¿Las actuales vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, son causadas por la pandemia o por las desigualdades ya existentes? ¿La causa de la crisis sanitaria, es el Covid 19 o los bajos presupuestos destinados a los sistemas de salud? ¿Son las medidas generadas por la pandemia las responsables, o lo es la subvaloración de la vida de las mujeres? En torno a estas preguntas conversamos en el “Escuchatorio” Regional del 26 de octubre.
El “Escuchatorio” Regional: Vulneraciones a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en tiempos de pandemia intentó invertir la lógica de los “conversatorios”, en los que hay poco espacio para que las mujeres y las organizaciones feministas puedan hablar. Fue convocado por: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, El Salvador; Articulación Feminista Marcosur – AFM; Articulação de Mulheres Brasileras – AMB; Espacio de Encuentro de Mujeres, Panamá; Flora Tristán, Perú; Incidejoven, Guatemala; La Morada, Chile; La Sombrilla Centroamericana; y el Programa Feminista La Corriente, Nicaragua.
Más de 1200 personas asistieron a través de distintas plataformas virtuales, incluyendo integrantes de las agencias del sistema de Naciones Unidas y de otros organismos e instancias encargadas de velar por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR).
Las violaciones a los DSR, con la excusa de la pandemia, se han agudizado y han profundizado las desigualdades ya existentes. Según lo que hemos relevado en el sistemadealertasregional.org y como presentó la experta colombiana Ana Cristina González Vélez, existen al menos 5 patrones comunes de vulneraciones que abarcan todos los países y todo el ciclo de la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas:
– Mortalidad materna.
– Barreras de acceso a métodos anticonceptivos
– Barreras de acceso al aborto seguro
– Violencia sexual y embarazo no deseado.
– Aumento del uso del poder punitivo del Estado
Algunos ejemplos que nombró González Vélez incluyen el hostigamiento y allanamientos a las organizaciones sociales en Honduras, las agresiones contra activistas y defensoras en Nicaragua, el pago de un subsidio a niñas embarazadas en Panamá y la falta de atención para 550.000 mujeres y sus bebés en Perú. Estos y más casos se pueden encontrar con mayor desarrollo en el sistemadealertasregional.org
“Las vulneraciones observadas se concentran en los grupos que ya mostraban las mayores desigualdades antes de la pandemia”, afirmó González Vélez. “Las mujeres más pobres, las negras, las indígenas, las jóvenes, entre otras, llevan las peores consecuencias”.
Las siguientes expertas analizaron la situación particular de cada uno de sus países y regiones.
Comenzó Lia Maria Manso Siqueira, de CRIOLA (Brasil), quien destacó que las condiciones de acceso a los DSR ya eran precarias antes de la pandemia. Brasil es el tercer país más afectado por el Covid 19 en el mundo y el derecho a la salud está siendo atacado en todo el territorio. Las desigualdades de género y raza estructurales se ponen de manifiesto en la alta tasa de mortalidad materna, por ejemplo, que aumentó considerablemente con la pandemia, en especial en mujeres negras. Las mujeres afrodescendientes tienen aún más dificultades que las blancas para hacer valer sus DSR, en especial en un país gobernado por militares declarados contrarios al aborto y a favor de la “familia tradicional”.
Le siguió Jolúzia Batista, de la Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB, integrante de la AFM), que habló sobre las dificultades en la lucha por el aborto legal y sobre cómo obligan a las niñas, adolescentes y mujeres a continuar con sus embarazos producto de violación. Desarrolló el conocido caso de la niña de diez años, violada desde los seis por su tío, que fue amenazada por grupos fundamentalistas para llevar a cabo su embarazo.
Luego tomó la palabra Francisca Pérez, de La Morada (Chile, integrante de la AFM). Como no podía ser de otra forma, comenzó su intervención destacando el momento histórico vivido en su país el día anterior: “Ayer, 25 de octubre, hemos dado el primer paso hacia el fin de la transición. Una transición pactada entre la dictadura y la oposición institucional. Sostenida sobre el olvido, la impunidad y la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres, los pueblos, las disidencias. Sostenida sobre la totalidad del capital en su violencia feroz. Ayer, el 78,27% de las personas de este país manifestó la voluntad de transformar un sistema precario y desigual que precariza también la vida de las mujeres, hombres, pueblos y disidencias”.
