Muy buenas tardes. Me honro en dar lectura a esta declaración política, surgida del
Foro Feminista realizado de forma previa a la XV Conferencia Regional de la Mujer.
A ese Foro llegamos -por primera vez en la historia de las Conferencias regionales-
más de mil mujeres, feministas de todas las diversidades de nuestro continente, a las
que nos convocó el tema a discusión, porque nada muestra tanto la injusticia de
género, como la división sexual del trabajo, premisa sobre la que se monta la idea de
que el trabajo de cuidado no remunerado es nuestra responsabilidad exclusiva,
producto del “amor” e históricamente feminizado.
Los feminismos hemos examinado los costos económicos y sociales que tiene la
reproducción de la vida para las personas, familias, comunidades y Estados. Hemos
visibilizado en qué medida el trabajo que hay que poner en juego para que se sostenga
la existencia individual y colectiva, constituye la base de la producción económica y
de la acumulación capitalista. Sin cuidados no hay vida y cuidar -a otras personas, a
una misma o al entorno- implica trabajo. Se ha denunciado que ese trabajo de
sostenimiento está principalmente a cargo de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas, adultas mayores), que lo realizamos en los hogares y comunidades de forma
no remunerada y precarizada. Hemos puesto en evidencia las formas en que la
acumulación de capital se basa en la expropiación de los tiempos y las energías
necesarias para sostener la vida y los lazos sociales.
Por ello hemos pugnado por años para avanzar hacia las sociedades del cuidado, que
suponen la formulación de políticas integrales que reconozcan, redistribuyan y
reduzcan el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que nos aseguren la
autonomía económica y -de esta manera- la autonomía en otras esferas de la vida.
Porque la sobrecarga de trabajo no pago que vivimos, profundiza y agrava
desigualdades, impidiéndonos determinar el uso del tiempo o disponer de tiempo
libre.
Luego de la larga pandemia que profundizó la crisis y dejó al desnudo la fragilidad de
los sistemas de salud, los gobiernos tienen el desafío de consolidar procesos que
reactiven la economía mundial y desarticulen la injusta y desigual división sexual del
trabajo, reconociendo que tareas reproductivas y productivas son igualmente
necesarias para el desarrollo digno de las naciones y sus pueblos, y promoviendo el
respeto a la madre tierra, garantizando su cuidado porque de ella depende nuestra vida
y la del planeta.
Hoy venimos aquí a ratificar las propuestas y exigencias que hemos señalado antes,
por ello hacemos nuestro el documento elaborado y entregado por las compañeras
argentinas a la CEPAL y ONU Mujeres en junio pasado y a ello agregamos:
1. El derecho al cuidado tiene que ser considerado como un derecho humano desde
una doble exigencia: en primer lugar, los Estados deben garantizarlo a todas las
personas independientemente de su situación de vulneración o dependencia. En
segundo lugar, el trabajo de cuidados sostiene a las sociedades de tal manera que
es fundamental que los Estados -y la sociedad en general- reconozcan su
importancia y el impacto que este ha generado y genera a las mujeres y niñas
debido a su injusta distribución.
2. Los Estados tienen la obligación de adoptar e implementar leyes, políticas y
programas con suficiente presupuesto dirigidos a la creación de sistemas
integrales de cuidado que desarrollen infraestructuras y servicios accesibles,
próximos y de calidad y que incorporen una perspectiva de género, de
interseccionalidad y con pertinencia cultural, con un enfoque feminista que
analice y comprenda el impacto del cuidado en las vidas de las mujeres y niñas en
toda su diversidad. Los sistemas de cuidado deben asumirse como una inversión,
no como un gasto y deben contemplar la co-responsabilidad del Estado, las
comunidades, las familias y el mercado.
3. Los desalojos y otros procesos de expulsión producto de la voracidad inmobiliaria
y extractivista -tanto sobre los territorios ancestrales como los urbanos- amenazan
la vida de las comunidades y son causa de migraciones forzadas y mayores niveles
de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido reclamamos a los Estados mayores
esfuerzos para garantizar el acceso de las comunidades campesinas y de pueblos
originarios y afrodescendientes al agua y a la tierra, como aspectos clave que
permiten el sostenimiento de experiencias de cuidados comunitarios. Asimismo,
reclamamos se garantice el uso social de la tierra en los territorios urbanos, y el
acceso a una vivienda digna y a infraestructuras y servicios que permitan la
colectivización de los trabajos de cuidado.
4. El trabajo de cuidado no remunerado aumenta el tiempo de trabajo total de las
mujeres. Además las ocupaciones que se relacionan con la economía del cuidado,
suelen generar empleo en el sector informal sin cobertura sanitaria y protección
social, en general reciben los salarios más bajos de la economía y conllevan
mayores riesgos de enfrentar formas múltiples e interseccionales de
discriminación, violencias y marginación. Por ello los conminamos a adoptar las
medidas de política, normativas, institucionales y administrativo-operativas
necesarias para la inclusión de las trabajadoras remuneradas del hogar y de las
cuidadoras no remuneradas a los sistemas de seguridad social, como un medio
indispensable para la justicia social y la sostenibilidad de las sociedades del
cuidado en la Región.
5. El trabajo de cuidados que realizamos a través de las organizaciones comunitarias
en muchos de nuestros países -que ha permitido a los sectores más vulnerables
afrontar los impactos de pobreza estructural y de las crisis socioeconómicas de los
últimos años- sigue invisibilizado, lo mismo que los cuidados realizados por las
mujeres indígenas: sanadoras, curanderas, hierberas, cuidadoras de la madre
tierra.
6. Los Estados deben impulsar una agenda de cuidados que considere a las niñas y
adolescentes como sujetas de derecho, aportando a minimizar la imposición de
responsabilidades de cuidados como algo que no les corresponde, reconociendo
el valor y el impacto del trabajo no remunerado que realizan y transformando la
mirada adultocéntrica que ha prevalecido hasta ahora en una más inclusiva,
respetuosa y que promueva la solidaridad intergeneracional. Porque la desigual
distribución del trabajo no remunerado les restringe las posibilidades de salir del
espacio doméstico para la recreación y la participación en actividades sociales,
políticas y comunitarias, así como continuar con su educación. Por lo tanto,
es necesario generar para jóvenes fuentes de empleo formales y flexibles que
permitan -en especial a aquellas casadas o unidas- tener un ingreso
digno para que cuenten con más opciones para formar o continuar su plan de vida.
7. Los Estados deben reconocer el derecho al cuidado de las personas con
discapacidad desde un enfoque de autonomía, con el apoyo necesario para
asegurar el autocuidado y reivindicándolas como personas cuidadoras, generando
los mecanismos y apoyos para que puedan ejercer su derecho a cuidar.
8. Los sistemas de cuidado que se implementen deben considerar las necesidades de
salud y el abastecimiento de medicamentos de las mujeres que viven con VIH, así
como reconocer, que las tareas de cuidado que éstas realizan impactan
negativamente en el autocuidado, el diagnóstico oportuno y la adherencia al
tratamiento.
9. La vida de las mujeres que ejercen el trabajo sexual está atravesada por la
violencia institucional, en forma de persecución, allanamientos injustificados,
detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, extorsiones y amenazas por
parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Por ello urge que los Estados de la
región implementen medidas preventivas, de protección y atención que
contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia basadas en el
género, incluyendo las violencias y vulneraciones a los derechos humanos de las
que son víctimas las mujeres que ejercen el trabajo sexual.
10. El debate sobre el cuidado nos permite construir un continente donde las
ciudadanías emergentes tengan una voz fuerte sin vivir en el terror de perder sus
vidas, o en el miedo permanente a la exclusión. Por ello necesitamos una agenda
innovadora de mujeres, paz y seguridad, para prevenir y enfrentar todas las formas
de violencia contra las mujeres. ¡Exigimos respeto a la vida de las mujeres y
decimos NO a la intervención militar en Haití! Al tiempo que llamamos a un
ejercicio permanente de debate que permita la construcción de sociedades
incluyentes y justas basadas en el cuidado y en dónde se proteja el derecho a
defender derechos humanos.
11. La crisis migratoria regional -mayoritariamente venezolana- obliga a los Estados
a promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes,
refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente de mujeres, niñas, adolescentes y
personas género-diversas, cuya situación de movilidad incrementa su
vulnerabilidad a la violencia basada en género. Las migrantes se ocupan en
empleos de cuidados altamente precarizados, constituyendo así las cadenas
globales de cuidado en cuyo origen está la responsabilidad asignada a las mujeres
de asegurar la sostenibilidad de los hogares en contextos de crisis de reproducción
social.
12. Es urgente que los Estados elaboren programas de empleo real con salario digno,
acceso a programas de vivienda, educacion pública, y salud integral para las
mujeres que viven y reconocen en la prostitución un permanente estado de
violencia.
13. Hacemos una exigencia a los Estados para prevenir, investigar y sancionar
todas las formas de violencia basada en género que enfrentan las mujeres,
juventudes, adolescentes y niñas, particularmente las mujeres trans, travestis, las
trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo la trata y el tráfico, la explotación
laboral y sexual, el acoso, el desarraigo territorial y cultural, la vulneración de las
creencias de mujeres indígenas que llegan a trabajar a casa de familias y todas las
formas de violencia sexual, así como los feminicidios y transfeminicidios.
14. El trabajo de cuidados disminuye el tiempo y la capacidad de las mujeres para
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y acceder a la atención integral,
integrada e intercultural de la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a
los servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia y el aborto legal y
seguro, lo que cuesta la vida de las mujeres, a veces su vida física y mayormente
su proyecto de vida. De manera especial queremos llamar la atención sobre la
región centroamericana y dominicana en donde la penalización del aborto es
absoluta; y el caso de Honduras, único país en el continente que niega la
posibilidad de acceder a pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE). Así
mismo, mencionar que en 2023 la Corte IDH conocerá el caso de Beatriz, donde
se espera que el Estado salvadoreño sea condenado por los tratos crueles,
inhumanos y degradantes que ella enfrentó debido a la penalización absoluta del
aborto. En un marco de retrocesos democráticos en la región centroamericana este
caso trae esperanzas para avanzar en la justicia reproductiva en toda América
Latina y el Caribe.
15. La transformación cultural que se requiere -para afianzar la idea de sociedades del
cuidado- pende de políticas de educación que sean integrales, incluida la
Educación Integral e intercultural en Sexualidad, que revierta las relaciones
desiguales e inequitativas de género, asegurando una efectiva redistribución de las
tareas de cuidados entre hombres, mujeres y personas en toda su diversidad.
16. En las resoluciones del sistema de justicia hay revictimización, el sistema no es
accesible, se utile un lenguaje encriptado y se retardan los procesos de forma
injustificada. Como consecuencia, no tenemos acceso a una tutela judicial efectiva
cuando se acude al sistema para hacer valer nuestros derechos. Repudiamos las
injusticias que persisten en el trabajo persecutorio de los sistemas judiciales e
instamos a los gobiernos a que impulsen reformas estructurales para garantizar el
acceso a la justicia y consolidar poderes judiciales con perspectiva de género y
diversidad. No hay sociedades de cuidado sin reformas judiciales feministas.
17. Hacemos un llamado enérgico a los Congresos de la región a presentar iniciativas
de leyes de cuidados -o aprobar las que están en espera de sanción-, que permitan
la creación de política pública y que reconozcan y garanticen tanto los derechos
de las personas que requieren cuidados como los de las cuidadoras.
18. Los Estados tienen la obligación de promover y garantizar el respeto a la Laicidad
y pluralidad religiosa, una verdadera separación de las Iglesias y los asuntos
políticos permitirá avanzar en el cumplimiento y acceso a derechos para que las
mujeres en toda su diversidad puedan tomar decisiones de manera informada, en
libertad de conciencia, con autonomía, libres de prejuicios y culpa. Creemos en la
justicia terrenal y condenamos la reciente ola fundamentalista religiosa que
criminaliza y encarcela a las mujeres por abortos y promueve la violencia
reproductiva y obstétrica.
19. Hacemos un llamado insistente para contar con datos estadísticos desagregados
por edad, por grupos étnico raciales como pueblos indígenas y afrodescendientes,
sexo, estado civil, identidad de género, orientación sexual, discapacidad y todos
aquellos que resulten necesarios para tener más información sobre el trabajo de
cuidados; para la generación e implementación de políticas públicas según
necesidades de las mujeres en toda su diversidad.
20. Ninguna política pública rendirá los frutos que exigimos, si se implementa desde
regímenes de gobierno autoritarios, que no escuchan voces ciudadanas y que
cierran las puertas de la democracia. De forma particular, denunciamos la
dictadura en Nicaragua que violenta de manera sistemática a las defensoras de
derechos humanos, que reprime la movilización social y que expulsa o encarcela
a la disidencia. ¡Exigimos libertad inmediata para las presas políticas del régimen!
Señoras y señores representantes de gobiernos, actualmente enfrentamos una crisis
climática que pone en riesgo la vida de millones de personas, en ese marco, la
pandemia en América Latina profundizó los problemas estructurales y produjo un
marcado incremento en la desigualdad social con retroceso de 27 años en la pobreza
extrema, con impactos negativos desproporcionados en las mujeres en todos los
órdenes de la vida.
Sabemos que las recomendaciones de los organismos financieros internacionales
centradas en impulsar políticas de austeridad y de reducción de gastos públicos no
son las adecuadas para impulsar la sostenibilidad ambiental y reducir los rezagos
sociales y las brechas estructurales. ¡NO LES ESCUCHEN! La prioridad no puede
ni debe ser garantizar el servicio de la deuda externa, sino penalizar la
hiperconcentración de la riqueza.
Venimos a decir que se requiere de los esfuerzos públicos para promover nuevos
modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro e impulsen un un pacto
fiscal que sostenga verdaderas políticas de cuidado. También se requiere
redireccionar la política económica hacia el consumo de hogares y la generación de
empleo digno. Avanzando hacia la universalización de los sistemas de protección
social y salud. En este momento de la historia en todos los países sabemos que las
horas dedicadas a las tareas de cuidado sostienen a las sociedades y subsidian al
capitalismo. Ahora estamos reunidas en esta XV Conferencia Regional de la Mujer
para impulsar acuerdos distintos, más justos para las mujeres y más realistas para las
actuales necesidades.
Hoy no alcanzan los diagnósticos, las buenas intenciones, ni las declaraciones
comprensivas, es fundamental impulsar y construir respuestas estructurales concretas
con participación de múltiples actores, en clave de derechos humanos, desde una
perspectiva de género, interseccional, transversal e incluyente de todas las
diversidades hoy discriminadas y excluidas.
¡HOY MÁS QUE NUNCA RECLAMAMOS JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA
ECONÓMICA Y JUSTICIA DE GÉNERO!