El estado de emergencia y crisis sanitaria obligó al Estado peruano a dictar una serie de medidas restrictivas para frenar el coronavirus. Estas directrices han profundizado las brechas económicas, sociales y de género, siendo las mujeres una de las poblaciones más afectadas.
La pandemia ha impactado en la vida de todas las personas de diversas formas, pero ha profundizado las desigualdades de género existentes. Aunque se han tomado ciertas medidas para combatir la crisis, algunos de los aspectos más importantes y poco atendidos han sido la profundización de la violencia de género, la sobrecarga de trabajo por los roles tradicionales de cuidado, los obstáculos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y el incremento de la pobreza.
La violencia de género ha aumentado durante la pandemia en Perú, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En el periodo del confinamiento, de marzo a diciembre de 2020, se registraron 32.401 casos de violencia física, 40.138 casos de violencia psicológica, 11.018 casos de violencia sexual y 340 casos de violencia económica. Asimismo, durante este periodo 1.175 niñas menores de 14 años han sido obligadas a parir y se han registrado 121 feminicidios y 281 tentativas.
La vacunación ha demostrado ser una de las medidas más efectivas para combatir el coronavirus. Sin embargo, un sector de la población tiene mucho temor a vacunarse, debido al desconocimiento general y los altos niveles de desinformación que circulan en las redes sociales y algunos medios de comunicación.
En respuesta a este contexto, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán –integrante de la AFM– está ejecutando el proyecto “Juntas Contra la Covid-19” en Lima, Ucayali, Cusco y Junín, contribuyendo a disminuir los impactos de la pandemia sobre los derechos de las mujeres de zonas rurales, andinas, amazónicas y urbanas en condiciones de pobreza. Para ello se están desarrollando actividades de fortalecimiento de capacidades y conocimientos sobre violencia de género y Covid-19 con mujeres y jóvenes de las zonas de intervención y una campaña de comunicación para evidenciar la vulneración de sus derechos y exigir medidas que prioricen su salud, educación y alimentación, además de incentivar a la población a seguir cuidándose con los protocolos y a vacunarse.