El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo consiguió media sanción en Diputados el pasado jueves 10 de diciembre.
La marea feminista volvió a inundar las calles con pañuelos verdes, barbijos y la convicción de que terminar con el aborto clandestino es urgente. El que propone despenalizar y legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación fue enviado a Diputados por el Ejecutivo argentino ante la presión implacable de los movimientos feministas, y entre el 1º y el 3 de diciembre fue discutido en sesiones donde 70 expositores/as profundizaron argumentos a favor y en contra de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proyecto obtuvo dictamen por amplia mayoría en las cuatro comisiones -Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad, y Acción Social y Salud Pública-, por lo que obtuvo luz verde para ser tratado en Cámara Baja.
El jueves 10 por la mañana, el proyecto comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados. Mientras, afuera del Congreso, en plazas y calles de todo el extenso país, la lucha feminista se hacía oir en un reclamo histórico: el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. La vigilia se extendió durante toda la noche -como aquel 8 de agosto de 2018 que nos encontró con la misma convicción- y se multiplicó en cantos, abrazos, rondas, partidos de fútbol, comidas compartidas y banderas que flamearon por la tarde y que abrigaron cuando la madrugada bajó la temperatura.
Luego de un debate de casi 20 horas, los y las diputadas dieron media sanción al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo con 131 votos positivos. A un paso de ser ley, la Cámara de Senadores definirá si Argentina da el paso hacia el aborto legal o continúa sometiendo a miles de personas a la clandestinidad. El lunes 14 de diciembre el proyecto comenzará a debatirse formalmente en la Cámara Alta, en las Comisiones de Justicia, Salud y Banca de la Mujer. Se espera que el 17 o 18 haya dictamen y que el 29 o 30 de diciembre se discuta en Senadores.
Las proyecciones no son tan certeras como en Diputados: se estima una votación muy ajustada. Algunos recuentos extraoficiales apuntan a que habrá 36 a favor y 35 en contra, por lo que la atención se concentra en las y los indecisos, aquellos senadores que aún no han hecho pública su posición. Si hay empate, la definición quedará en manos de la ex-presidenta argentina y actual vice-presidenta Cristina Fernández, quien preside el Senado.
Los feminismos confiamos en que finalmente sea ley y esperamos no repetir la amarga experiencia de 2018, cuando los 38 votos negativos se impusieron ante los 31 positivos y nos negaron el derecho a decidir sobre nosotras mismas. A días de terminar un año difícil, la esperanza feminista arde para hacer del lema #AbortoLegal2020, una realidad.
La maternidad será deseada o no será
Las cifras hablan por sí solas: los abortos suceden. Lo que está en discusión es seguir en la clandestinidad o beneficiar a las mujeres con un marco que garantice condiciones de seguridad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73.3 millones de abortos. Entre ellos, uno de cada tres se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas. Con respecto a las cifras sobre abortos clandestinos, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que en Argentina se realizan entre 350.000 y 520.000 por año. Por su parte, según el relevamiento de LATFEM, al menos 16 niñas, adolescentes y adultas fallecieron en la Argentina como consecuencia de abortos inseguros en los últimos tres años. Tres de estas muertes se produjeron durante la cuarentena por el coronavirus.
Entre los argumentos más esgrimidos por los diputados antiderechos -exceptuando los dichos moralizantes, eclesiásticos y fundamentalistas- se encuentran lo inoportuno del momento para tratar esta ley por la pandemia y que hay que focalizar en erradicar la pobreza. Lo cierto es que los derechos de las mujeres siempre quedan relegados y seguimos muriendo en el intento, incluso un derecho tan básico como el de decidir sobre nuestros propios cuerpos y sobre nuestros proyectos de vida. El aborto es un problema de salud pública, las muertes por abortos clandestinos son evitables si se aseguran condiciones de salud en el procedimiento. Esta ley significa avanzar en la ampliación de derechos y caminar hacia mayores condiciones de igualdad porque, si bien se practican abortos en todas las clases sociales, las que mueren son las mujeres de sectores más vulnerados, las que no pueden acceder al negocio de las clinicas privadas.
Como afirmamos históricamente, queremos “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, y lo queremos para ejercer nuestro derecho a elegir. El aborto legal no perjudica a quienes no desean practicarlo, pero el aborto clandestino mata a quienes sí lo desean.
El proyecto y sus modificaciones
¿Qué propone el proyecto de ley y cuáles son las modificaciones que se establecieron en la Cámara Baja?
El proyecto de ley establece que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive. Fuera de ese plazo, tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo sólo si este fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona embarazada. También estipula que toda persona tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Se ofrecerá consejería pero no será obligatoria. El sistema de salud debe garantizar, tanto en el proceso de IVE como en el de post-aborto: trato digno, confidencialidad, privacidad, acceso a la información, autonomía y calidad. Por otra parte, el proyecto consigna que el Estado Nacional, las Provincias, la CABA y los Municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, así como capacitar a docentes y personal de la salud.
En cuanto a las modificaciones realizadas en Cámara Baja, el proyecto establecía que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para prestar su consentimiento, mientras que las personas menores de 13 años podrán solicitar una IVE mediante su consentimiento informado, con la asistencia de al menos uno/a de sus progenitores/as o representante legal; y las que estén entre los 13 y 16 años pueden decidir de manera autónoma, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida, en cuyo caso será necesario su consentimiento y el de al menos uno/a de sus representantes legales. Esto fue modificado, y se estableció que las personas menores a 16 años pueden intervenir con asistencia letrada «en situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales”.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la objeción de conciencia: el proyecto establecía que el o la profesional de salud que intervenga de manera directa en la IVE tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, que deberá derivar a la paciente para que sea atendida sin dilaciones y adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica, que se fijan diferentes penas para profesionales de la salud que dilaten, obstaculicen o se nieguen a practicar la IVE en contravención de la normativa vigente, y que no se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria post-aborto. La modificación tiene que ver con las obligaciones que tendrán los establecimientos de salud donde todos los profesionales sean objetores de conciencia: incluyó un nuevo artículo que establece que «aquellos efectores de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que sea de similares características al que la persona solicitante de la prestación consultó».
Foto de portada: La tinta