La (in)Justicia uruguaya puso en riesgo a una niña de 5 años víctima de abuso, con un fallo que pretendía enviarla de vuelta a su país de origen -España-, donde se encuentra su padre acusado de abuso sexual y violencia doméstica. Una campaña impulsada por organizaciones feministas dio la voz de alerta y toda la sociedad se sumó al rechazo de la decisión judicial. A raíz de estas manifestaciones, la Suprema Corte de Justicia aceptó un recurso de revisión del caso, por lo que el viaje quedó suspendido.
En abril del año pasado, María y su hija de cinco años viajaron desde España para pasar unas vacaciones en Uruguay, donde reside parte de su familia. Lo que iba a ser un viaje de placer se tornó una pesadilla: la niña comenzó a mostrar comportamientos extraños, por lo que María la llevó a dos psicólogas especializadas que confirmaron lo temido. Su hija había sido abusada sexualmente por su padre.
Ante estas pruebas, María decidió no retornar a España. El padre de la niña, enterado de la situación, la denunció por sustracción de la menor y la amenazó por distintas vías. Incluso creó una página en Facebook, exponiendo el nombre de la niña, para pedir apoyo ante el “secuestro” de su hija.
A raíz de las amenazas, la Justicia uruguaya les brindó custodia policial a María y su hija. Esta misma Justicia, sin embargo, decidió a fines de 2016 que la niña tenía que volver a España. Se pusieron algunas condiciones: una vez que llegaran a Europa el padre no podía acercárseles en un radio de 500 metros, la denuncia penal que el hombre había presentado contra María tenía que ser retirada y la madre de la niña tendría la tenencia provisional. El plazo legal para efectivizar el reintegro era de 30 días, pero se venció luego de que el padre asegurara que no cumpliría las medidas ante la Justicia española. El juzgado español hizo un cambio de titularidad y la nueva jueza pidió el reintegro de la niña en agosto, a pesar de que el plazo estaba vencido y de que había informes de perito forense que recomendaban la permanencia de la madre y la niña en Uruguay. En los últimos días de setiembre de 2017, la jueza uruguaya reiteró la orden de que la niña volviera a España.
La decisión fue tomada luego de que madre e hija fueran analizadas por profesionales en psicología, psiquiatría y asistencia social. El informe de la perito forense demostró que la niña “a través del juego expresa miedos a la figura masculina que representa un rol paterno ausente o agresivo. La figura materna aparece como un importante referente para la niña, que la ayuda y la continenta. Teme que su padre las separe y ubica a [María] en un rol salvador y reasegurador. La niña ha sido espectadora de situaciones de violencia doméstica y protagonista de conductas inadecuadas y violentas por parte de su padre.Queda de manifiesto en esta instancia pericial que le teme y no confía en él. Cuando se indaga más acerca de la situación, se hace caca, se angustia y deja de jugar”.
El mismo informe concluye que “tanto madre e hija han vivido situaciones de violencia doméstica en todas sus dimensiones por parte del Sr. Santos, con una escalada de la misma en los días posteriores a la separación”. Por esta razón, recomienda: “Pensamos en la conveniencia de la residencia en Uruguay para que madre e hija tomen distancia a la situación disfuncional y agresiva vivida y recobren la confianza perdida en un marco familiar continente y estable”.
A pesar de estas pruebas, la Justicia uruguaya dictaminó que la niña tenía que volver a su país de origen, lo que la revictimizaría y la condenaría a revivir las situaciones vividas de inseguridad, violencia y abuso. La indignación general no se hizo esperar: se convocó a una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia y se difundió la campaña online #MaríaNoSeVa, a la que adhirieron múltiples grupos feministas, defensores de los derechos de la niñez, organizaciones de la sociedad civil y miles de personas independientes. Incluso el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay -órganos del Estado- se manifestaron en contra de la decisión judicial.
Además de las campañas públicas, en los días previos a la fecha estipulada para el viaje se dio a conocer una entrevista con el abogado de la niña, el Dr. Walter Pristch. El archivo no fue difundido en su totalidad por el medio que la había realizado, pero el abogado pidió el material y se lo entregó al padre de la niña, quien lo publicó en su página de Faceboook.
Parte I:
Parte II:
María denunció lo hecho por el Defensor Público, por lo que el viaje a España quedó suspendido. Según el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, la denuncia de María era “verosímil” y se aceptó el recurso de revisión del caso.
Las comunicaciones que surgieron sobre este episodio se reunieron en la página de Facebook Todos por María y su hija, como una muestra más de apoyo. También se juntaron firmas a través de la plataforma Change.org y se emitieron comunicados desde la Intersocial Feminista, Amnistía internacional y el Comité de los Derechos del Niño/a de Uruguay, entre otros.