Todas ellas tienen un impacto diferenciado en las mujeres y niñas pobres:
El consenso de Montevideo señala en su preámbulo: Reafirmando que la pobreza en todas su manifestaciones representa en si misma la negación de los derechos y que su erradicación es un imperativo para la región que los gobiernos deben asumir.”
Todas estas causas efectivamente se traducen en negación de derechos a mujeres y niñas pobres. Tanto las causas más concretas que se originan en daños específicos como la situación del incendio del hogar en Guatemala o el caso de Esperancita, como aquellas de política pública que se pueden leer de manera más abstracta como el veto a una ley de educación sexual inclusiva o el aumento de la mortalidad materna en Brasil durante la pandemia, se originan en poblaciones de mujeres que sufren pobreza o tienen un impacto desproporcionado en niñas y mujeres que sufren pobreza y donde la misoginia se entrecruza con el racismo. La pobreza, al mismo tiempo, no es una característica ni situación aleatoria. La discriminación y la violencia en contra de grupos específicos genera pobreza en esos grupos específicos y la pobreza genera más discriminación y violencia. A un nivel teórico es una negación de la igualdad que sufrimos todas las mujeres y niñas, pero en la práctica, los cuerpos que directamente sufren la violencia en estas Causas Abiertas son de mujeres y niñas que sufren violencia por ser mujeres y niñas en situación de pobreza.
Las políticas de superación de la pobreza deben tener una perspectiva de género para poder alcanzar la igualdad, incluida la igualdad económica.
Segun cifras de la Cepal “la pobreza disminuyó en todos los países de la región entre 2000 y 2019 (CEPAL, 2021)”, pero “la brecha por género, …, aumentó en casi todos los países y lo hizo en mayor medida en aquellos en que la pobreza general disminuyó más, como Chile y el Uruguay (CEPAL, 2019).” “La reducción de la pobreza general acompañada de una ampliación de la brecha por género implica que los progresos en el Objetivo de poner fin a la pobreza en todas sus formas (Objetivo 1) fueron diferentes por género y que avanzaron más aquellos hogares en que la jefatura la tenía un hombre que los encabezados por mujeres.”
Para combatir la discriminación y violencia estructural que sufren las mujeres y niñas, hay que combatir también la pobreza, entendiendo esta como un fenómeno exacerbado por la discriminación por sexo y género. Exigir justicia, salud, educación, vivienda, no debiera generar costos adicionales. Los casos de Juana, Esperancita y Paola son un reflejo de una realidad invisibilizada en nuestra sociedad: Son mayoritariamente las madres las que siguen acompañando a sus hijos al consultorio, al hospital, a los tribunales. Son mayoritariamente madres solas que deben alimentar a más hijos las que deben dejar de trabajar para poder acompañar a sus hijas, pelear por sus derechos, esperar a que una junta medica decida si su hija violada puede acceder a un aborto legal. Son muchas las horas puestas en exigir salud y justicia en las que no se recibe dinero y donde, además de los gastos cotidianos que no disminuyen, hay que agregar gastos para llegar a los lugares donde se “pide” que se respeten los derechos y se reparen los daños. Esto es parte del problema de la brecha de genero en al pobreza también.
Recomendación para los estados
- Politicas económicas de reducción de la pobreza con perspectiva de género interseccional.
- Politicas de economía del cuidado en las que se reconozca el valor monetario de las labores de cuidado no pagas que realizan especialmente las mujeres. Estas políticas deben diseñarse con y para las mujeres que sufren pobreza, incluidas las mujeres con discapacidad, mujeres que viven en la ruralidad, entre otras.
- Politicas de diseño urbano y rural con perspectiva de género y pobreza: las mujeres están en mayor riesgo de violencia sexual si deben tomar rutas aisladas, largas, donde el transporte público es escaso, donde deben pasar por calles que no están iluminadas.
Todas ellas exigen un compromiso financiero de parte de los estados. El estado debe comprometer parte de su presupuesto anual en combatir la violencia sexual y de género y en lograr la igualdad. En algunas de las recomendaciones hechas en años anteriores se incluye analizar cuánto cuesta a los estados la omisión al respeto de los derechos sexuales y reproductivos a través de abortos inseguros, violencia obstétrica y embarazo adolescente. Esas cifras son esenciales para entender el costo estatal. La pregunta central, sin embargo, es cuánto están dispuestos los gobiernos a invertir en igualdad. Cuanto esta dispuesto a invertir en prevención del embrazo adolescente, en reducción de la violencia sexual, en capacitar a los sectores de la salud, legal, judicial y policial en estándares de derechos humanos y en instrumentos de monitoreo y evaluación de dichos programas de capacitación.
Recomendación para los estados
- Diseñar presupuestos con perspectiva de género. Esto implica, entre otras medidas, incluir recursos suficientes para eliminar la violencia sexual y de género (lo que requiere medidas integrales relacionadas con transporte, salud, educación, vivienda, seguridad, etc.) y reconocer económicamente las labores de cuidado.
- Incorporar herramientas de monitoreo del gasto público con perspectiva de género.
Recomendación para sociedad civil:
- Mayor monitoreo de presupuestos. Analizar qué se hace con cada partida presupuestaria. Exigir la inversión en igualdad en cada cartera ministerial.
Todas ellas están ya cubiertas por estándares internacionales. Todos los derechos identificados en versiones anteriores de Causa Abierta como vulnerados en las causas analizadas están reconocidos por el derecho internacional y los estados de la región tienen obligaciones claras de derecho internacional de cumplirlos. Estos no son casos que demuestren que la región necesita más estándares de derechos humanos. Gracias a la lucha de los movimientos feministas, tanto el sistema interamericano de derechos humanos como los órganos de tratados y procedimientos especiales del sistema universal han construido estándares relacionados con la violencia sexual y de género, el acceso a salud sexual y reproductiva incluido el acceso al aborto. El mismo consenso de Montevideo nos indica que la región no tiene un problema serio de falta de estándares. Este no es el caso de otras regiones donde lo que aún se está peleando es el reconocimiento de los daños que sufren las mujeres. Aun cuando siempre hay que estar atentos al avance y aún más atentos a los retrocesos, el problema mayor de la región está en la bajada a la práctica de los estándares internacionales.
Sin abandonar las herramientas que nos han sido tan necesarias como la justicia interamericana, las resoluciones de órganos de tratados y procedimientos especiales, el uso del litigo estratégico para lograr estándares, entre otros, es importante involucrar a expertas de otras ramas del derecho para analizar cómo debieran ser utilizadas esas otras ramas para la protección de los derechos de quienes sufren las mayores vulneraciones. ¿Como habría operado la justicia si las niñas del Hogar seguro Virgen de la Asunción quemadas en Guatemala hubieran pertenecido al percentil económico más alto de la población? ¿Qué habría ocurrido con la justicia si Juana, Celia, Paola hubieran pertenecido al percentil económico más alto de la población en sus países?
Ya que los estándares están, el espacio de lucha por la justicia tiende a ubicarse en el derecho penal. Esta es la forma mas simple, menos efectiva y más peligrosa desde una perspectiva de derechos humanos para intentar solucionar un problema. Es la mas simple al ser de fácil acceso (presentar una querella en tribunales no es difícil) y de mayor impacto mediático. Querer castigar a la persona que ha hecho algo malo es normal. Sin embargo, el derecho penal es en general un instrumento inadecuado para solucionar problemas estructurales. La responsabilidad se sitúa en una o varias personas responsables directas del daño y los representantes del Estado salen en los medios exigiendo el peso de la ley a los responsables como si el estado no hubiese generado las condiciones estructurales para que dichos daños ocurrieran y sigan ocurriendo. En el caso de la falta de acceso al aborto expedito para niñas embarazadas producto de violación, el juicio penal en contra del violador sexual no elimina ni repara al menos parte del daño. La falta de perspectiva de género en el derecho penal además hace que el costo de denunciar y llevar adelante una causa penal sea demasiado alto económica y socialmente para unos resultados arriesgados y que llegarán cuando ya sea demasiado tarde. Mientras tanto, el Estado no se hace cargo de las condiciones estructurales que dieron lugar no solo a la violación sexual, sino a la falta de respuesta efectiva por parte de los servicios públicos frente a la violencia sexual.
El derecho penal no solo es inefectivo, sino que termina siendo peligroso para la protección de los derechos humanos. Las cárceles se llenan más fácilmente de gente pobre y el aumento de la población carcelaria, especialmente de las mujeres, es muy preocupante.
Recomendaciones para sociedad civil y los estados
- Involucrar a personas expertas en ramas del derecho que están mas alejadas de la creación de estándares internacionales y acercarlas a pensar en soluciones prácticas a las causas que no logramos cerrar. ¿Qué tiene que aportar el derecho comercial, el derecho penal de delitos de cuello blanco, el derecho tributario, el derecho económico a estos temas? ¿Cómo ampliamos la mirada de derechos humanos a otras disciplinas? ¿Cómo dejamos además de pensar en el derecho penal como la solución a los problemas?
- Repensar el uso del derecho penal y reducirlo a casos de reparación especifica. Analizar los efectos dañinos que puede tener el uso de modelos punitivos para buscar soluciones a problemas estructurales contra la violencia. Tal vez la solución no está en más penas privativas de libertad, sino en sistemas de justicia más expeditos. Las soluciones de largo plazo no se encuentran en el mismo lugar donde se pelean las reparaciones a daños específicos.
- Apoyar la ratificación y aplicación de la Convención 190 para la prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (C190). Si bien ninguna de las causas abiertas se refiere a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, esta es una herramienta que tiene un gran potencial de cambio. La violencia es un continuo. Para que la violencia sexual y de género deje de ser normalizada, tenemos que buscar otros espacios y reducir su propagación en ellos también. La Convención se refiere a la violencia en el sector informal y también a la necesidad de los empleadores de prevenir y apoyar a las personas que sufren violencia doméstica.
Todas ellas dan cuenta de una relegación de las mujeres a un segundo plano por parte de los estados. El gran común denominador es que el Estado no prioriza a las mujeres y las niñas. Evidencia de esto es que hemos aprendido a normalizar la violencia sexual y a adaptar nuestras vidas alrededor de ella. Para la mayoría de las mujeres la violencia sexual es una probabilidad real en la vida cotidiana. Las estadísticas nos indican que en esta sala sabemos de la violencia sexual porque alguien cercano la ha sufrido o la sufrimos directamente. La mayoría de las mujeres arreglamos nuestra cotidianeidad alrededor de una pregunta tan normalizada que ya ni nos damos cuenta de ella: ¿cómo evito la violencia sexual? ¿si tomo este trabajo, voy a estar segura? ¿Si voy a esta fiesta, voy a estar segura? ¿Si tomo el bus que me lleva a la casa en la noche, corro más riesgos? ¿Si tomo un trago más, voy a estar segura? Y esas preguntas nos las hacemos por nuestras hijas, sobrinas, nietas, madres y amigas. Vivir así no puede ser normal.
La Causas Abiertas se cerrarán cuando logremos la igualdad, y un buen indicador de la igualdad es si las mujeres pueden caminar sin temor a sufrir violencia sexual, si pueden protestar sin temor a sufrir violencia sexual.
La violencia sexual no es un problema de mala suerte, improbable de ocurrir. Que le caiga un rayo a alguien es mala suerte. Que a una niña indígena la viole un grupo de hombres blancos no es mala suerte, es una probabilidad. Que las niñas de un hogar del Estado sufran violencia sexual no es mala suerte, es una probabilidad. Que la policía vaya a ejercer violencia sexual contra mujeres detenidas por razones políticas o de cualquier índole, no es mala suerte, es una probabilidad. Que una adolescente llegue con un embarazo complejo producto de violación a un hospital no es mala suerte. Es una probabilidad. Tenemos regulaciones aeronáuticas estrictas para disminuir casi al máximo la probabilidad de que los aviones se caigan. Tenemos regulaciones estrictas para disminuir la probabilidad de que los autos no causen accidentes. Los estados gastan millones para aumentar la probabilidad que los inversionistas quieran invertir en su país. Pero seguimos sin regulaciones que reduzcan la probabilidad de que las mujeres y niñas sufran violencia sexual.
Sin educación sexual integral, acceso a salud reproductiva y a medidas que cambien los patrones culturales que relegan a las mujeres y niñas a un segundo y tercer plano, estas causas seguirán abiertas.