Delegados de 24 países participaron en Buenos Aires, entre el lunes 31 y el viernes 4 de Setiembre, de la Séptima reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. El Principio 10 dice que los Estados deben facilitar y fomentar la participación social en los debates ambientales, poniendo la información a disposición de todos y garantizar el acceso a los procedimientos judiciales y administrativos.
Según la , «La actuación de la mayoría de los países ha estado marcada por el poco compromiso en avanzar en estándares fuertes. Países como Colombia y México, quienes durante el proceso siempre han sido los menos progresistas, en esta reunión mostraron su reticencia a adoptar un tratado internacional. Además, países que en un principio habían sido destacados líderes ahora parece que temen las implicaciones del acuerdo, como es el caso de Chile quien se opuso a la adopción de un régimen de excepciones al acceso a la información en el acuerdo. Y muchos otros países, como las delegaciones del caribe, mantuvieron una actitud pasiva y con mínimas intervenciones en las discusiones.»
PALABRAS DE CIERRE DE LA SOCIEDAD CIVIL
4 de Setiembre de 2017
Al cierre de esta séptima reunión nuestros corazones ya no tienen el mismo entusiasmo que habíamos albergado en otras reuniones. Aquí en Buenos Aires se ha avanzado en el texto, es cierto, pero también se ha perdido en lo esencial. Se ha perdido la visión progresiva que inspiraba nuestro camino hacia un acuerdo robusto. Se ha perdido liderazgo. Se ha perdido el camino.
La sociedad civil esperaba la elaboración de estándares regionales, en cuanto herramientas para cambiar la realidad de la región y así hacer efectiva la promesa del Principio 10. Esa era la visión de la Declaración del Principio 10. Esa era la razón por la cual, con mucho esfuerzo, hemos acompañado el proceso hasta la fecha.
Pero ahora hemos llegado a un punto en el que es necesario tomar una decisión acerca de adonde vamos para ver si seguimos caminando juntos. Si este proceso no va a contestar a los desafíos actuales y futuros de nuestra región… Si este proceso simplemente se va a remitir al contenido de las legislaciones nacionales… Si este proceso va a recortar derechos ya reconocidos…. Entonces, penoso como resulta decirlo, es claro que este acuerdo ya no tiene sentido.
La sociedad civil confiaba en la capacidad de la Mesa Directiva de llevar adelante la visión de la Declaración del Principio 10. Pero algunos países claramente no están listos para asumir el compromiso que este proceso amerita. Estos países se han dedicado a disminuir estándares a un mínimo que ya no logra responder miles de personas de la región que sufren de la degradación ambiental .
Se ha perdido la oportunidad de avanzar, lo que de por sí es lamentable. Pero lo grave es la regresión de los estándares.
Como decíamos, vemos regresividad en el régimen de excepciones que se ha introducido al texto. El derecho al acceso a la información es la piedra angular de los derechos de acceso, por lo que la regresividad en ese pilar frustra todo el acuerdo.
Vemos regresividad en el régimen de excepciones que se ha introducido al texto, que permite a los estados más posibilidades de negar información.
Asimismo el texto no fija ninguna categoría de información ambiental que siempre deba ser divulgada, como es el caso de las emisiones de contaminantes.
El texto sobre acceso a la información es regresivo y por consiguiente inaceptable para el público. Nos parece necesario que se evalúe el grado de regresividad del texto hasta ahora negociado.
La dirección de la negociación no puede seguir en esta línea. Queremos explicitar nuestras mínimas exigencias para participación y justicia.
En participación, el texto debe GARANTIZAR el derecho a participar, pero todavía vemos países que proponen verbos como facilitar, promover y alentar.
Queremos recalcar que estamos frente a un enfoque de derechos, y los Estados tienen la obligación de garantizarlos.
La participación debe ser temprana para efectivamente incidir en la toma de decisiones ambientales.
Vemos que varios gobiernos quieren diluir el texto y no quieren hablar ni de participación temprana o de incidencia.
La participación tardía, frente a hechos consumados, no es participación.
Sobre el derecho al acceso a la justicia, lo fundamental es la amplia legitimación activa, que le permite a cualquier persona u organización acceder a la justicia para proteger el medio ambiente. Además, son indispensables medidas de prevención para evitar el daño ambiental.
Asimismo, el texto debe recoger plenas garantías para los defensores ambientales.
Creemos que serán necesarias otras reuniones de negociación para enmendar lo que se ha perdido aquí.
Agradecemos países los apoyos concitados por las propuestas del público y la defensa de los valores originales de este Acuerdo. Alentamos a los Estados que iniciaron y a los que han liderado este proceso, a retomar el rumbo hacia un acuerdo progresivo y vinculante. Alentamos asimismo a los Estados que han demostrado no tener un compromiso real con la democracia ambiental a reconsiderar su participación en el proceso. Y a aquellos que no han participado activamente a reconsiderar su papel pasivo. Esto debería ser un acuerdo entre todos y no sólo definido por unos pocos…
Este Acuerdo era sobre lo que debemos y podemos hacer con visión de futuro, no sobre los que nuestras legislaciones nacionales nos limitan a hacer…
Queremos que se recupere la visión que inspiró esta iniciativa. Queremos un acuerdo que tenga un impacto real en la región.
En estos meses estaremos evaluando los pasos a seguir. Gracias a la Argentina y a su gente por su hospitalidad y a la Secretaria por sus buenos oficios…
Muchas gracias.