Luego hizo un breve análisis sobre la vulneración de los DSR en Chile, haciendo hincapié en la violencia institucional, la tortura y la violencia sexual ejercida por el Estado desde el comienzo de la revuelta social. “Entre el 18 de octubre y el 18 de diciembre de 2019 se presentaron siete veces más querellas contra carabineros por violencia sexual que los nueve años de vida del INDH”, detalló. La pandemia, además, dificulto la atención médica y el cumplimiento de la -insuficiente- Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.
Morena Herrera (El Salvador), de La Sombrilla Centroamericana, comenzó recordando que en Mesoamérica y el Caribe se encuentran cuatro de los cinco países americanos que penalizan el aborto de forma absoluta. Centroamérica es una de las regiones del continente con mayor desigualdad económica y con la legislación más restrictiva en materia de DSR, cuestiones que se han agravado con la pandemia. A la vez que se fortalecen los sectores conservadores y los gobiernos autoritarios, aumentan las barreras de acceso a la salud sexual y reproductiva, se limita el acceso a la anticoncepción y se reducen los servicios de control en todo el proceso del embarazo. La pandemia hizo aún más difícil denunciar la violencia sexual e imposibilitó el acceso a los abortos clandestinos, que cada vez son más riesgosos. Herrera puso como ejemplo Guatemala, donde el número de embarazos en niñas y adolescentes fue el doble que en los años anteriores. A su vez, aumentaron los suicidios en adolescentes embarazadas.
María Teresa Blandón (Nicaragua), también de La Sombrilla, se centró en la situación de las defensoras de Derechos Humanos, que actúan en contextos cada vez más restrictivos y peligrosos en la mayoría de los países centroamericanos. Los gobiernos las tratan como sus enemigas y no aplican las medidas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a aquellas que se encuentren amenazadas o en riesgo. “El incremento de los fundamentalismos religiosos desde una perspectiva ultraconservadora está contribuyendo a crear entornos cada vez más hostiles hacia las defensoras. Podemos decir que hay una política oficial de hostigamiento y desgaste hacia las organizaciones feministas y de defensa de los DDHH”, señaló. Asimismo, en materia de DSR, “hay una deliberada política de ocultamiento de la situación de las mujeres en términos de acceso a la justicia y a los servicios”.
Finalizó Cecilia Olea, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (integrante de la AFM), quien hizo hincapié en las consecuencias de “arrancar la infancia” y la forma en la que el Estado castiga a las niñas violadas. En Perú, la estrategia estatal ante el Covid 19 tuvo un enfoque sanitarista, punitivista y urbano, centrado en la clase media alta (a pesar de que solo el 28% de la población tiene empleo formal). El sistema de salud fue dirigido solo a atender la pandemia, dejando en segundo plano toda otra atención médica. Se suspendieron las garantías constitucionales, se instaló un toque de queda a nivel nacional y las Fuerzas Armadas quedaron a cargo del orden público. En lo que va del año, 20 niñas menores de diez años y 738 niñas de entre diez y 14 años fueron madres producto de violación. A todas ellas se les negó el aborto terapéutico, a pesar de que la ley lo permite, y solo 250 recibieron el Kit de Emergencia ante casos de violencia sexual.
Penalización del aborto, falta de acceso a la salud, violencia sexual contra niñas y adolescentes y amenazas contra defensoras
Luego se dio la palabra a feministas de varias organizaciones, con la intención de hacer un rápido paneo de cómo la pandemia afectó a los DSR en distintos puntos de la región.
Ana Cristina Vera (Surkuna, Ecuador) mencionó la falta de un enfoque de género en el acceso a la salud, en especial la relacionada a los DSR.
Laura Castro (La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Colombia) hizo énfasis en las barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que no es visto como un servicio esencial de salud.
