Un cartel del hospital de EsSalud en Abancay generó indignación por obstaculizar el acceso a la atención a mujeres con aborto incompleto. Colectivos se preparan para realizar una intervención en el Ministerio de Salud y exigir el cese de la criminalización a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
Las redes sociales sirvieron nuevamente para denunciar la forma en que la criminalización actual del aborto se encarna en el sistema de salud peruano, que grita en carteles oficiales que prefieren a las mujeres muertas antes que atendidas por abortos incompletos.
Flor Cruz, como Tika Wayra en Facebook, publicó la foto del cartel que decía: “Todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno”, firmado por la Jefatura de Gineco-Obstetricia y con el logo de EsSalud, sistema de Seguro Social del Perú.
La imagen se viralizó en pocas horas y generó respuestas de indignación. El cartel implica que las mujeres que estén sufriendo un aborto incompleto, incluso si su vida está en riesgo, no pueden acercarse al hospital para recibir atención médica porque el personal llamará a la policía.
La denuncia fue replicada por cientos de mujeres, que pusieron en manifiesto cómo la criminalización del aborto provoca este tipo de discriminación, exclusión y precariedad contra las mujeres, especialmente contra las más jóvenes y pobres, que son quienes asisten al servicio público de salud.
Al respecto, EsSalud publicó un comunicado en el que aseguró que su prioridad era preservar la vida bajo cualquier circunstancia y que el cartel había sido colocado sin autorización. Sin embargo, también expresó que, según las leyes peruanas, el personal médico tiene la obligación de reportar ante las autoridades si una paciente tiene evidencias de haberse practicado un aborto clandestino.
Frente a esta respuesta, las mujeres se organizaron para convocar a una acción el 28 de septiembre ante el Ministerio de Salud, en el marco del Día Internacional de Acción Global por la Despenalización del Aborto. La intervención pública estará conformada por 200 personas que exigirán al Estado que deje de criminalizar a las mujeres que llegan al hospital con abortos incompletos, pues se las revictimiza y se las coloca en eterna sospecha.