Un diputado suplente del Partido Colorado, un productor de fiestas electrónicas, docentes, abogados y otros profesionales fueron imputados por explotación sexual de menores en el marco de la “Operación Océano”. Esta red se hizo pública partir de la desaparición de una adolescente, cuyo cuerpo se encontró en marzo en el arroyo Solís Chico, en el departamento de Canelones.
La investigación de la Fiscalía comenzó a fines de 2019 en Maldonado, a raíz de una denuncia de abuso sexual que llevó a la incautación del teléfono celular de la víctima. Comprobaron que varios hombres adultos mantenían conversaciones con la adolescente desde 2018, cuando ella tenía 16 años, y que le habían pagado con dinero o drogas por explotarla sexualmente. Luego se realizaron pericias a más de 30 celulares distintos y se constataron, al menos, diez víctimas menores de edad. Según un documento firmado por la fiscal a cargo de la investigación, Darviña Viera, y sus asistentes Fulvia Favretto y Giuliana Realini, los hombres se contactaban con las adolescentes a través de la página de citas Locanto, por las aplicaciones Tinder y Badoo o por Whatsapp.
Los casos se relacionan con la desaparición de una adolescente de 17 años, cuyo cadáver fue hallado en el arroyo Solís Chico en marzo de este año. Ella y una de sus amigas habían denunciado por abuso sexual al abogado y ex juez de menores Whashington Balliva, que fue uno de los primeros imputados en la Operación. Sin embargo, la muerte de la joven no ha sido aclarada.
Hasta el momento, 20 personas fueron imputadas, la mayoría por “retribución o promesa de retribución a adolescentes a cambio de la ejecución de actos sexuales o eróticos”, un delito establecido en el artículo 4 de la Ley de Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces. También cometieron delitos de “ofrecimiento de estupefacientes” y “proxenetismo”.
Hasta que se efectúe el juicio oral, casi todos fueron imputados sin prisión, con la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. Solo uno, de nacionalidad paraguaya, fue enviado a prisión preventiva, por riesgo de fuga. En todas las audiencias actuaron tres jueces penales: Adriana de los Santos, Marcelo Malvar y Diovanet Olivera. La fiscal Viera solicitó que se disponga la suspensión en el ejercicio de la patria potestad para aquellos imputados con hijos/as, y que queden inhabilitados para ejercer funciones en el área educativa, de la salud y otras que impliquen tratos directos con infancias y adolescencias, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, pero De los Santos lo descartó.
La investigación es una de las más importantes que ha hecho la Fiscalía en los últimos años, el caso más grande desde que entró en vigencia el nuevo Código de Proceso Penal. Por la cantidad de personas formalizadas, la Fiscalía adelanta que el proceso podría demorar “varios meses”. Además, los imputados se encuentran en buena posición económica y cuentan con abogados de renombre. El periódico La Diaria afirmó que algunos de ellos incluso contrataron servicios de agencias de comunicación para “cuidar su reputación” durante el proceso judicial, y los abogados que respondieron a los medios utilizaron excusas tan disparatadas como que “su cliente no sabía que las víctimas eran menores de edad” o que “solo mantenían una relación de amistad”.
Los imputados
En mayo la Justicia formalizó a cinco hombres, cuyos nombres y rostros fueron divulgados por las redes feministas: Whashington Balliva (ex juez, denunciado por la adolescente desaparecida), Nicolás Ortiz (docente y diputado suplente del Partido Colorado), Miguel Ángel Lareamendi (abogado y docente de derecho), Mauricio Alfredo Zarco Cabrera (arquitecto) y Nicolás Chirico (empresario y productor de la fiesta “La Terraza”).
El 20 de mayo se imputaron seis hombres más, entre los que se encontraban un fotógrafo, un psicólogo, un trabajador del área de marketing y otro del rubro inmobiliario: Manuel Nande Bagnulo, Lionel Enrique D’Albenas Castro, Matías Sosa De León, Sergio Pfeffer Slobodinsky, Diego Francisco Susena y Jacques Paul Symonds.
En la primera semana de junio se sumaron cuatro hombres y una mujer, ésta imputada por el delito de “proxenetismo”, y luego tres hombres más. El 9 de junio se formalizó a la última persona hasta el momento, un hombre de 56 años que no se encontraba en el país.
Según el informativo Subrayado, la Policía continúa la búsqueda de otros cuatro hombres, tres de ellos extranjeros (de Brasil y Argentina).
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