Natalia Saralegui (Argentina) habló de las mujeres criminalizadas por eventos obstétricos y Daniel Teppaz (Red de Acceso al Aborto Seguro – REDAAS, Argentina) afirmó que la pandemia profundizó las desigualdades ya existentes en la sociedad argentina. A su vez, aseguró que las niñas de entre 10 y 14 años víctimas de violencia sexual son las que tienen mayor dificultad para acceder a los servicios de aborto, en especial durante la cuarentena.
Mónica Novillo (Bolivia) desarrolló sobre la crisis política y sanitaria que está viviendo su país, que llevó a un incremento de la violencia contra las mujeres y aumentó la mortalidad materna. Aseguró que los DSR se vieron suspendidos con la pandemia, y puso como ejemplo el caso de una niña de 12 años que murió siendo obligada a parir hace unas semanas.
Chevy Solis (Espacio de Encuentro de Mujeres – ENM, Panamá) mencionó los altos niveles de embarazo adolescente en su país e hizo hincapié en la vulneración de los derechos de las personas trans a raíz del encierro, pues el gobierno estableció un “confinamiento por sexo” que negaba su identidad. Entre abril y agosto, 31 personas trans denunciaron casos de violación en la vía pública.
Daptnhe Cuevas (Consorcio, México) explicó que la pandemia y las restricciones de movilidad hicieron que todos los DSR se vean afectados, en especial la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pues solo es legal en el DF y Oaxaca.
Line Bareiro (Centro de Documentación y Estudios – CDE, Paraguay) contó que las mujeres tienen miedo de ir a los centros de salud por la pandemia, lo que ha afectado su acceso a los DSR, y denunció que el Poder Judicial es cómplice de abuso y persecución sexual.
Lis (Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, El Salvador) hizo mención de las 18 mujeres encarceladas injustamente. A pesar de la pandemia y de que El Salvador es el segundo país con más personas presas del mundo, el gobierno no escuchó las recomendaciones internacionales y no liberó a las mujeres encerradas arbitrariamente.
Marisa Batres (Guatemala) explicó los nuevos cambios legales que limitan las funciones de las organizaciones de la sociedad civil y criminalizan a las organizaciones feministas y defensoras de los DSR.
Yildalina Tatem (República Dominicana) contó sobre las dificultades para despenalizar el aborto en el nuevo Código Penal y las resistencias por parte del gobierno y los sectores conservadores.
Rosangela y Ligia (Brasil) mencionaron algunas de las cuestiones estructurales a modificar en Brasil: reducir la desigualdad social, enfrentar el racismo institucional, fiscalizar el Ministerio de la Salud y tener transparencia en la información sobre muerte materna.
Mariana Iacono (Comunidad de mujeres argentinas con VIH) habló sobre la vulneración de los derechos de las personas con VIH, la falta de tratamientos debido a la pandemia y la dificultad para acceder a la leche materna.
Anita Peña Saavedra (Corporación Miles, Chile) desarrolló sobre la falta de Justicia sexual y reproductiva y denunció que las comunas no tienen acceso al agua ni a centros de salud, lo que impacta de forma negativa en la salud sexual y reproductiva.
Mia Camila Calderon (Perú) exigió una Educación Sexual Integral con enfoque de género para niñas y adolescentes, pues una de las mayores barreras es la falta de información, y afirmó que no hay atención disponible para niñas que sufren violencia de género.
La última en tomar la palabra fue Cecilia Stapff (Iniciativas Sanitarias, Uruguay), que explicó cómo el nuevo gobierno conservador va en contra de la “agenda de derechos”, ha causado retrasos en el acceso a anticonceptivos y disminuyó la cooperación entre la sociedad civil y el gobierno.
González Vélez y Sara García (El Salvador) dieron cierre al “Escuchatorio” leyendo algunos de los mensajes del chat y reafirmando el compromiso de todas nuestras organizaciones con la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en todo el continente. A raíz de esta actividad, las organizaciones convocantes publicamos un pronunciamiento que está disponible aquí.
El “Escuchatorio” Regional se puede ver completo aquí: