Imelda fue violada reiteradamente por su padrastro desde los 12 años de edad. A los 18 quedó embarazada, fruto de uno de los ataques, y tuvo a la bebé en el baño de su casa. Desde entonces está presa por“tentativa de homicidio agravado”, acusada de intentar un aborto. América Latina se une al grito de ¡#JusticiaParaImelda!
Los hechos
Imelda (20 años) vivía en situación de pobreza en Jiquilisco, municipio rural del departamento de Usulután. Su padrastro, Pablo Henríquez (70 años), abusó sexualmente de ella desde los 12 años. Fruto de la violación, quedó embarazada en 2016, mismo año en el que comenzó el bachillerato.
El 17 de abril de 2017 fue al baño de su casa con fuertes dolores abdominales. No sabía que estaba embarazada: tuvo a la bebé y quedó inconsciente. Su madre y una vecina la trasladaron al Hospital Nacional de Jiquilisco.
Desde entonces está encarcelada en el penal de San Miguel, bajo la acusación de “tentativa de homicidio agravado”.
Las pruebas
- La defensa de Imelda señaló que la joven experimentó un “embarazo negado”, patología que hace que algunas mujeres no sean conscientes de su embarazo.
- El ADN practicado a la hija de Imelda confirma que su padre biológico es Henríquez.
- El Instituto de Medicina Legal señaló que la niña no muestra rasgos de que Imelda haya querido matarla: «La niña no cuenta con rasgos de mayor intento de que alguien la haya querido matar, porque la niña muestra que es una recién nacida de término de 38 a 40 semanas de gestación, donde la describe una recién nacida hidratada, piel rosada y reconocen la salud de la niña”.
- El reconocimiento de genitales del Instituto de Medicina Legal establece que “Imelda presenta rasgos de un parto reciente, parto extrahospitalario; ella no se realizó ninguna acción para provocar dicho parto, sino fue un parto natural”.
El juicio
El 3 de setiembre de 2018, el Juzgado de Primera Instancia de Jiquilisco determinó que el caso de Imelda Cortez procedería a juicio el 12 de noviembre.
El mismo lunes, el Tribunal de Sentencia de Usulután suspendió el juicio. La fiscal del caso, Bernarda Marisol Cáceres de Roque, no acudió a la audiencia. Avisó que estaba enferma minutos antes de comenzar, pero la Fiscalía General de la República no presentó ninguna constancia médica para acreditarlo.
Esta es la octava vez que se suspende una audiencia en el proceso judicial de Imelda.
Imelda puede ser condenada a 20 años de prisión por un crimen que no cometió. Otra vez, una joven es revictimizada por un sistema judicial injusto y patriarcal, en uno de los países más restrictivos en cuanto a derechos sexuales y reproductivos.
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