Perú necesita una gran transformación y cambios sociales que garanticen los derechos de todas las personas. El caso “vacunagate” nos confirma que el coronavirus no es la única pandemia que tenemos que superar.
El 2021 llegó con la esperanza de la vacuna contra el Covid-19, en un contexto de plena campaña electoral, en el tránsito de una posible reactivación económica y en la recuperación tras un golpe de Estado que dejó muertes y cientos de jóvenes heridos/as.
La segunda ola de contagios comenzó y nos enfrentamos a un sistema de salud más deteriorado del que conocíamos. Pasó un año desde el inicio de la emergencia nacional en el Perú y seguimos sin camas UCI, oxígeno ni profesionales especializados. La cuarentena retomó con los altos índices de violencia de género que dejó el aislamiento anterior y con ninguna estrategia visible para enfrentarlo en este nuevo contexto.
Vivimos días difíciles, en los que la desigualdad es cada vez más profunda. Las poblaciones más empobrecidas no solo luchan contra el coronavirus, sino también contra el hambre. La pandemia afectó a todas las personas, pero no a todas por igual. Sin embargo, la ilusión de la llegada de las vacunas al país generó un sentimiento de alegría general, anhelo y expectativa por un mejor futuro no tan lejano. Fuimos testigos de cómo el presidente Francisco Sagasti recibía una de las primeras dosis y la ex-ministra de Salud le mentía al país diciendo que sería la última en vacunarse.
El 12 de febrero nos enteramos que 487 funcionarios públicos, políticos y otras personas con poder utilizaron su posición para inmunizarse contra el Covid-19. Usaron la vacuna de Sinopharm, que llegó el año pasado como complemento de las dosis utilizadas para los ensayos clínicos de este laboratorio.
Indignación, dolor y corrupción son algunas palabras que pueden describir lo ocurrido. Mientras miles de profesionales de salud morían en la lucha contra el virus, mientras miles de peruanos y peruanas rogaban por una cama en un hospital y se endeudaban por mantener con vida a sus familiares, un grupo exclusivo de funcionarios, corruptos, indolentes e individualistas colocaban sus propios intereses sobre su deber como servidores públicos.
A 200 años de la independencia del Perú, continuamos viviendo bajo un Estado clientelista, corrupto, patriarcal y neoliberal. Que beneficia a algunos, a los integrantes de los círculos más altos, y deja dejan en completa desprotección a la población, más aún a las mujeres.
Necesitamos cambios estructurales, refundar el Estado y darle contenido a la democracia. Tenemos un Estado deshumanizante y por lo tanto indolente, que naturaliza prácticas corruptas y clientelares. Una democracia real, paritaria y con igualdad de género es lo que queremos, que albergue un Estado que defienda la salud y la vida de sus ciudadanas/os por encima de cualquier otro interés.
Las feministas, profundamente decepcionadas y esperando que el bicentenario sea oportunidad para plantear no una celebración, sino una reflexión crítica sobre la democracia y el Estado que queremos, exigimos investigación y sanción a los reales responsables, no sólo a quiénes se vacunaron, sino a quiénes aprobaron y dirigieron estos hechos.
Demandamos que el gobierno actual garantice que esto no entorpezca la atención a la pandemia. El proceso de vacunación debe ser transparente, ágil, seguro y gratuito.
Además, sectores del Congreso del Perú han querido aprovechar este contexto de crisis y exaltación por justicia de la población para solicitar el cambio de los integrantes de la Mesa Directiva del poder legislativo. Los mismos que el año pasado respaldaron el golpe de Estado de Manuel Merino.
Esta situación no puede ser utilizada por sectores obstruccionistas. Nos encontramos solo a dos meses de las elecciones, un cambio político solo podría desestabilizar al país, sólo irá en contra de quienes más sufren y menos recursos tienen para hacer frente al Covid-19 y sus impactos.