De las 18.481 personas que fueron reportadas como desaparecidas en 2020 en Perú, 11.828 (63%) eran mujeres y, de ellas, 62% niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. El machismo, la discriminación y la falta de información entre los operadores de justicia son algunos de los factores que obstruyen los procesos de búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas y el acceso a la justicia.
Así lo revela el informe Las mujeres que nos faltan. Recomendaciones al Estado para encontrarlas, realizado por Amnistía Internacional Perú y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán -integrante de la AFM-, en el marco de la Campaña Búscalas. El reporte, que ubica a Perú en una situación de real emergencia, recomienda al Estado reconocer la desaparición como una forma de violencia basada en género, tomando en cuenta las violencias a las que pueden estar expuestas mujeres y niñas, como trata con fines de explotación sexual, violencia sexual o feminicidio (25% de feminicidios fue reportado como desaparición en 2020). Sumado a ello, se recomienda implementar un sistema de alerta especializado para los casos de mujeres que desaparecen, que con su activación permita iniciar la búsqueda y diligencias respectivas de manera inmediata.
Liz Meléndez, directora del CMP Flora Tristán, hace un llamado al Estado a establecer un vínculo explícito en las políticas públicas entre la desaparición de las mujeres y la violencia de género: “Cuando una mujer desaparece el Estado tiene que activar todas las medidas, tiene que actuar promoviendo una búsqueda exhaustiva (…), debe asumir que hay un riesgo inminente de feminicidio ante una desaparición”.
A partir de la sentencia del Caso Campo Algodonero en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que los Estados tienen un “deber de debida diligencia estricta” frente a los casos de mujeres desaparecidas. Es decir que, debido a la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en un contexto de discriminación de género, tienen la obligación de actuar rápida y efectivamente, presumiendo que la persona se encuentra con vida y privada de su libertad.
Si bien en octubre de 2020 se presentó el nuevo Sistema de Búsqueda de Personas Desaparecidas -que consta del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENIPED), el Portal de Personas Desaparecidas, la Línea 114, y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE)-, este carece de enfoque de género y no cuenta todavía con información suficiente que contribuya a saber qué está pasando con las mujeres que desaparecen. Por ello, se recomienda también una mejor gestión de datos, que incorpore nuevos indicadores que contribuyan al diseño de mejores políticas para enfrentar este problema.
Relacionado: