Causa Abierta es un evento público de reflexión, debate y análisis a realizarse en el marco de la IV Conferencia de Población y Desarrollo cuyo objetivo es hacer un enérgico llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo. Con este fin, Causa Abierta presentará y discutirá tres casos emblemáticos de vulneración de derechos sexuales y/o derechos reproductivos presentados por diferentes organizaciones feministas de la región.
Los casos serán analizados por un comité de expertas quienes realizarán un balance de los vacíos y fallas, los derechos vulnerados, sus consecuencias sobre la salud de mujeres y niñas y/o los problemas éticos que suscita.
Las expertas se pronunciarán también sobre los incumplimientos a distintos compromisos internacionales de los estados en estas materias, así como respecto de las medidas del Consenso de Montevideo que deberían orientar la acción de los Estados en los distintos casos.
Lunes 27 de junio. 5 PM
Park Plaza Hotel
Avenida Ricardo Lyon 207, Providencia
Santiago. Chile.
LAS CAUSAS
Brasil. 2020, 2021
La Causa:
Mortalidad materna durante Covid 19: El derecho a la vida, el derecho a la salud y la igualdad.
Los hechos:
En julio de 2020 se dio la primera señal de alerta: el International Journal of Gynecology and Obstetrics publicó un estudio preliminar basado en datos públicos del Sistema de Información Epidemiológica de Influenza (Sivep-Gripe), afirmando que: de las 160 muertes maternas conocidas y reportadas a nivel mundial, -entre el 26/02 y el 18/06 de 2020-, 124 ocurrieron en Brasil. La mayoría (71%) no eran mujeres blancas.
Hasta 2019 las tasas de MM de Brasil, según la OMS eran consideradas “aceptables”, pero durante la pandemia por Covid 19, fueron aumentando a tal punto que llegó a tener índices de los más altos de América Latina según lo investigado por diversos institutos y organizaciones.
El negacionismo del gobierno sumado a la modificación en el sistema de medición de casos, las gestantes y puérperas de la enfermedad y a las medidas que dificultaban el acceso a las mujeres para contar con asistencia en salud de calidad, fue determinante para alcanzar cifras de mortalidad materna altísimas. Cifras aún más graves entre las mujeres negras que casi duplicaban las muertes maternas en relación a las mujeres blancas.
Cuando se comenzó con la vacunación contra el Covid 19, el gobierno no brindó información clara basada en evidencias científicas respecto a los efectos colaterales de la vacunación sobre los fetos, las gestantes y puérperas con comorbilidades. Se dejó a criterio de cada estado y de cada médico, qué medidas tomar.
Según diversas investigaciones realizadas en el período 2020 y 2021, se comprobó que 1 de cada 3 gestantes disminuyó sus consultas y exámenes presenciales de control. Las mujeres encuestadas aseguran no haber recibido ninguna orientación sobre el Covid 19. Estos trabajos resaltan que, por la falta de acciones concretas del gobierno federal para proteger a las mujeres, la demora en elaborar protocolos, divulgar información, ayudar a las mujeres en aislamiento y la falta de insumos para el tratamiento a las afectadas por la enfermedad, se generó un escenario preocupante con altas tasas de mortalidad.
(según la Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) hubo un aumento del 7%)
Instancias estatales responsables:
El Ministerio de Salud del gobierno federal es responsable de la vulneración del derecho a la vida, a la salud y a la igualdad.
Incumplió el compromiso asumido en el Consenso de Montevideo en el ítem D
” Asegurar acceso universal a servicios de Salud sexual y reproductiva “, violando en particular los acuerdos 40 y 43.
Para conocer el caso completo, ingresar a:
https://mujeresdelsur.cotidianomujer.org.uy
https://frentelegalizacaoaborto.wordpress.com
Provincia de Azuay.
Ecuador. Junio 2021
La causa:
Violencia sexual, acceso al aborto y leyes restrictivas, violencia institucional. EL caso de Celia.
Los hechos:
Celia, mujer indígena de 42 años vive con su padre y sus tres hijos de 10, 7 y 2 meses, en condiciones de extrema pobreza y con trabajo precario y ocasional.
Sus dos primeros hijos fueron concebidos en relaciones consensuales. A los 32 años tuvo a su primer hijo, su pareja la abandonó y ella, después del parto, solicitó una ligadura, pero en el servicio de salud le solicitaron la autorización de su pareja, lo que la llevó a desistir. Nunca más busco anticoncepción pues sentía vergüenza de ir al centro de salud y le asustaba ser cuestionada por no estar casada.
A los 35 años con una nueva pareja, quedó embarazada de su segundo hijo y aunque esta vez no quería continuar con el embarazo, su padre la convenció de hacerlo y tuvo su parto en casa.
En el mes de junio del año 2021 fue víctima de violencia sexual por parte de un vecino de la comunidad y nuevamente quedó embarazada. No supo de su embarazo hasta la semana 20 cuando, cuando acudió al centro de salud por sentir un malestar que había atribuido al COVID-19. Allí solicitó acceder a un aborto por violación, pero el centro de salud demoró tres semanas en determinar si podía o no ofrecer el servicio de aborto por violación y decidió finalmente negarlo pues la mujer ya estaba de 23 semanas de gestación.
Como consecuencia de la presión, su salud mental comenzó a verse afectada, al punto de manifestar deseos de suicidarse. A pesar de eso, también se le negó la opción de aborto por causal salud y no se le informó sobre éste como uno de sus derechos.
En la actualidad continúa bajo seguimiento del Estado, pues por su condición de pobreza considera que ella puede ser negligente con los niños a su cargo.
El caso de Celia simboliza un conjunto de situaciones que llevan a las mujeres a continuar embarazos que no desean y que empieza por su vulnerabilidad frente a la violencia sexual, seguido por la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y en particular de acceso a métodos anticonceptivos, y finalmente por barreras para acceder a un aborto legal. Todas estas situaciones agravadas por la pobreza, la marginalidad y la pertenencia étnica. Elementos objetivos y subjetivos que nos permiten determinar que ella fue víctima de tortura por parte del Estado Ecuatoriano.
En el año 2021 se dictó en el Ecuador una sentencia constitucional que despenalizó el aborto por casual violación (12 semanas) pero nunca se reguló. Se generó un proyecto de Ley que fue modificado por la Asamblea Nacional estableciendo el plazo de 18 semanas para el acceso al aborto por violación de niñas, adolescentes y mujeres rurales, y de 12 semanas para el resto de las mujeres y personas gestantes, creando un sistema desigual entre grupos de mujeres. Finalmente, esta ley fue sometida a la revisión del presidente Guillermo Lasso y fue vetada.
El impacto más grande es para las niñas menores de 14, la población más afectada por la violencia sexual en el país, las que más demoran en identificar un embarazo producto de violación y son quienes menos recursos tienen para buscar una interrupción del embarazo de forma oportuna. Lo mismo sucede con las mujeres rurales por la falta de acceso a servicios de salud y justicia, y las mujeres de los quintiles económicos más bajos que tienen menor acceso a educación por los mayores obstáculos que enfrentan para acceder a un aborto de forma oportuna y segura.
Instancias estatales responsables:
El principal responsable de las vulneraciones de derechos es el Ejecutivo a través del Ministerio de salud pública, el presidente de la República, La Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
A través de sus acciones se incumplieron los compromisos del Consenso de Montevideo en relación a varias medidas: la A, D, E, G, B y H.
Para conocer el caso completo, ingresar:
https://surkuna.org
Provincia de Azuay.
Ecuador. Junio 2021
La causa:
Violencia sexual, acceso al aborto y leyes restrictivas, violencia institucional. El caso de Celia.
Los hechos:
Celia, mujer indígena de 42 años vive con su padre y sus tres hijos de 10, 7 y 2 meses, en condiciones
extrema pobreza y con trabajo precario y ocasional.
Sus dos primeros hijos fueron concebidos en relaciones consensuales. A los 32 años tuvo a su primer hijo, su pareja la abandonó y ella, después del parto, solicitó una ligadura, pero en el servicio de salud le solicitaron la autorización de su pareja, lo que la llevó a desistir. Nunca más busco anticoncepción pues sentía vergüenza de ir al centro de salud y le asustaba ser cuestionada por no estar casada.
A los 35 años con una nueva pareja, quedó embarazada de su segundo hijo y aunque esta vez no quería continuar con el embarazo, su padre la convenció de hacerlo y tuvo su parto en casa.
En el mes de junio del año 2021 fue víctima de violencia sexual por parte de un vecino de la comunidad y nuevamente quedó embarazada. No supo de su embarazo hasta la semana 20 cuando acudió al centro de salud por sentir un malestar que había atribuido al COVID-19. Allí solicitó acceder a un aborto por violación, pero el centro de salud demoró tres semanas en determinar si podía o no ofrecer el servicio de aborto por violación y decidió finalmente negarlo pues ya estaba de 23 semanas de gestación.
Como consecuencia de la presión, su salud mental comenzó a verse afectada, al punto de manifestar deseos de suicidarse. A pesar de eso, también se le negó la opción de aborto por causal salud y no se le informó sobre éste como uno de sus derechos.
En la actualidad continúa bajo seguimiento del Estado, pues por su condición de pobreza considera que ella puede ser negligente con los niños a su cargo.
El caso de Celia simboliza un conjunto de situaciones que llevan a las mujeres a continuar embarazos que no desean y que empieza por su vulnerabilidad frente a la violencia sexual, seguido por la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y en particular de acceso a métodos anticonceptivos, y finalmente por barreras para acceder a un aborto legal. Todas estas situaciones agravadas por la pobreza, la marginalidad y la pertenencia étnica. Elementos objetivos y subjetivos que nos permiten determinar que fue víctima de tortura por parte del Estado Ecuatoriano.
En el año 2021 se dictó en el Ecuador una sentencia constitucional que despenalizó el aborto por casual violación (12 semanas) pero nunca se reguló. Se generó un proyecto de Ley que fue modificado por la Asamblea Nacional estableciendo el plazo de 18 semanas para el acceso al aborto por violación de niñas, adolescentes y mujeres rurales, y de 12 semanas para el resto de las mujeres y personas gestantes, creando un sistema desigual entre grupos de mujeres. Finalmente, esta ley fue sometida a la revisión del presidente Guillermo Lasso y vetada.
El impacto más grande es para las niñas menores de 14 años, la población más afectada por la violencia sexual en el país, las que más demoran en identificar un embarazo producto de violación y son quienes menos recursos tienen para buscar una interrupción del embarazo de forma oportuna. Lo mismo sucede con las mujeres rurales por la falta de acceso a servicios de salud y justicia, y las mujeres de los quintiles económicos más bajos que tienen menor acceso a educación por los mayores obstáculos que enfrentan para acceder a un aborto de forma oportuna y segura.
Instancias estatales responsables:
El principal responsable de las vulneraciones de derechos es el Ejecutivo a través del Ministerio de salud pública, el presidente de la República, La Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
A través de sus acciones se incumplieron los compromisos del Consenso de Montevideo en relación a varias medidas: la A, D, E, G, B y H.
Para conocer el caso completo, ingresar a:
https://mujeresdelsur.cotidianomujer.org.uy
https://surkuna.org
Santiago,
Chile. Octubre 2019
La Causa:
Profanación y ultraje. El cuerpo ciego de la ley
Los hechos:
En octubre de 2019 se produce en Chile una revuelta (con antecedentes en el mayo feminista de 2018) para manifestarse sobre las precariedades de la economía, la mezquindad del liberalismo, la desigualdad extrema, el terrorismo de estado y el pacto sexual en el que se entraman cada una de estas violencias.
En el intento de acallar el “octubre”, miles de personas fueron brutalmente vulneradas, se registró una violencia feroz, de diversas formas de tortura, de cifras sin precedente -a nivel mundial- de daño ocular severo, de imputaciones y procesos penales irregulares -que se prolongan hasta el día de hoy-, prácticas todas estas que se desarrollaron de manera sistemática y se configuraron como una política de estado.
La violencia sexual ejercida por agentes del estado hacia mujeres y disidencias se inscribe en este contexto. No existe, evidentemente, una cifra que pueda dar cuenta de la magnitud real de esa experiencia, pero sí existen registros parciales emanados de los informes generales y existen, también, los testimonios de quienes acogieron la demanda que allí se produjo.
Un Informe de Amnistía Internacional describe múltiples casos emblemáticos de violación de derechos a partir de registro audiovisual durante la represión de la revuelta.
El informe del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch) por su parte, remarca el uso indiscriminado e indebido de armas de fuego (generando múltiples daños físicos algunos irreversibles), amplias facultades de detención (arbitrarias y sin pedir documentación), maltratos, abuso sexual y torturas durante la detención e insuficiente rendición de cuentas interna ( falta de transparencia e irregularidad en el seguimiento de las investigaciones administrativas de denuncias contra carabineros)
Según CIPER Chile (Centro de Investigación Periodística), entre 2019 y 2020 se abrieron 1496 causas por violaciones de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes, de las cuales 541, al menos, fueron cerradas sin responsables.
Labot, de Documenta (una iniciativa del Colegio de Periodistas) sistematiza la información proveniente de todos los informes oficiales realizados para ese período y se propone el seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales abiertos por vulneraciones a los derechos humanos, dando cuenta de 1538 casos contenidos en las querellas presentadas por el INDH. Ellas contienen las denuncias de lesiones, torturas y violencia política sexual.
La violencia sexual ejercida sobre los cuerpos de mujeres constituye una de las manifestaciones más feroces de las que tomamos registro: violaciones con y sin penetración, en algunos casos con daños irreversibles, ensañamiento sobre el cuerpo de las embarazadas -con consecuencia de aborto en al menos dos casos-, se configuran como encarnación de una saña cuyos fundamentos se extienden a lo largo de los años y en la cercanía de los procedimientos cotidianos de la represión.
Durante los más de 30 años transcurridos desde el fin de la dictadura, la violencia sexual por parte de agentes del estado, tanto como su ocultamiento y negación, han configurado una forma específica de violencia política que afecta a las mujeres y, más recientemente, a las disidencias sexuales.
Durante el proceso de las demandas populares El Estado ha sido negligente. La gran mayoría de las causas abiertas -que corresponden en realidad a un porcentaje mínimo de los casos reales- ha sido desestimada o continúa sin resolución.
Instancias estatales responsables:
El Poder Ejecutivo en la administración de la crisis y en el desempeño de las Fuerzas Armadas y de Orden, es decir, Ejército y Carabineros. El presidente, por respaldar la represión y referirse a la situación como una “guerra”. El Poder Judicial, particularmente Fiscalía, por no resolver las causas en tiempo y forma. Y el poder Legislativo por no tomar medidas especiales que habían prometido para acelerar procesos. De esta forma todos fueron omisos a los compromisos asumidos en el Consenso de Montevideo específicamente en lo vinculado a las medidas prioritarias 33, 34 y 36.
Para conocer el caso completo ingresar a:
https://mujeresdelsur.cotidianomujer.org.uy
http://www.corporacionlamorada.cl
Causa Abierta 2018