Más de 10.000 campesinas y campesinos acamparon por 36 días en Asunción en reclamo por una Ley de Emergencia Nacional de la Agricultura Campesina y una ley de Rehabilitación Financiera que les permitiera seguir produciendo en el campo.
La Ministra de Hacienda, Lea Giménez, criticó a la población campesina y les llamó “cavernícolas”. Se refería al uso que hicieron de un palo de madera durante las marchas de protesta, utilizado como símbolo de lucha en toda manifestación campesina en Paraguay desde hace más de 20 años. Las personas organizadas respondieron con creatividad y escribieron mensajes para la Ministra en sus palos, entre los que se leía “¿Qué vamos a comer hoy?” y “Cavernícolas”.
La crisis de la Agricultura Familiar Campesina afecta principalmente a las mujeres que, ante las deudas y la destrucción de los cultivos por cuestiones climáticas, deben migrar a las ciudades en busca de un empleo remunerado. En su mayoría, estas mujeres ingresan al mercado del trabajo doméstico, que en Paraguay está regido por una ley discriminatoria: la parte empleadora solo está obligada a pagar el 60% del salario mínimo legal que rige para el resto de quienes trabajan.
Testimonios
La serie #EnSusZapatos, difundida en las redes sociales, recoge historias y testimonios que dan cuenta de la situación de las campesinas.
“En nuestra chacra plantamos mandioca, maíz, maní, zapallo. No nos falta para comer, pero no podemos pagar nuestras deudas y toda la familia prácticamente se está separando para poder pagarlas: mi esposa y mi hija tuvieron que venir a la ciudad a trabajar de empleadas domésticas. Mi hija cumplió 18 años y vino. Ahora, la helada quemó todas nuestras plantas de zapallo”, dice Gilberto Peralta, agricultor del departamento de San Pedro. «Vinimos desde nuestra comunidad entre 72 familias”, cuenta.
“Mis hijos fueron todos a Buenos Aires, Argentina, y es lo que más me aprieta. Como la chacra ya no da para vivir, nuestros hijos se van todos, porque debemos mucho y ya no podemos sostenernos. Ellos trabajan, pero no alcanzamos para pagar”, dice Celia Martínez, que se dedica a plantar caña de azúcar con su familia.
Rufina Galeano Leiva tiene 53 años y en su chacra produce maíz, maní, poroto y arroz. Su comunidad lucha hace diez años por la tenencia de tierra. Se trata del asentamiento “Santa Librada”, distrito de San Juan Nepomuceno del departamento de Caazapá. Allí viven más de 70 familias. “Nuestros hijos fueron a otro país a buscar trabajo porque, mientras no tenemos tierras, lo que producimos no es seguro. Queremos la seguridad del acceso a la tierra, sólo así nuestros hijos tendrían la posibilidad de volver”, dice en guaraní.
Mariela Duarte tiene 23 años y se encarga de sus plantaciones de repollo, tomate, cebollas y otras verduras. “Siembro, hago carpida, ayudo, preparo la tierra, riego. Todo lo que se hace en la chacra lo hago con mi papá y mis hermanos. Todos ayudamos, pero ahora no nos está alcanzando para pagar nuestras deudas en el banco y vemos que la situación es cada vez peor, pese a que trabajamos”, dice en guaraní. Mariela quería estudiar enfermería, pero la universidad es un horizonte casi perdido.
Graciela González tiene 50 años. Su temor y el de sus compañeras es perder sus tierras como forma de pago de sus deudas. Esto implicaría la necesidad de abandonar su pueblo y vivir en la periferia de la ciudad, sin trabajo. “Nosotras sabemos cuál es nuestro futuro si no pagamos las deudas. Asunción es cara y nosotros solo sabemos cultivar la tierra. ¿Qué vamos a hacer acá sin trabajo? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos? No nos sentimos a gusto acá, somos de la campaña, donde no necesitamos comprar leche, mandioca, gas ni carbón. Acá vamos a vivir en la miseria”, expresa.