Miles de peruanas, peruanos, defensores/as de los derechos humanos y feministas nos movilizamos para resguardar la democracia y exigimos el cierre del Congreso.
Banderolas y pancartas con la frase “Cierren el Congreso” mostraban que Perú se cansó de la actitud obstruccionista de la mayoría parlamentaria, que solo se preocupa por intereses subalternos.
El pasado 30 de setiembre nos unimos para luchar contra la corrupción. Es decir, luchar contra un sistema judicial que anula el derecho de acceso a la justicia de todas las mujeres y agrava la violencia de género en nuestro país.
Hemos evidenciado cómo una mayoría de congresistas, pertenecientes al partido político Fuerza Popular y sus aliados, tienen una clara línea fundamentalista, realizan alianzas con grupos anti derechos y conservadores como “Con mis Hijos No te Metas” y bloquean avances en materia de igualdad.
Las movilizaciones ciudadanas, con una fuerte presencia de organizaciones y activistas feministas, levantaron consignas en defensa de la democracia, del derecho a decidir y de la paridad. Nos hemos opuesto a que una mayoría mafiosa siga obstruyendo el avance en materia de derechos humanos e igualdad, afirmando una y otra vez que “lo que es malo para la democracia es malo para las mujeres”.
Aunque hemos respaldado la decisión excepcional y constitucional del cierre de Congreso en un escenario de crisis, reconocemos que este quiebre es evidencia de la precariedad democrática que tenemos como país, por lo que el horizonte debe estar en el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Desde hace 3 años, la mayoría congresal (Fuerza popular y aliados) hace uso abusivo de su poder en el Legislativo, utilizando sus puestos para beneficio propio, con prácticas antidemocráticas y clientelistas.
Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuckinsky, el ataque a la igualdad de género en el Legislativo fue permanente. Fuerza Popular intentó eliminar el enfoque de género de toda política pública, promoviendo la destitución del entonces ministro de Educación, Jaime Saavedra, para afirmar el pensamiento fundamentalista en el país.
El ex presidente, en un intento de salir de la constante pelea con el poder Legislativo, utilizó una herramienta constitucional y en 2017 presentó una Cuestión de Confianza* hacia el Congreso, que fue negada por su mayoría fujimorista.
Tras un año y 7 meses en el cargo, el 20 de marzo de 2018 Kuczynski renunció a la presidencia a raíz de unos videos difundidos por Fuerza Popular que exhibían una presunta compra de votos a cambio de obras.
Tres días después, el primer vice presidente de Kuckinsky, Martín Vizcarra Cornejo, asumió el cargo de presidente de la República. Durante su gestión, los medios de comunicación destaparon actos de corrupción millonarios, como el escandaloso caso del ex magistrado supremo que negoció la absolución o rebaja de pena a un hombre que violó a una niña de 13 años.
Perú entró en una crisis política. El Gobierno trabajó en cuatro reformas para mejorar los procesos internos para luchar contra la corrupción, que luego fueron aprobadas en su totalidad por la población a través de un referéndum.
Los congresistas de Fuerza Popular recibieron las reformas y desnaturalizaron los proyectos, con absurdas modificaciones que, de aprobarse, los transformarían en inútiles y perjudiciales para el país.
Los rumores del cierre del Congreso ya se escuchaban en las calles. La ciudadanía, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, hartas de las constantes peleas entre el Gobierno y el Congreso y de la nula actitud de los congresistas por trabajar en la lucha contra la corrupción, marcharon y pidieron al presidente “cerrar el poder legislativo”.
El 28 de julio de 2019, Vizcarra presentó una reforma constitucional para el adelanto de las elecciones.
«Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente y, considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte de mandato congresal al 28 de julio del 2020. Con esta acción se reforzarán los cimientos de nuestra República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir”, informó el mandatario en su mensaje a la nación.
El Ejecutivo reconoció la dimensión de la crisis ética y política y propuso un nuevo comienzo y la renovación absoluta del gobierno. Con la consigna “Nos vamos todos” parecía abrirse un nuevo escenario para una transición democrática con nuevos acuerdos políticos.
Sin embargo, el Congreso (bajo el mando de Fuerza Popular) archivó la reforma de adelanto de elecciones, en contra de lo que pedía la ciudadanía.
En paralelo, la mayoría parlamentaria trabajaba en dos objetivos: la libertad de su líder Keiko Fujimori (quién cursa prisión preventiva por presunto lavado de activos) y mantener su inmunidad frente a un nuevo destape de casos de corrupción (codinomes) que demostraría que recibieron dinero de la empresa Odebrecht a cambio de favores.
Para lograrlos, los fujimoristas anunciaron que el 30 de setiembre cambiarían a los integrantes del Tribunal Constitucional – TC (el más alto órgano judicial de Perú), aprovechando que a seis de sus siete miembros se les terminaba el periodo de gestión.
Ciudadanos y ciudadanas, organizaciones feministas, colectivos, movimientos y colegios superiores, entre otros, dimos a conocer nuestro rechazo a la captura del TC y advertimos que esta decisión vulneraría por completo la democracia y el estado de derecho.
Desde el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en articulación con el Instituto de Defensa Legal –IDL, presentamos una demanda de amparo contra el Congreso de la República para solicitar la suspensión de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
En este escenario, Vizcarra presentó una nueva Cuestión de Confianza para evitar una elección irregular de los miembros del TC.
“Crónica de la Disolución del Congreso”
El 30 de setiembre, Vizcarra presentó un oficio al Congreso para solicitar el debate a primera hora de la Cuestión de Confianza que evitaría la elección de los miembros del TC por parte de Fuerza Popular y sus aliados.
Se le cerró el acceso al hemiciclo del Congreso al presidente del Consejo de Ministros, pero pudo ingresar tras fuertes discusiones. Haciendo uso de sus facultades, presentó y sustentó la “Cuestión de Confianza”.
Aun así el Congreso, con una elección irregular, seleccionó a un miembro del TC: Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo del congresista de Fuerza Popular Pedro Olaechea (en ese momento presidente del Parlamento).
Vizcarra, en ejercicio de sus funciones y amparándose en la Constitución, anunció la disolución del Congreso de la República al considerar negada (por segunda vez) la Cuestión de Confianza.
“Ante la denegación fáctica de la Confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la Republica”, indicó.
Desconociendo esta decisión y de forma ilegal, un grupo de congresistas inició un proceso para suspender temporalmente a Vizcarra y nombraron “presidenta en funciones” a la segunda viceministra, Mercedes Aráoz, quien renunció a este cargo al día siguiente.
En la actualidad Perú vive un escenario de transición, aunque aún hay sectores del disuelto Congreso que no han aceptado los hechos, lo que configura un momento de “confrontación”. Sin embargo, ya se ha hecho el llamado a elecciones legislativas, lo que coloca a la ciudadanía en un escenario electoral nuevo y retador. Los/as nuevos/as congresistas tendrán la gran responsabilidad de contribuir al diálogo para llegar al bicentenario de la independencia del Perú con una nueva democracia fortalecida.
Cabe destacar que, en el desenlace de esta situación, los movimientos sociales jugaron y juegan un rol importante, pues son quienes han movilizado la respuesta ciudadana en defensa de la democracia y contra la corrupción. Las feministas somos parte de ello, haciendo visibles los derechos de las mujeres y promoviendo un compromiso social y del Estado con la igualdad.
Foto: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
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*La Cuestión de Confianza es una herramienta constitucional que permite al presidente del Gobierno afrontar una situación de debilidad frente al poder del Congreso, y mediante la cual pide el respaldo a una política concreta o a un programa. Si el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia (todos los ministros renuncian). Si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República puede disolver el Congreso.