Frente a la crisis política que vive Perú y los incontables y graves casos de corrupción que afectan la lucha contra la violencia de género, las feministas nos unimos a la movilización nacional “Que se Vayan Todos” y salimos a las calles en defensa de la democracia y la igualdad.
El pasado 5 de setiembre cientos de personas y organizaciones gremiales, sindicales, campesinas y colegios profesionales marchamos por un mismo compromiso: acabar con la corrupción y respaldar el proyecto de ley de adelanto de elecciones propuesto por el gobierno de Martín Vizcarra.
Los vínculos entre la corrupción, el acceso a la justicia y la violencia contra las mujeres nunca han sido tan evidentes como en la actualidad. La corrupción y el poder de la masculinidad en cargos políticos permiten que se instalen redes de impunidad e intercambio de favores, lo que protege a decenas de agresores. El escandaloso caso que tiene como personaje principal a un ex magistrado supremo que negoció la absolución o rebaja de pena de un hombre que violó a una niña de 13 años es un claro ejemplo del poder que tiene el machismo en espacios públicos.
No sorprende, entonces, que la población peruana sostenga que la corrupción (49%) y la violencia de género/feminicidios (26%) se encuentran entre los tres principales problemas del país, según una encuesta nacional realizada por el diario El Comercio (uno de los medios de comunicación con mayor circulación) e Ipsos (empresa de estudios de opinión pública).
Luchar contra la corrupción es luchar contra un sistema judicial que anula el derecho de acceso a la justicia de todas las mujeres, niñas y adolescentes.
Imagen: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán