Declaración de El Salvador – Setiembre de 2017

Consideraciones de las organizaciones firmantes, la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe, y CONCORD, la Confederación Europea de ONG de Emergencia y Desarrollo, representativas de ONG, movimientos sociales, asociaciones, plataformas y redes de la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea.

San Salvador, 7-8 de septiembre de 2017

Declaración de El Salvador de los pueblos de Europa y
América Latina y el Caribe
ante  los Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea en sus relaciones bi-regionales

Las organizaciones firmantes, la MESA de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de América Latina y el Caribe, y CONCORD, la Confederación Europea de ONG de Emergencia y Desarrollo, representativas de ONG, movimientos sociales, asociaciones, plataformas y redes de la sociedad civil latinoamericana, caribeña y europea:

Considerando que:

1. Ambas regiones viven procesos de crisis institucional de naturaleza y alcance distintos, que se expresan de manera diversa, pero que dan cuenta del malestar de ciudadanos y ciudadanas que sienten que las élites políticas y económicas no representan sus intereses, perpetúan modelos de desarrollo poco sustentables e inequitativos, al tiempo que reducen las garantías de respeto a los derechos humanos.

En América Latina y el Caribe (ALC), las crecientes desigualdades, la insistencia en el crecimiento y no en el desarrollo, la crisis de representación política, las movilizaciones sociales a gran escala, golpes de estado institucionales, la corrupción, la polarización y violencia política, especialmente contra defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, son manifestaciones de estos procesos. En Europa, el aumento de las desigualdades, el fomento de políticas de ajuste, el cuestionamiento al proyecto europeo, incluida la salida del Reino Unido del bloque, el debilitamiento de los partidos tradicionales y el crecimiento de movimientos nacionalistas y xenófobos, así como las políticas para limitar el espacio para la sociedad civil en varios países, marcan esta tendencia.

2. ALC sigue siendo la región más desigual del mundo. El ciclo de altos precios y demanda de materias primas que permitió un crecimiento económico sostenido, no ha significado la solución de las debilidades de su estructura socio-económica, representando en muchos casos un aumento de las brechas estructurales en materia de pobreza y distribución de la riqueza, desigualdades étnicas, de etapas de la vida, de género y orientación sexual, brechas en materia de empleo y productividad, en cuanto al acceso a la educación y la salud, desigualdades territoriales, infraestructura, acceso a la tecnología, innovación y medio ambiente. En Europa, la desigualdad y la pobreza han crecido desde la crisis financiera, siendo las políticas de austeridad (los recortes en la inversión social – especialmente en salud, educación y seguridad social) y las políticas fiscales regresivas, dos causas centrales de esta situación.

3. Las desigualdades crecen amparadas por la especulación financiera, los sistemas tributarios en los que los sectores más ricos no pagan impuestos, el comercio entre ambas regiones que en lugar de ser vehículo para la inclusión estimula la salida de millonarios flujos financieros ilícitos directamente hacia paraísos o guaridas fiscales – erosionando gravemente la capacidad y estabilidad financiera de los estados-, la evasión y la elusión fiscal utilizadas por sectores corporativos poderosos y grandes riquezas individuales para burlar su responsabilidad social afectando directamente a nuestras sociedades. El poder corporativo utiliza al estado para disfrutar de privilegios y exoneraciones fiscales que debilitan la capacidad redistributiva de nuestros países. Relacionado a lo anterior los impactos ambientales de la actividad depredadora extractivista, el acaparamiento de tierras, los altos niveles de corrupción pública y privada, los excesivos privilegios de protección a la inversión extranjera por parte de mecanismos supranacionales que violentan la soberanía de los estados – el crecimiento de las desigualdades ya no solo es una consecuencia directa, sino la causa principal de la vulneración de los derechos humanos de nuestros pueblos.

4. Los acuerdos internacionales consagrados en 2015, en particular la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres, aunque se trate de instrumentos insuficientes para responder a la crisis climática global, podrían ayudar a consagrar nuevas miradas y prácticas si su implementación efectivamente propicia la integración de las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo. La sociedad civil valora y promueve su implementación colectiva, basada en valores de solidaridad y cooperación entre pueblos y Estados. En esa dirección es necesario incrementar y mejorar el intercambio birregional de forma colaborativa, solidaria y coherente.

5. El contexto de la cooperación en ALC y Europa se ha modificado en las últimas décadas; las prioridades han cambiado y se han incorporado nuevas modalidades que priorizan cada vez más las relaciones comerciales sobre la reducción de la pobreza, las desigualdades y los derechos humanos. Es urgente repensar y encontrar nuevas formas para seguir cooperando y contribuyendo a la gobernanza mundial, en coherencia con los principios de la cooperación eficaz al desarrollo.

6. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), no han demostrado un impacto positivo y beneficios para los pueblos de las dos regiones. Por el contrario, han favorecido los intereses de las empresas transnacionales en detrimento de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, además de exacerbar las vulnerabilidades políticas, económicas y ambientales. Hoy, ante el creciente número de conflictos relacionados con empresas privadas por el control de recursos naturales; las comunidades ven afectados sus derechos a un medio ambiente sano, al territorio y al agua, y en la mayoría de los casos no son consultadas ni son partícipes de sus usos y beneficios.

7. El modelo de desarrollo actual, basado primordialmente en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fomentando a las industrias extractivas, la producción de energía a partir de combustibles fósiles, la expansión de las agroindustrias, así como también patrones insostenibles de producción y consumo, está imponiendo cada vez mayor presión a la tierra, el agua y la biodiversidad. Los efectos del cambio climático ya se sienten en ambas regiones, -fundamentalmente Centroamérica y El Caribe.

