Difundimos el pronunciamiento del movimiento feminista de El Salvador sobre el uso desmedido de la fuerza militar y policial que ordenó el presidente Bukele ayer. El pdf está disponible para descargar aquí.
Feministas contra la militarización y en defensa del Estado laico
Desde el movimiento feminista salvadoreño vemos con profunda preocupación los hechos ocurridos este domingo 9 de febrero de 2020, ya que constituyen un retroceso en materia de derechos humanos e injerencia en la independencia de los órganos del Estado.
El presidente electo democráticamente Nayib Bukele, realizó un uso desmedido de la fuerza militar y policial para presionar y obligar al órgano legislativo a la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la ejecución de la tercera fase del Plan Control Territorial, el cual no es de conocimiento público y no ha contado con procesos de consulta con los distintos sectores de la población para su elaboración.
Este hecho muestra la incapacidad de los representantes del órgano ejecutivo y legislativo, para utilizar los mecanismos ordinarios existentes en la toma de decisiones desde el diálogo y el consenso en bienestar de la población en general, sin alterar el orden público, garantizando la independencia de los órganos del Estado.
Por lo antes expuesto expresamos que:
– El uso de la fuerzas armadas y policiales en los alrededores y al interior de la Asamblea Legislativa, como no se había visto desde hace 28 años, dan cuenta de una demostración de masculinidad hegemónica, que recurre a las armas y a la fuerza bruta para doblegar a los adversarios, denotando un retroceso en la construcción de la democracia.
– En un país donde todavía no se han desarrollado políticas públicas de reparación y justicia restaurativa, y persiste la impunidad frente a los crímenes cometidos durante el conflicto armado, la presencia masiva de militares y policías en las calles y al interior del órgano legislativo constituye no sólo una injerencia y una violación a la independencia de poderes, sino un hecho de revictimización hacia las víctimas y familiares del conflicto armado.
– El creciente proceso de militarización que conllevan las “políticas de seguridad” en El Salvador como respuesta al crimen organizado para restablecer el orden, está aumentado y legitimando la violencia hacia las mujeres, la niñez, adolescencia y juventud, especialmente a través de la violencia sexual, el abuso de poder y la represión. Las propuestas llamadas de “lucha contra la inseguridad”, sólo han servido para criminalizar y perseguir a las poblaciones más pobres, a los sectores más vulnerados y despojados de sus derechos.
– Históricamente la militarización ha sido sinónimo de persecución, violencia sistemática y dirigida, disciplinamiento a través del miedo y desprotección a manos de las fuerzas represivas del Estado machista y capitalista, donde las mujeres somos el principal objetivo junto a los otros cuerpos que vivimos en los márgenes de las políticas heteronormativas, racistas, clasistas y patriarcales, como es el caso de personas LGTBI, juventudes, población indígena y afrodescendientes, entre otros y otras.
– La utilización de recursos religiosos para legitimar el abuso de poder denotan una clara violación al Estado laico. Siendo lamentable que su discurso y práctica esté basada en simbolismos que conllevan retrocesos en materia de derechos humanos.
– El llamado a la insurrección sin fundamentos por parte del Presidente de la República, pues no ha existido un peligro de ruptura del orden constitucional, implica un enorme peligro a la democracia y a la cohesión social ya que puede llegar a enfrentar a la población civil entre sí.
Por lo que hacemos un llamado:
Al presidente electo democráticamente, Nayib Bukele, para que rectifique su accionar cumpliendo con los mecanismos que garantizan el Estado de derecho que tanto ha costado a este país.
A la Corte Suprema de Justicia que a la brevedad posible pueda pronunciarse para garantizar el Estado de derecho.
A la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo para que inicien un proceso real de consulta con los diferentes sectores de la población para el desarrollo de una política pública de seguridad y legislen para garantizar la construcción de una cultura de paz y cohesión social, asegurando el respeto a la diversidad desde una perspectiva de género.
A todos los órganos del Estado para que respeten los principios de laicidad contemplados en la Constitución de la República.
A toda la población salvadoreña para que rescatemos de nuestra memoria colectiva las consecuencias y el sufrimiento que ha conllevado el enfrentamiento social para garantizar que no se vuelva a repetir uniéndonos en contra de la militarización del Estado.
San Salvador, 10 de febrero de 2020
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