En las primeras semanas de abril se dieron dos nuevos casos de violencia contra mujeres con protagonismo en la vida política nacional. Los agresores, una vez más, apelaron a referencias de su vida sexual para descalificarlas.
El Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD) -que reúne a mujeres políticas de todos los sectores y redes de organizaciones civiles- denunció en un comunicado que el 9 de abril en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el polémico senador independiente Paraguayo Cubas atacó a la senadora Lilian Samaniego, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con expresiones referidas a su sexualidad. Asimismo, el miércoles 10 en sesión de la Cámara de Diputados, el representante Roberto González (ANR) utilizó el mismo recurso contra la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN).
Las agresiones a las parlamentarias tienen precedente en otras situaciones de violencia verbal ocurridas en el ámbito del Congreso, donde fueron víctimas las senadoras Blanca Ovelar (ANR) y Desireé Masi, del Partido Democrático Progresista. “Estos lamentables hechos evidencian cuán naturalizada está la violencia contra mujeres que deciden desempeñarse en la arena pública, con ataques diarios a figuras femeninas con protagonismo político que reciben todo tipo de ofensas y amenazas a las que se suman, por ser mujeres, la referencia invariable a su sexualidad”, dice el comunicado del GIPD.
“Los hechos que se dan en el Congreso evidencian además que los propios líderes políticos masculinos, de contenido machista, son los responsables de provocar situaciones de violencia recurrente contra las mujeres en la política en general y en el ámbito del Congreso en particular. La violencia hacia las mujeres en la política, en sus diferentes formas de expresión, es un disuasivo que busca alejar y obstaculizar la plena participación de las mismas, de por sí exigua con una presencia femenina de menos del 20% en los cargos electivos desde donde se decide lo que sucede en nuestro país. Esta es una situación inaceptable, incompatible con la democracia y disociada del discurso de inclusión de las mujeres que a diario escuchamos”, añade el documento.
“La violencia contra las mujeres políticas se expresa también desde la sociedad en general, como fue el caso de la amenaza de violación a la ex senadora Blanca Fonseca, y muchos otros que vemos a diario en relación con las actuaciones de mujeres en la vida pública y política. El ambiente político, de por sí violento, se convierte para las mujeres en un escenario de violencia superpuesta, donde a las permanentes agresiones que viven a diario, se suman referencias a su sexualidad, que evidencian un repudiable sexismo”, afirma.
El GIPD exige parar la violencia contra las mujeres en el ámbito político. Asimismo, se solidariza con quienes viven estas agresiones y pide que se produzca la tipificación de la violencia política contra las mujeres. “Finalmente, exigimos a los hombres políticos que paren las actuaciones violentas en este ámbito, pues con ellas solo brindan un penoso espectáculo, alejado de la política democrática y, a la vez, un peligroso ejemplo de convivencia ciudadana, reforzando un camino que solo puede llevar al abismo a nuestra sociedad”, termina el comunicado.