Un Tribunal de Mujeres pondrá sobre el tapete los impactos del sistema capitalista, extractivista, colonial y patriarcal, sobre la vida, los cuerpos y los territorios de mujeres panamazónicas y andinas de diferentes países de América Latina y el Caribe.
Este será un espacio ético político de justicia simbólica que se realizará en el marco del VIII Foro Social Panamazónico para contribuir a la exigibilidad de los derechos de las mujeres afectadas.
El Tribunal sacará de la invisibilidad las resistencias, luchas y propuestas de las mujeres en defensa de sus territorios y bienes naturales como el agua y los bosques, y evidenciará el patrón de vulneración de sus derechos por parte del actual modelo hegemónico que organiza la economía, y las relaciones desiguales de género.
El capitalismo extractivista, el colonialismo y el patriarcado forman un sistema de opresión que impacta a los pueblos indígenas, pero de un modo diferente a las mujeres trayendo como consecuencia mayor desigualdad, pobreza, exclusión y violencia en múltiples manifestaciones.
Las demandas que llevarán las mujeres panamazónicas y andinas se articulan en torno a 5 ejes: violencia contra las mujeres y criminalización de la protesta, soberanía alimentaria, gestión del territorio, identidad indígena y diversidad cultural.
Esta iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Articulación Feminista Marcosur que agrupa a organizaciones de 09 países, por el Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático, y el convenio conformado por el Centro Flora Tristán, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Demus.
El Tribunal Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas Andinas se realizará los días 29 y 30 de abril de 6.00pm a 9.00pm en la ciudad de la selva central peruana, Tarapoto, en el marco de la octava edición del Foro Social Panamazónico (FOSPA).
Las tres juezas del tribunal serán la docente universitaria coordinadora del grupo de investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil, Rita Segato; la abogada especialista en derechos humanos integrante del Comité de Expertas de CEDAW, Gladys Acosta; la lideresa indígena amazónica del pueblo yanesha, Teresita Antazú, y la representante de la Articulación Feminista Marcosur, la activista Lilian Celiberti.
Casos a ser testimoniados en el Tribunal:
Brasil
La construcción del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en el río Xingú, región de Altamira (Estado de Pará), ha desplazado a miles de familias de sus territorios, generado exterminio cultural, destrucción de ecosistemas y modos de vida tradicionales, e incrementado las violencias hacia las mujeres, siendo una de ellas la explotación sexual de niñas y adolescentes. Las organizaciones de mujeres fueron las primeras en denunciar las irreparables consecuencias que el proyecto tendría en la vida de las poblaciones y se mantuvieron en pie de lucha desde 1970. Pero los gobiernos y empresas constructoras arrasaron con los derechos individuales y colectivos e impusieron el proyecto que fue inaugurado en el 2016 en medio de probadas denuncias de corrupción.
Ecuador
Mujeres y niñas del pueblo shuar, junto con sus familias, fueron obligadas a abandonar sus territorios por las fuerzas del orden tras la declaración en el 2016 del estado de excepción en las comunidades de TsuinTsuim y San Carlos de Limón (cantón San Juan Bosco, provincia Morona Santiago) por parte del gobierno. El objetivo de la militarización es la explotación minera a cielo abierto durante 25 años de oro, cobre y molibdeno por la empresa San Carlos Panantza, filial de la compañía china Tongling Nonferrous Metal Groups y CRCC. Las mujeres han sido privadas de sus medios de vida y forzadas a desplazamientos sin que hasta la actualidad se haya atendido su derecho a un retorno voluntario, seguro y digno.
Chile
Una mujer de la comunidad mapuche Ahuidanche, fue víctima en octubre del 2016 de tratos crueles, inhumanos y degradantes al ser obligada a dar a luz en un centro público de salud con los tobillos engrillados a la camilla y ante la presencia de dos efectivos del orden, un contexto además de graves riegos a su salud tras padecer una preeclampsia no atendida oportunamente. Los derechos a la dignidad e integridad de Lorenza Cayuhan Llebul fueron vulnerados, al igual que sus derechos reproductivos. Su condición de detenida en un penal y de mujer indígena agravan las vulneraciones vividas por Lorenza por responsabilidad de agentes estatales.
Perú
El proyecto de construcción de la Línea de Transmisión 220 kv Moyobamba – Iquitos y de subestaciones e instalaciones complementarias, es una amenaza latente para las comunidades nativas de 14 distritos y 6 provincias ubicadas en 586.5 kilómetros de la Amazonía. El gobierno y empresas internacionales lo vienen impulsando sin consulta previa a los pueblos, pese a que causaría irreparables daños ambientales y sociales con graves impactos en las poblaciones, especialmente las ubicadas en las riberas de los ríos Pastaza (Kandozi), Nucuray (Kandozi), Bajo Marañón (Kandozi, Quechua), Urituyacu (Kokama-Kukamiria) y Patoyacu (Urarina). En ese contexto las mujeres, niñas y adolescentes resultan expuestas a mayor violencia sexual, trata, embarazos forzados, vulnerándose sus derechos humanos.
Casos emblemáticos
Berta Isabel Cáceres Flores – Honduras
Lideresa indígena lenca y feminista, fue asesinada en su vivienda en marzo de 2016 debido a su defensa de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas. Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), había liderado una movilización para impedir la presa de Agua Zarca que afectaría al río Gualcarque, vital para asegurar la vida de los pueblos. Logró que se retiraran los capitales extranjeros quedando a cargo la empresa Desarrollos Energéticos SA, la que fue responsabilizada por el asesinato. El proceso a siete detenidos se encuentra en su fase final, pero sin haberse identificado a los autores intelectuales del crimen de esta defensora de derechos de las mujeres y sus territorios.
Máxima Acuña de Chaupe
Comunera cajamarquina de la sierra norte peruana (Tragadero Grande, Sorochuco, Cajamarca). Desde el 2011 defiende sus tierras del consorcio minero Yanacocha que la acosa para desalojarla y explotar el oro del subsuelo. Agentes de seguridad privados y efectivos policiales públicos han venido hostigándola a ella y su familia en forma sistemática. Inclusive la empresa ha promovido su desprestigio en la comunidad culpándola de la falta de trabajo y alentado el machismo al ridiculizar la inacción masculina. La empresa dice ser propietaria del terreno de Tragadero Grande ubicado a 4,000 msnm y la denunció por usurpación agravada, delito del que fue absuelta judicialmente. Sin embargo el acoso, intimidación y amenazas hacia Máxima y su familia persisten.
Con la intención de promover una participación inclusiva en el VIII FOSPA, que se realizará en Tarapoto, Brasil, se organizará la posibilidad de comunicarse a distancia via Skype para quienes no puedan llegar.