Activistas, periodistas y civiles enfrentan intimidación, asedio, detenciones arbitrarias, atentados en contra de su integridad física y sexual, expulsiones del país, retiro de residencias y ciudadanías legalmente obtenidas. Organizaciones sociales y medios de comunicación son cerrados, se les quita la personería jurídica y se congelan sus cuentas bancarias.
En una semana, el gobierno nicaragüense canceló la personería jurídica de diversas organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, entre las que se cuentan el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Instituto de Liderazgo de las Segovias, Fundación POPOL NA, Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Fundación del Río y el Centro de Investigación de la Comunicación (CInCo). A su vez, en la madrugada del 13 de diciembre allanó violentamente las instalaciones de las últimas seis, de CISAS (a la que le habían quitado la personería jurídica el 29 de noviembre) y de Confidencial. No solo se llevaron documentos, computadoras, vehículos y otros artículos, sino que agredieron físicamente a personas que se encontraban en las instituciones.
Vilma Núñez, directora del CENIDH y reconocida defensora de los derechos humanos, fue cercada en su oficina durante varias horas y se encuentra amenazada. Ana Quirós, coordinadora de CISAS, fue expulsada de Nicaragua a fines de noviembre.
Días más tarde, el gobierno anunció la suspensión temporal de la presencia del MESENI (Mecanismo Especial de Seguridad para Nicaragua de la CIDH) y las visitas de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA). También comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes).
El gobierno de #Nicaragua anunció la suspensión temporal de la presencia del #MESENI a partir de hoy en el país y también las visitas de la #CIDH. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del #GIEI.
— CIDH (@CIDH) 19 de diciembre de 2018
Luego de los allanamientos, algunas organizaciones internacionales y gobiernos emitieron su repudio:
-Amnistía Internacional. Nicaragua: Ataque contra CENIDH es un golpe para los derechos humanos.
-Declaración de la Articulación de Movimientos Sociales y OSC Nicaragua.
-La UE critica el «paso atrás en libertades» en Nicaragua por el ataque a ONG y prensa.
-Fuerte condena del MERCOSUR a la situación en Nicaragua.
-Comunicado del Gobierno de Perú.
-Comunicado de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El 13 de diciembre, además, publicamos un comunicado firmado por feministas, colectivos y organizaciones de toda América Latina.
Censura de medios y detención arbitraria de periodistas
El 21 de diciembre, la policía orteguista fue directamente contra la libertad de expresión y el derecho a la información y allanó las instalaciones del Canal 100% Noticias -único medio masivo independiente que quedaba en el país-. Detuvo arbitrariamente a su director, Miguel Mora, y a las periodistas Lucía Pineda y Verónica Chávez.
Chávez fue liberada horas más tarde, pero no se supo nada de Pineda por tres días. El lunes 24 fue llevada ante un juez, que abrió un proceso judicial contra ella y contra Mora por delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”. El Ministerio Público les acusó de incitar al odio político hacia simpatizantes del partido de gobierno y de difundir noticias falsas.
El juez decretó prisión preventiva para Pineda y fijó la audiencia inicial para el 25 de enero de 2019. Mora también continúa detenido y 100% Noticias fue sacado del aire.