Opinión | Por Liz Meléndez.- El Estado peruano, conjuntamente con otros 37 países miembros de la Cepal, acaba de aprobar en el marco de la XIII Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada en Montevideo entre el 25 y 28 de octubre, una “Estrategia para la implementación de la agenda regional de género en el marco del desarrollo sostenible 2030”. La también llamada “Estrategia de Montevideo” tiene una importancia fundamental para toda la región y, por supuesto, para Perú, pues se constituye en una “hoja de ruta” alineada a los compromisos internacionales previamente firmados y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
La también llamada “Estrategia de Montevideo” tiene una importancia fundamental para toda la región y, por supuesto, para nuestro país; pues se constituye en una “hoja de ruta” alineada a los compromisos inter-nacionales previamente firmados y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
En términos prácticos, estamos ante un compromiso político y técnico regional que deberá comprometer a toda la estructura estatal y no solo a los Gobiernos de turno. Su importancia radica en que, en base a esta agenda, el Perú deberá guiar, planificar y presupuestar políticas que contribuyan a mejorar el ejercicio de los derechos humanos y la autonomía de las mujeres en toda su diversidad.
Si bien es cierto que esto suena muy bien, es un gran desafío para el Perú, en donde claramente gran parte de las autoridades y la clase política no logra ver la importancia de transversalizar el enfoque de género en la planificación del Estado. Por el contrario, se viene instalando un discurso tendencioso en contra de una supuesta “ideología de género”, que debería ser rechazado por autoridades y actores sociales; más aún ahora que se acaba de asumir el compromiso de situar a la igualdad de género como requisito fundamental del desarrollo sostenible al 2030.
La Estrategia de Montevideo consta de diez ejes interrelacionados: Marco Normativo, Institucionalidad, Participación, Construcción/Fortalecimiento de capacidades, Financiamiento, Comunicación, Tecnología, Cooperación, Sistema de información, Monitoreo y Rendición de cuentas.
Poniendo un ejemplo, entre las medidas contempladas en lo referido a Marco Normativo, la estrategia señala: “Se deberán eliminar todas las barreras legales e institucionales para el acceso efectivo e igualitario de las mujeres a la justicia (…) garantizando atención oportuna, de calidad y reparación integral del daño”.
Si buscamos que esta medida sea aplicada prontamente en el país, debemos buscar los espacios en donde se operativice. Por ejemplo, el Minjus anunció que esta semana se firmará el “Acuerdo por la Justicia”; siendo ello una oportunidad para que se tomen en cuenta las medidas específicas de la “Estrategia de Montevideo” y se generen compromisos concretos a corto y mediano plazo para que las mujeres violentadas accedan efectivamente a la justicia y se erradique la impunidad que recae en la mayoría de los casos.
Los ámbitos de aplicación son muchos, el camino largo y el tiempo corto. ¿Lograremos poner la igualdad de género como centro del desarrollo sostenible?, el tiempo dirá. En tanto, hay que reconocer que esta es una oportunidad y un reto enorme para los próximos 14 años.
Fuente: ExitosaNoticias