destitución de Fernando Lugo en 2012 quedaron libres después de seis años de lucha de organizaciones sociales y feministas. Los jueces que firmaron su libertad están siendo perseguidos por la Fiscalía General del Estado.
Con la anulación de la sentencia y la absolución definitiva de las campesinas y los campesinos injustamente condenados a penas privativas de libertad de 4 a 35 años tras la masacre de Marina Kue, Paraguay alcanzó un hito para la Justicia. Entre las once personas condenadas se encontraban Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López, tres mujeres que fueron encarceladas por el mero hecho de estar en el lugar.
Días después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara la sentencia, la Fiscalía General del Estado formuló una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para los tres camaristas que firmaron la decisión: Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto.
Caso de Curuguaty
El Caso de Curugaty, ocurrido el 15 de junio de 2012, fue una masacre llevada a cabo en las tierras públicas conocidas como Marina Kue, en la que perdieron la vida 11 campesinos y seis policías. El caso condujo a un juicio político que terminó con la destitución del presidente Fernando Lugo, tras otros 23 intentos de los sectores más conservadores de Paraguay de sacarlo del poder.
Diversas organizaciones sociales han realizado acciones en Paraguay y en el mundo por la libertad de los campesinos y las campesinas. Una de las iniciativas más conocidas fue “Somos Observadores”, una campaña que movilizó a miles de personas en diferentes partes del mundo para sumarse a observar el proceso judicial amañado que no investigaba todas las muertes y que ofrecía pruebas absurdas en el proceso.