Más de 2.000 familias corren riesgo de ser desalojadas por decisión de la Justicia, que nuevamente decide priorizar la propiedad privada antes que el derecho al acceso a la vivienda.
Las primeras vecinas y vecinos llegaron a mediados de julio, empujadas por la crisis económica que profundizó la pandemia. Sin trabajo y con una economía detenida, no pudieron afrontar el alquiler y fueron desalojadas, pese a que, según establece el decreto 320/2020, hasta el 30 de septiembre no se podía desalojar a quien no pudiera pagar el alquiler.
Así nació la toma de Guernica, en un campo sin alambrado, abandonado desde hace más de 40 años, y se convirtió en la mayor toma de tierras en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Actualmente subsisten unas 10.000 personas, aproximadamente, en ese predio de 100 hectáreas, lindante al barrio privado “BC & Club San Cirano”, ubicado en el Partido Presidente Perón, al sur del conurbano bonaerense.
Las familias han logrado conectar servicios, conformaron distintos barrios (Ferroviaria, La Unión, Expansión S/N, San Martín Expansión, 20 de Julio y San Martín) y se organizan en asambleas. Las estructuras en las que viven son muy precarias, armadas a partir de lonas y cartones, ya que la policía les retiene todo cuando intentan ingresar materiales para construir.
En ese contexto tan difícil, las vecinas y vecinos se organizan y sueñan: “Queremos un plan de viviendas, donde podamos pensar un barrio de progreso. Nuestra proyección es construir espacios verdes, salitas, espacios de recreación, jardín de infantes, un centro cultural con apoyo escolar, merendero, comedor y actividades culturales”, señala Yamila, una vecina entrevistada por ANRed.
Miles de familias en riesgo
En los primeros días de septiembre, la Justicia ordenó el desalojo del predio y estableció que el procedimiento debe realizarse en horario diurno “desde que salga hasta que se ponga el sol, no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”. Las/os camaristas Raúl Dalto, Miriam Ermili y María Silvia Oyhamburu (Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal) confirmaron el fallo del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, y ordenaron “el allanamiento para efectivizar el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”. Días después, la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, expresó que “no hay nada que negociar, porque hay una orden de desalojo” y que “las tierras son privadas y una empresa estaba haciendo un desarrollo”. Por ahora, pareciera que el “desarrollo” que se estaba planificando era la extensión de canchas de rugby del barrio privado adyacente.
Por su parte, el gobierno bonaerense convocó a una mesa de diálogo, en la que participaron delegados de la toma y representantes de distintas áreas de la administración provincial. Pero no ofrecieron soluciones certeras para las familias que, de concretarse el desalojo entre el 23 y 25 de septiembre, quedarán una vez más sin tener a dónde ir.
La crisis habitacional en Argentina no es nueva. En 2019 se registraron 140 tomas por mes, pero se ha profundizado desde marzo hasta ahora. El desempleo creció y se deterioró aún más el salario. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implementó el Gobierno Nacional para ayudar a enfrentar la crisis llegó a 9 millones de personas, que en gran medida destinaron esos fondos al pago de alquileres informales. Mujeres y disidencias son, una vez más, quienes más sufren los embates de la crisis económica y la falta de vivienda, teniendo más dificultades para alquilar y menos acceso a la propiedad de la tierra.
Las mujeres de la toma son jefas de hogar, madres solteras, trabajadoras de casas particulares que se quedaron sin trabajo (porque sus empleadores simplemente decidieron no seguir pagando sus salarios), algunas cuyos compañeros también se quedaron desempleados o ya lo estaban. “Nosotras, sin embargo, no bajamos los brazos. Vimos durante estos años la fuerza que cobró el movimiento de mujeres que salió a las calles en defensa de sus derechos, contra la violencia de género, peleando por una vida sin miedo, una vida digna, una vida que merezca ser vivida. ¿Saben, señoras ministras? Esa es la consigna que más fuertemente levantamos quienes estamos acá”, precisaron en una carta que le enviaron a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, quienes encabezan el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en Nación y provincia de Buenos Aires respectivamente. Luego de esa carta, se acercaron a la toma de Guernica compañeras de distintos movimientos y organizaciones feministas y, a partir del encuentro, lanzaron la campaña “#NiUnaMenos Sin Vivienda, No al desalojo en Guernica” para visibilizar la situación y reclamar por respuestas y soluciones por parte del gobierno.
En medio de esta situación global sin precedentes, que ha puesto como nunca antes el problema del acceso a la vivienda en el centro de la discusión, no deja de sorprender cómo el derecho a la propiedad privada siempre prevalece por sobre el derecho a la vida digna.