El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) Orlando Ceballos manifestó su intención de reincorporarse a sus funciones tras haberse alejado del cargo por denuncias de violencia de género. Mediante un pronunciamiento, organizaciones feministas, de mujeres y defensoras de los derechos humanos dejaron clara su indignación y rechazaron su intento de retornar al máximo tribunal de protección de los derechos fundamentales en el país.
La esposa de Ceballos denunció haber sido víctima de violencia física el pasado marzo. A raíz de esto, el magistrado tuvo que solicitar licencia para alejarse del cargo.
No obstante, en abril se dio a conocer una nota redactada por Ceballos dirigida al presidente del TCP en la que señalaba haber solucionado “un problema circunstancial” y anunciaba que se reincorporaría al ejercicio normal de sus funciones el 9 de abril.
El TCP es una instancia que se constituyó en garante de los derechos humanos en Bolivia. Por lo tanto, “quienes lo integren deben demostrar una alta integridad moral y personal para poder cumplir de manera adecuada la más alta función jurídica del país”, afirma el pronunciamiento de las organizaciones.
La Ley Integral N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia establece que un hecho de violencia contra la mujer no es un problema “circunstancial”, sino que es un delito conforme a lo establecido. Las denunciantes afirman que el magistrado minimiza la situación y la violencia ejercida contra su esposa.
Bolivia ocupa el primer lugar en violencia física y el segundo lugar en términos de violencia sexual de la región, con siete de cada 10 mujeres que sufren violencia y un femicidio cada dos días.
Las organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil exigen que el magistrado Ceballos “tome el ejemplo de autoridades en la región y, así, renunciar a su cargo, devolviendo a la población la confianza en la integridad del Tribunal Constitucional Plurinacional”.