8. La sociedad civil y los movimientos sociales tienen derecho a expresarse, organizarse, manifestarse y actuar de forma libre y autónoma del poder político y a participar a través de mecanismos que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos en su dimensión individual y colectiva, la equidad de género y el reconocimiento de la diversidad. Es deber de los Estados asegurar políticas que garanticen un ambiente favorable al ejercicio de estos derechos. Aunque existen numerosos compromisos internacionales y regionales que reconocen la participación ciudadana como un factor clave para avanzar en la vida democrática y la gobernanza de los países, faltan mecanismos significativos e inclusivos que la faciliten y promuevan.

Llamamos a los países de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea:

A. En el marco de procesos multilaterales que contribuyan a favorecer la igualdad socioeconómica, garantizar el goce de los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático:

9. Implementar de manera ambiciosa y basada en un enfoque de derechos humanos, los diferentes Acuerdos y hojas de ruta definidos a nivel global y construidos de manera multilateral: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Marco de Sendai, la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación al Desarrollo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros. Garantizar que la sociedad civil de ambos continentes participe activamente en cada etapa de la definición e implementación de estas políticas.

10. Implementar políticas públicas que garanticen la protección social universal y solidaria, basadas en los derechos humanos. Instar a que los Estados generen y protejan las fuentes de trabajo digno, presten servicios y realicen obras públicas orientadas al bienestar general, garantizando que los esquemas de asociación público-privada, no se orienten al aumento de la ganancia privada como criterio central, sino que generen impactos en la mejoría la infraestructura pública, servicios de calidad y la reducción de la pobreza. Favorecer la reducción de las desigualdades, el acceso a servicios públicos de calidad y a los bienes comunes de los pueblos, en particular de los grupos más vulnerables – mujeres, niña(o)s, jóvenes y la(o)s trabajadore(a)s informales, personas LGBTI, personas con discapacidad, pueblos indígenas y afrodescendientes – buscando romper los ciclos intra e intergeneracionales de la pobreza.

11. Aplicar políticas migratorias de manera integral y concertada entre los países, sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, la inclusión social y el desarrollo sostenible, que generen un marco efectivo de acceso al derecho a la movilidad, a la protección internacional de las personas solicitantes de asilo y la facilitación de la migración regular. Desterrar la criminalización de la movilidad humana, creando condiciones para asegurar el ejercicio de toda persona al derecho a no migrar y el derecho a migrar, así como mecanismos que permitan la participación plena de las personas migrantes y sus familias en la elaboración de políticas públicas y la construcción de sociedades incluyentes desde la diversidad cultural. Para ello, animamos los gobiernos de ambas regiones a ratificar los convenios 97 et 143 de la OIT que garantizan los derechos de los migrantes.

12. En un contexto de nuevo endeudamiento, promover en ambas regiones un proceso de auditoría del endeudamiento público con participación de la sociedad civil a fin de rechazar la deuda ilegítima, garantizando una economía al servicio de las personas; renegociar sus términos y condiciones, así como suspender los pagos hasta la conclusión de la misma.

13. Establecer políticas tributarias y fiscales realmente orientadas a alcanzar la Justicia Fiscal en ambas regiones para combatir la desigualdad y la exclusión social. Asegurar que las empresas transnacionales con actividades comerciales entre ambas regiones paguen impuestos, abandonando “la carrera a la baja” eliminando privilegios fiscales y exoneraciones tributarias al capital transnacional y nacional. Transformar radicalmente los sistemas tributarios en sistemas más progresivos que dejen de gravar exclusivamente el consumo y se orienten a gravar principalmente la renta, las ganancias, los patrimonios. Implementar legislaciones para combatir a la evasión y la elusión fiscal. Eliminar los paraísos o guaridas fiscales y los flujos financieros ilícitos. Respaldar la iniciativa lanzada en el marco de las Naciones Unidas por el Gobierno de Ecuador y organizaciones de sociedad civil a nivel global de eliminación de los paraísos fiscales y la creación de un Órgano Intergubernamental encargado de normar globalmente los aspectos tributarios y fiscales del comercio.

14. Promover y crear mecanismos financieros y de cooperación adicionales para la inversión en generación de energías renovables, la descarbonización de la matriz productiva y el transporte sostenible.

15. Diseñar mecanismos de financiación y cooperación para aumentar la capacidad de adaptación de la población a los efectos del cambio climático, reducir las pérdidas y daños por eventos climáticos extremos, y la adaptación de sectores claves como la agricultura, agua y zonas costeras susceptibles a la erosión y elevación del nivel del mar.

16. Apoyar la formulación de marcos legales a nivel nacional y regional que promuevan y financien políticas de fomento de la agricultura familiar, reconociendo su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.

17. Implementar mecanismos y recursos dirigidos a la gestión sustentable del agua y la recuperación de los ecosistemas, garantizando la soberanía alimentaria sobre la base de las semillas nativas y criollas, el ordenamiento ambiental territorial y la planificación física, priorizando las áreas vulnerables ante los impactos del cambio climático.

18. Instar a las instancias oficiales, a nivel regional y nacional, a adoptar y transitar hacia el enfoque de gestión integral de riesgos de desastres, como una estrategia básica para fortalecer la resiliencia de las comunidades.

Dentro de este marco, diseñar políticas de gestión integral del riesgo que reconsidere los territorios desde un enfoque de cuenca, respetando los recursos y la tipología de los suelos.

B. Para favorecer una relación que fortalezca la democracia e impulse un mayor equilibrio entre derechos humanos, bienestar y comercio:

19. Basar las relaciones económicas entre ambas regiones en un marco integrador y coherente que fortalezca la democracia y promueva un mayor equilibrio entre economía, derechos humanos y protección del medioambiente, en vez de hacerlo en base a la desregulación y la protección de inversiones, con la consiguiente reducción de derechos laborales, sociales, medioambientales y culturales. Detener las negociaciones en curso – como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por su sigla en inglés), y el Acuerdo sobre Comercio y Servicios (TISA por su sigla en inglés)- en el marco de la integración y la cooperación birregional, respetando los procesos de integración que se viven en cada uno de los continentes.

20. Apoyar la creación de un instrumento jurídicamente vinculante sobre corporaciones transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos. Participar activamente en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre DDHH y empresas para una negociación sustantiva, cooperativa y constructiva sobre los elementos concretos que tienen que ser incluidos en este instrumento, así como para establecer una hoja de ruta para la conclusión de las negociaciones en un plazo corto. Clarificar para qué tipo de actividades las empresas tienen que asumir la responsabilidad jurídica (en el derecho civil, penal y administrativo). Implementar estos estándares jurídicos a nivel nacional, incluyendo un proceso obligatorio de debida diligencia para las empresas.

21. Reafirmar, en ambas regiones, la promoción, ratificación e implementación de las normas internacionales del trabajo: sobre libertad de asociación y negociación colectiva, aquellas contra el trabajo forzoso y contra el trabajo infantil, entre otras. Asimismo, respaldar el proceso emprendido por la OIT sobre la promoción del trabajo decente en las cadenas de valor y los procesos de reglamentación e implementación del Convenio 169 con relación a la consulta previa, libre e informada de las comunidades en el marco de inversiones y proyectos de desarrollo.

C. Para promover políticas bi-regionales equitativas y solidarias:

22. Basar las relaciones entre ALC y la UE en el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo y en el respeto de la autonomía de los pueblos. Bajo este principio, la UE debe implementar sus compromisos vinculantes para asegurar que sus políticas internas y externas – comerciales, energéticas, etc. – sean coherentes con sus objetivos de desarrollo teniendo como marco la implementación ambiciosa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Acuerdos de París. ALC debe avanzar correlativamente en estos compromisos.

23. Implementar el Capítulo 7 del Plan de Acción UE-CELAC reconociendo la importancia y la urgencia de garantizar la igualdad de género. Brindar su firme apoyo a la Convención de Belém do Pará, el Convenio de Estambul y a sus respectivos mecanismos de seguimiento, para que ejerzan un rol referencial en la implementación de los objetivos contemplados en el Plan de Acción en relación a la erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en ambas regiones y poner a disposición los recursos económicos, técnicos e institucionales necesarios al logro de avances.

24. Garantizar los derechos humanos de las mujeres, incluido el derecho a la salud sexual y reproductiva, asegurando su autonomía física, sexual y económica, el acceso a una justicia efectiva y erradicar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres, niñas y adolescentes, tanto como hacia las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Reconocer que la división sexual del trabajo, la invisibilización de los cuidados y el acceso desigual a los recursos son un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres; implementar políticas que reconozcan monetariamente los trabajos realizados por las mujeres en el ámbito productivo y reproductivo no remunerado. Asimismo, implementar, sistemas de monitoreo, mecanismos de participación y representación social y política efectiva de organizaciones y movimientos de mujeres.

25. Tomar las medidas para que se garantice de manera conjunta el cumplimiento de los derechos de niña(o)s y jóvenes, en cualquier circunstancia. Esto incluye aquellos que se encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad: sin acceso a servicios básicos, en pobreza extrema, victimizados por la trata de personas, la explotación sexual y laboral, que han perdido el cuidado de sus familias o están en riesgo de perderlo, están transitando procesos migratorios (solos o acompañados), reclutamiento forzado por grupos armados o son víctimas de violencia de cualquier índole. Esta garantía tiene que estar en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos, y los comentarios del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

26. Tomar las medidas para que se garantice de manera conjunta el cumplimiento de los derechos de los adultos y adultas mayores establecidos en la Cumbre de Madrid 2002 y su ratificación en Madrid + 15 en el 2017.

27. Continuar la cooperación política y financiera entre las dos regiones, reconociendo las brechas de desarrollo que todavía existen -como las diversas dimensiones de la desigualdad y la pobreza- buscando formas alternativas y más efectivas para garantizar los objetivos del desarrollo sostenible, incluyendo a la sociedad civil en estas definiciones.

D. Para promover un mayor espacio para la sociedad civil:

28. Promover medidas concretas que rechacen todas las formas de atropello a la libertad de expresión y de acción no violenta de las OSC y comunidades (intimidaciones, judicialización, represión, etc.) y garantizar políticas públicas efectivas de protección para las y los defensores de los derechos humanos, del medio ambiente, los líderes sindicales y comunitarios.

29. Promover medidas tendentes al establecimiento de un entorno propicio para las OSC, incluyendo mayor acceso a financiamiento, así como marcos legales y tributarios equilibrados y justos.

30. Garantizar políticas regionales para la real participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030.

31. Impulsar mecanismos efectivos que aseguren la participación autónoma de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas y programas desde el nivel local, nacional e internacional. Impulsar una circulación más ágil, completa y transparente de la información sobre las relaciones y acuerdos entre la UE y la ALC para sustentar las propuestas de la sociedad civil.

E. Sobre la actual coyuntura de la CELAC:

32. Ante las repercusiones de la crisis que se vive en la República Bolivariana de Venezuela, en distintos espacios de integración latinoamericanos, expresamos nuestra preocupación y nuestro llamado al dialogo y a la solución pacifica de esta crisis.

33. Expresamos nuestra profunda preocupación ante la crisis política y humanitaria, así como ante la escalada de violencia generada por el enfrentamiento entre gobierno y oposición.

34. Llamamos a la sociedad venezolana en su conjunto a establecer un dialogo efectivo entre todas las partes, con el propósito de construir un acuerdo político que permita tomar medidas urgentes para enfrentar las consecuencias de esta crisis – así como para sentar bases que garanticen el respeto pleno de la democracia y de los derechos humanos.

35. De igual manera, demandamos que sea el propio pueblo venezolano quién decida sobre su futuro – en el marco del principio de no intervención en asuntos internos–, acompañado de los apoyos diplomáticos internacionales que se requieran.

Los abajo firmantes se comprometen a seguir impulsando la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos y caribeños y europeos para afrontar problemas comunes.

¡Berta Cáceres Vive!

San Salvador, septiembre de 2017

 

Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG
de América Latina y el Caribe

• ABONG- Asociación Brasileña de Organismos No Gubernamentales

• ACCIÓN – Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales

• ALOP- Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo

• ALIANZA ONG – República Dominicana

• ANC- Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, Perú

• ANONG – Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, Uruguay

• AFM – Articulación Feminista Marcosur

• ADOC- Alianza Democrática de Organizaciones Civiles, México

• ARMAAD – Asociación Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribenias y de la Diáspora

• ASONOG – Asociación de Organismos no Gubernamentales Honduras

• CEAAL- Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

• CCONG Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales.

• Convergencia de Organismos Civiles – México

• COONGCOP- Coordinación de ONG y Cooperativas Guatemala

• Encuentro de ONG para el Desarrollo – Argentina

• FONG – Federación de Organismos no Gubernamentales de Nicaragua

• Grupo Propuesta Ciudadana – Perú

• Latindadd – Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos.

• MODES – Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador

• PIDHDD- Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

• Pojoaju- Asociación de Organismos No Gubernamentales de Paraguay

• Sinergia – Asociación Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil

• UNITAS- Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social Bolivia

CONCORD
Confederación europea de ONG
de emergencia y desarrollo

Plataformas nacionales de ONG:

• Austria (GlobaleVerantwortung)

• Bélgica (Plataforma Belga de CONCORD – CNCD-

11 11 11, ACODEV, 11 11 11, NGO-FEDERATIE)

• Bulgaria (BPID)

• Republica Checa (FoRS)

• Chipre (CYINDEP)

• Croacia (CROSOL)

• Dinamarca (CONCORD Dinamarca)

• Estonia (AKÜ)

• Finlandia (Kehysry)

• Francia (Coordination SUD

• Alemania (VENRO)

• Grecia (HellenicPlatformForDevelopment)

• Hungría (HAND

• Irlanda (Dóchas)

• Italia (CONCORD Italia

• Latvia (Lapas)

• Lituania (LU)

• Luxemburgo (Cercle)

• Malta (SKOP)

• Países Bajos (Partos)

• Polonia (Grupa Zagranica)

• Romania (FOND)

• Portugal (Plataforma ONGD)

• Eslovaquia (MVRO)

• Eslovenia (SLOGA)

• España (Coordinadora)

• Suecia (CONCORD Sverige)

• Reino Unido (BOND)

Redes:

• ActionAid International

• ADRA

• ALDA (miembro asociativo)

• ACT Alliance EU

• CARE

• Caritas Europa

• CBM International

• EU-CORD

• Handicap International

• IPPF European Network

• Islamic Relief Worldwide

• Oxfam International

• Plan Europa

• Save the Children

• Solidar

• SOS Children’s Villages International

• F.I. Terre des Hommes

• WorldVision

• World Wide Fund for Nature (miembro asociado)
CONCLUSIONES DEL FORO DE OSC UE-LAC

El Foro de Sociedad Civil UE-LAC, reunido en San Salvador, el 7 y 8 de septiembre de 2017 debatió durante dos días en sesiones plenarias y grupos de trabajo sobre sus principales preocupaciones y propuestas sobre las relaciones entre los estados de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea.

Participaron de este debate aproximadamente 140 representantes de organizaciones de la sociedad civil de ambas regiones, quienes debatieron e intercambiaron en seis grupos de trabajo en relación a tres temáticas principales. Estas temáticas fueron: 1) Relaciones comerciales y derechos humanos; 2) Nuevos modelos de desarrollo en el marco de la Agenda 2030; 3) Democracia y espacio para la sociedad civil.

Los representantes debatieron sobre el estado de situación en relación a cada una de estas temáticas y luego realizaron propuestas para cada una de ellas, desde el punto de vista de la sociedad civil. Estas conclusiones y debates se presentaron en una sesión plenaria.

Los seis documentos síntesis que recogen los debates y propuestas de los grupos de trabajo se incorporan a la Declaración dirigida a jefes y jefas de estado de las dos regiones, como productos y conclusiones del Foro de OSC. Estas síntesis complementan y enriquecen la Declaración y a su vez dan cuenta de la diversidad de la voz de la sociedad civil.

A continuación, las conclusiones del Foro.

1. Conclusiones sobre relaciones comerciales, inversiones, mercado y derechos humanos entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea

Grupo 1:

Diagnóstico

1. La estrategia económica desarrollada en las últimas tres décadas en América Latina y el Caribe ha tenido un sustento de carácter extractivista tanto de petróleo y minerales, como de commodities agrícolas.

2. Esta estrategia económica comercial se ha sustentado en Tratados de Libre Comercio (TLCs)- provocando la re/primarización de la economía latinoamericana (monocultivos de alimentos, maquila textil con bajo valor agregado, extractivismo de minerales, petróleo, gas, etc); extractivismo productivo para biocombustibles (palma africana, caña de azúcar).

3. Las consecuencias han sido concentración de la riqueza; actividades productivas que generan empleo precario de baja calificación y bajos salarios – impactando y deteriorando las condiciones de inserción laboral principalmente de mujeres y jóvenes; fuertes impactos ambientales por el uso intensivo e indiscriminado de los recursos naturales en muchas de las actividades extractivas; impactos de contaminación en fuentes de agua por contaminación de actividades productivas.

4. En Europa, constatamos que las políticas de austeridad de las últimas dos décadas promovidas por la Troika y gobiernos neoconservadores, viene afectando seriamente condiciones de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas europeas.

5. Estas políticas de austeridad han estado centradas en la desregulación, precarización y flexibilización de las condiciones de contratación laboral; políticas salariales restrictivas; deterioro de los sistemas de pensiones; impulso a políticas de despidos; reducción o eliminación de subsidios de desempleo, etc. Lo que ha llevado a un acelerado proceso de crecimiento del desempleo y la desigualdad.

Declaración de la sociedad civil euro-latinoamericana y caribeña – San Salvador, 7-8 de septiembre de 2017

6. En ambas regiones encontramos la coincidencia que las élites económicas y políticas han promovido modelos y estrategias económicas en beneficio propio. La institucionalidad pública cada vez ha sido puesta exclusivamente al servicio de los intereses privados de dichas élites. En fin, es la expresión de la primacía del capital por encima del bien común.

7. En el caso de América Latina y el Caribe y particularmente en América Central, constatamos el cada vez más estrecho vínculo entre sectores empresariales y actividades económicas ilegales como el narcotráfico, trata de personas, contrabando, etc. Aprovechando los significativos índices de impunidad vigentes en la institucionalidad de dichos países.

8. Constatamos que un elemento central que ha contribuido al crecimiento de la desigualdad en ambas regiones es la Política Fiscal promovida para favorecer a las élites económicas y políticas. Dicha política fiscal se ha sustentado en privilegios y exoneraciones fiscales a sectores económicos poderosos, estableciendo una peligrosa “carrera a la baja” en el cobro de impuestos por parte de los países con particular énfasis en América Latina y el Caribe; evasión y elusión fiscal agresiva por parte de transnacionales europeas en su relación comercial con América Latina y el Caribe, y evasión y elusión por parte del capital nacional latinoamericano; inmensos flujos financieros ilícitos aprovechando el comercio internacional; y sistemas fiscales más regresivos en ambas regiones que han venido privilegiando en gravar el consumo y no la renta, las ganancias y el patrimonio.

9. Este crecimiento de la desigualdad tiene su impacto directo en la profundización de la desigualdad de género, no sólo en el ámbito económico y laboral, sino también en el ámbito de la violencia de género.

10. Los Tratados de Libre Comercio, también denominados Acuerdos de Asociación entre Europa y América Latina y el Caribe, tienen como impactos directos la eliminación de políticas nacionales de industrialización; estímulo a prácticas ambientalmente depredadoras al establecer limitaciones a políticas ambientales de los países; precarización del empleo; fortalecimiento del capital transnacional en detrimento del pequeño y mediano empresario y finalmente pérdida de soberanía de los estados nacionales.

Propuestas

1. Dejar de negociar y firmar acuerdos comerciales que tengan como lógica dominante el paradigma del libre comercio, dado los impactos de exclusión, precarización y crecimiento de la pobreza que ocasionan en nuestras sociedades.

2. Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina deberían estar basadas en lógicas distintas a la lógica dominante del libre comercio. En un tipo distinto de relación comercial deberían primar:

– la complementariedad,

– la cooperación,

– la inclusión productiva y económica,

– la redistribución social de las ganancias

3. Debe haber congruencia entre las políticas económicas y financieras que desarrollen ambas regiones y la defensa y promoción de los Derechos Humanos, garantizando una verdadera democracia económica que incorpore variables importantes del nuevo paradigma económico que se viene construyendo desde América Latina y el Caribe, conocido como el “buen vivir”.

4. Impulsar a nivel de la gobernanza global una regulación obligante al mundo transnacional, a fin de garantizar la defensa de Derechos Humanos.

5. Respaldamos activamente la iniciativa del Instrumento Internacional Jurídicamente Vinculante sobre Empresas Transnacionales y DDHH, que se promueve en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como iniciativa del gobierno de Ecuador. Exigimos a los Gobiernos de la Unión Europea y de América Latina que respalden dicha iniciativa y no obstaculicen la aprobación de dicho instrumento.

6. En el marco de la próxima cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el mes de diciembre del 2017 en Buenos Aires, Argentina; los gobiernos de la Unión Europea y de América Latina, deben promover que se cumpla efectivamente la cláusula de “Reconocimiento del trato especial y diferenciado” de la Ronda de Doha, cláusula que abre una oportunidad a los países a fin de potenciar políticas soberanías en materia ambiental, laboral y económica.

7. Los gobiernos de la Unión Europea y de América Latina, deben modificar radicalmente sus políticas tributarias y fiscales y desarrollar políticas orientadas a alcanzar la Justicia Fiscal. La Política Fiscal es el principal instrumento para combatir la desigualdad y la exclusión social. Para ello es imprescindible que el comercio internacional entre ambas regiones pague impuestos, abandonando “la carrera a la baja”, eliminando privilegios fiscales y exoneraciones tributarias al capital transnacional y nacional, que acentúa las asimetrías entre sectores económicos y erosiona la capacidad financiera de los estados nacionales. Es imprescindible que se transformen radicalmente los sistemas tributarios en sistemas más progresivos que dejen de gravar exclusivamente el consumo y se orienten principalmente a gravar la renta, las ganancias, los patrimonios.

Es también imprescindible el combate real a la evasión y la elusión fiscal, promoviendo legislaciones anti evasivas y antielusivas. Por tanto, el combate desde los gobiernos de ambas regiones a la eliminación de paraísos o guaridas fiscales y al control y eliminación de los Flujos Financieros Ilícitos es una tarea prioritaria y una exigencia de las sociedades civiles de ambas regiones. En tal sentido, exigimos que los gobiernos de la Unión Europea y de América Latina y el Caribe respalden la iniciativa lanzada en el marco de las Naciones Unidas por el Gobierno de Ecuador y organizaciones de sociedad civil a nivel global para la eliminación de los paraísos fiscales y la creación de un Órgano Intergubernamental encargado de normar globalmente los aspectos tributarios y fiscales del comercio internacional.

Grupo 2:

Diagnóstico

Las vinculaciones económicas y comerciales entre UE y LAC están basadas en un modelo extractivista: esto implica presencia y promoción de megaproyectos (infraestructura de logística, comunicaciones, energía) y establecimiento de relaciones comerciales desiguales en función de intereses del capital y no de las grandes mayorías. Ello genera, a pesar del espejismo del crecimiento macroeconómico:

– Aumento de la brecha de desigualdad entre ricos y pobres;

– Deterioro medioambiental;

– Enajenación y fragmentación de la población;

– Marginación y violencia contra grupos vulnerables (indígenas, afrodescendientes, sectores rurales, urbano-marginales, entre otros).

Existen discusiones locales y regionales (LAC) con la UE en relación a: enfoques de DDHH y desarrollo humano, democracia, enfoques redistributivos de riqueza. Pero esta línea discursiva sólo sirve para tener una imagen positiva de estos espacios con la población y las OSC de la región.

Análisis de los roles de diversos actores

– Cooperación internacional: tendencia a involucrar al sector privado (bajo la sombrilla de la “sociedad civil”); se está propiciando la cooperación multilateral que involucra al Estado en asociación con la empresa privada (múltiples modalidades ya en auge). Esto implica ya privatización de servicios públicos y bienes naturales.

– Naciones Unidas: representa en primera instancia a los intereses de los Estados que trabajan en función de los grandes capitales / transnacionales.

– Estados LAC y UE: establecer tratados de libre comercio y relaciones de cooperación que favorecen la colocación y penetración de corporaciones y transnacionales (preferentemente europeas) que no representan los intereses de las grandes mayorías y terminan derivando en la violentación de los derechos humanos.

– OSC de LAC y UE: insuficientemente vinculadas entre ellas y con capacidades limitadas para defender intereses de las grandes mayorías. Otras se encuentran cooptadas / criminalizadas / amenazadas por Gobiernos.

Las relaciones del capital son sumamente complejas; están estrechamente vinculadas a partidos políticos y gobiernos tanto en LAC como en UE. Detrás de las relaciones bilaterales entre “países”, están los intereses de las grandes corporaciones.

Propuestas de acciones dirigidas a la sociedad civil (qué vamos a hacer)

1. Fortalecimiento organizacional de las OSC para mejorar capacidades de denuncia, investigación, información, comunicación e incidencia.

2. Fortalecer alianzas de las OSC de LAC con las de la UE (plataformas de interlocución).

3. Campañas mediáticas dirigidas a sectores que a la fecha no han mostrado interés / conocimiento / involucramiento en sumarse a las luchas de las OSC y las grandes mayorías. / Utilización de redes sociales.

4. Mejor aprovechamiento de las Hojas de Ruta de la UE con las OSC de LAC.

5. Identificar vulnerabilidades de los grandes emprendimientos para organizar denuncias y estrategias en Europa (mercados grandes y con mayor capacidad de influencia).

6. Demandar a la UE un mayor apoyo a las OSC para el trabajo en las líneas antes descritas.

Propuestas para los Jefes y Jefas de Estado de LAC y UE

1. Demandar el cumplimiento estricto del marco jurídico y acuerdos existentes a nivel internacional, relacionados con cumplimiento de DDHH: por ejemplo, convenios de la OIT (169), cláusulas democráticas, entre otros.

2. Mayor reconocimiento de los aportes de las OSC y apertura de espacios para que estas participen activamente en el diseño de tratados y acuerdos comerciales, así como en el monitoreo de su cumplimiento.

2. Conclusiones sobre nuevos modelos de desarrollo en el marco de la Agenda 2030

Grupo 3:

Diagnóstico

1. Vivimos dentro de modelos de desarrollo sustentados por el sistema capitalista y basados en la implementación de las agendas neoliberales que agudizan las condiciones de pobreza y desigualdad de la población. Esto, afectando a los sectores más vulnerables, marginando a las poblaciones, relegándolas a territorios en condiciones de riesgo.

2. El modelo de consumo ha tenido impactos en la cultura de los ciudadanos con efectos en el ambiente por sus niveles de contaminación, apoderándose de la infancia y generando una nueva cultura de convivencia. Al mismo tiempo, existen iniciativas que están avanzando en torno a crear nuevas prácticas sociales.

3. Se evidencia una contradicción, por un lado en el impulso de políticas que en teoría generan desarrollo, y por otro lado, afectan las formas propias de la vida de la población, agudizan la criminalización y persecución de los liderazgos sociales, mercantilizan la vida y agotan los bienes comunes. Así, los diálogos de Europa y América Latina representan un desafío.

4. Entre los incentivos establecidos para sostener estas formas de producción y consumo, hay satisfacciones personales en el consumo que avalan estas formas de producción, sin medir sus impactos.

Rol y oportunidades de las agendas para facilitar un enfoque más integral y cómo integrar las dimensiones del desarrollo sostenible

Si bien son agendas que no resuelven la discusión del modelo de desarrollo y el sistema de vida que queremos construir, son instrumentos que permiten a los actores sociales y políticos abordar temas emergentes y sustantivos en este momento histórico; obligando a los actores a pronunciarse. Asumiendo que la tarea debe ser mayor, consideramos que:

1. Son instrumentos de incidencia específicos, que pueden ser considerados como marcos de acción.

2. Son referentes políticos para el diálogo y la negociación con los actores políticos.

3. Un desafío es cómo avanzamos en torno a la movilización social, que sume una correlación de fuerzas favorables para empujar la implementación de estas agendas.

4. Se deben reconocer las luchas sectoriales y territoriales que están en sintonía con lo propuesto y que al articularse, podrían sumar fuerza con los actores sociales. Nos desafía animar el encuentro de las distintas agendas -que pueden dialogar y encontrar sinergias- asumiendo que hay luchas en los territorios que están siendo empujadas por los movimientos populares, que no en todos los casos conocen de la existencia de las agendas como instrumentos políticos, encuentran eco en algunos de los postulados. Esto podría dimensionar su fuerza y respaldo, si logramos colocarlos en el imaginario de lucha.

5. Se debe avanzar en el campo de las ideas, frente a la hegemonía de los medios de comunicación, para colocar estos debates y sus posibilidades en el imaginario social.

6. Hay que crear marcos a nivel nacional que permitan articular y generar sinergias para la concreción de las agendas en las políticas y programas, con mejores prácticas, más congruentes con un nuevo modelo de desarrollo basado en un sistema que privilegie la vida.

7. El desafío también es encontrar ejes comunes, que optimicen los recursos y los esfuerzos conjuntos.

8. Nos desafiamos a crear asociaciones integrales y amplias, con mecanismos de monitoreo más finos. Fortalecer el trabajo en red.

9. Es necesario mantener una perspectiva política integral, con una lectura indivisible de los enfoques de derechos humanos. Asumiendo que su avance implica relaciones de disputa por la expresión de intereses que representa este tipo de propuestas. Y sabiendo que no será posible implementar la agenda, si no se revisa el modelo de desarrollo y ello implica tocar la hegemonía del poder. .

10. Es relevante posicionar las agendas como compromisos de Estado, que no pueden ser desconocidos por los gobiernos de turno.

11. Apostar a la distribución de la toma de decisiones en los espacios propios y en la formulación de la incidencia hacia los espacios públicos de poder.

12. Con comunidades organizadas, con trayectoria y clara vocación de búsqueda de alternativas, abrir diálogos de formación e información sobre las agendas de desarrollo. Revisar cómo formamos y como informamos a la población, especialmente a las juventudes.

13. Fortalecer las alianzas a nivel local de los distintos actores que se encuentran en los territorios, con los gobiernos locales y nacionales, usando los mecanismos ya existentes.

14. Plantear planes y proyectos de trabajo comunitario, que den respuestas a demandas concretas y sentidas de la población. Demandando la descentralización para el uso de los recursos de los presupuestos municipales y recuperando la confianza política en la relación con otros actores sociales y políticos.

15. Es necesario retomar el rol de la sociedad civil, fortaleciendo su capacidad como actor y en razón de la generación del pensamiento crítico desde y para la sociedad.

Propuestas

Apostar a nuevas formas de vida que rompan con las lógicas de dominación en las relaciones de producción de trabajo, con la naturaleza y sus bienes comunes. Incluir estrategias de desarrollo humano, como acceso a la salud, libertad de asociación, políticas de comercio, servicios sociales y una política energética, incorporar la gestión integral del riesgo, entre otros.

Aprender de los acumulados históricos y su manera holística de entender la vida, legados de los pueblos originarios y sustentados a lo largo de la historia, que tienen que ser referentes en la construcción de una nueva sociedad. Que se respete la autodeterminación de los pueblos y el derecho a territorios de paz, frente a las amenazas permanentes que pueden desencadenar en una guerra.

Por lo tanto se demanda:

1. Que la cumbre de presidentes UE-CELAC, se realice, como estaba estipulado, como medida de fortalecimiento de las instituciones.

2. Asegurar un enfoque de derechos humanos y de equidad de género, en la implementación y en coherencia con las distintas agendas de desarrollo y marcos internacionales y que puedan transformarse en políticas públicas y planes de desarrollo.

3. Instalar espacios concretos de participación de la sociedad civil, generar mecanismos formales de participación real, consultiva y vinculante en la toma de decisiones, y que aseguren la expresión de las voces que han sufrido mayor marginación, mujeres, juventudes y pueblos indígenas, en la implementación de las agendas de desarrollo y acceso a recursos.

4. Implementar mecanismos para el monitoreo, regulación y exigibilidad hacia las empresas privadas para que estas cumplan con sus responsabilidades sociales – y avance de los acuerdos establecidos en las agendas.

5. Establecer mecanismos de financiamiento para la implementación de las agendas que incluyan políticas fiscales y la lucha contra la elusión y evasión fiscal.

Grupo 4:

Propuestas

1. Revisar el cumplimiento del plan de acción UE-CELAC 2015-2017

2. Desarrollar una estrategia de empoderamiento de la ciudadanía sobre la Agenda 2030 – a nivel territorial y comunitario, sobre los titulares de obligación y promoción; y de difusión y acceso a información sobre la agenda.

3. Implementar sistemas nacionales con participación sustancial de la sociedad civil para decidir, planificar y monitorear la Agenda 2030.

4. Las políticas públicas deben ser el marco, en coherencia con la Agenda 2030 y Acuerdo de París para avanzar políticas que sean sustentables, con suficientes recursos y que generen sinergias entre comercio, cambio climático, y multilateralismo.

5. Demandar un financiamiento que priorice la adaptación sobre la mitigación climática, que no apoye proyectos que generen conflictividad social y que sean altamente emisores de CO2. Cumplir con el compromiso de destinar por lo menos 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo y que se apliquen políticas fiscales justas que eviten evasión y elusión fiscal.

6. Asegurar que las empresas y corporaciones respeten autonomía de los Estados y cumplan con los derechos humanos y las normativas nacionales e internacionales.

7. Contextualizar y precisar indicadores de implementación sobre sectores y temas no incluidos o suficientemente visibilizados en la Agenda 2030; tales como en relación a los adultos mayores y la niñez, las distintas formas violencia, las migraciones y movilidad, los pueblos originarios, la multiculturalidad, y la corrupción.

3. Conclusiones sobre crisis de la democracia y tendencias autoritarias: el cierre de espacios para la sociedad civil

Grupo 5:

Diagnóstico

1. Se constata persecución y criminalización a activistas y defensores y defensoras de los Derechos Humanos y medioambientales; como también represión a las OSC. Muchas veces por gobiernos autoritarios que ponen en riesgo la democracia participativa y representativa (a veces a través de grupos paralelos). También se constatan limitaciones a los derechos civiles y sociales en muchos países.

En la UE también se observan tendencias autoritarias, la criminalización de la protesta social, xenofobia, baja en la calidad de la interlocución entre el estado y la sociedad civil.

2. Existe contradicción entre las declaraciones y normativas de derechos humanos y la práctica. No hay aplicación de la cláusula democrática en los tratados que la incluyen.

3. La UE da buena calificación al hecho de que hay democracia formal en muchos países (como, por ejemplo, en países de renta media). Se vulnera así la democracia política, la economía y derechos sociales (protección social); hay disminución de fondos de cooperación para acciones sociales y políticas y más para el sector privado.

Propuestas

1. Erradicar la corrupción, y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.

2. Aplicar la cláusula democrática y establecer mecanismos de denuncia en caso de incumplimiento.

3. Democratizar los medios de comunicación. Apoyar a los medios alternativos versus los monopolios de los medios de comunicación.

4. Implementar mecanismos de participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, fomentando procesos de evaluación para la participación ciudadana. Es necesario un análisis de la participación ciudadana; el cumplimiento de los tratados internacionales para cumplir derechos de los pueblos originarios y la igualdad de género. Apoyar reformas en los sistemas político-electorales.

5. Establecer un diálogo y relación entre Estado y sociedad civil para definir mecanismos de desarrollo y garantizando recursos para su implementación y seguimiento.

6. Establecer parámetros para la calidad de la democracia.

7. Implementar espacios para el seguimiento de estas acciones, con presencia de la sociedad civil.

Grupo 6:

Diagnóstico

1. Sistema político en crisis. La gente no se siente representada por el poder político. Esto tiene también que ver con la interacción entre el poder político y empresarial: esas dos entidades promueven el sistema neoliberal y no toman en cuenta las necesidades de las poblaciones, especialmente de la gente vulnerable.

2. Es difícil influir en las políticas públicas. Los estados nos invitan a conversar y aceptar sus propuestas pero no toman en cuenta nuestras opiniones. Y cuando existen esos espacios, no es fácil evaluar el impacto de nuestras demandas.

3. La criminalización y judicialización de las organizaciones de la sociedad civil organizada que critica las políticas públicas impide una participación plena y entera de las poblaciones.

4. La sociedad civil no se conoce suficientemente en su diversidad para poder coordinarse eficientemente, y los más vulnerables padecen de representación legítima.

5. Los mecanismos de participación ciudadanos no son suficientemente conocidos por la población en general, lo que impide el ejercicio de sus derechos.

Propuestas

A la UE y a la CELAC, pedimos:

1. Frente a la crisis de la democracia, promover y facilitar una democracia más participativa, con mecanismos que permitan espacios de participación de los ciudadanos más allá de procesos electorales. Puede ser a través de la organización de referéndums, pero sobre todo; con espacios de participación ciudadana cotidianos

2. La crisis de la democracia se traduce también por los altos niveles de corrupción. Las dos regiones deben enfocarse en la lucha contra la corrupción, con el establecimiento de mecanismos transparentes de lucha contra ese fenómeno.

3. Garantizar que la sociedad civil pueda hacer su labor libremente y sin miedo a represalias u otros modos de intimidación como son la criminalización y la judicialización. La protección de los defensores de los derechos humanos, socio-ambientales y del trabajo debe ser una prioridad de ambas regiones.

4. Establecer mecanismos realmente eficientes dentro de los tratados de libre comercio que firman conjuntamente y en los mecanismos de seguimiento de esos tratados, para así garantizar la libre expresión y los derechos humanos de la sociedad civil.

5. Tomar medidas para asegurar un diálogo social inclusivo eficaz y eficiente de modo que las voces de los trabajadores/aras sean escuchadas y que se tomen medidas en favor de un trabajo decente.

6. La participación de la sociedad civil organizada en un diálogo con los estados debe ser libre, autónoma, independiente, reglamentada (es decir, con reglas precisas escritas) y abarcar a la diversidad de las organizaciones de la sociedad civil de las dos regiones. Los estados tienen que respetar la libertad de expresión de los actores de la sociedad civil, y deben tomar en cuenta las propuestas hechas.

7. Elaborar mecanismos que permitan medir el impacto de esos diálogos entre la sociedad civil y los estados, es decir, poder ver concretamente cuáles propuestas de las sociedad civil han sido tomadas en cuenta, y realizadas.

8. Incluir a la sociedad civil organizada en la elaboración, realización y seguimiento de proyectos de desarrollo, de modo à aprovechar sus experiencias y experticia. La experiencia de la elaboración conjunta de los sistemas de protección social alrededor del mundo ofrecen un ejemplo exitoso de diálogo inclusivo entre los estados, la sociedad civil y el sector privado. Esos tres actores se encargan de la elaboración, gestión, control y evaluación de estos sistemas. Así, dando voz a los diferentes sectores de la población, se aseguran la elaboración de políticas eficientes de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos urbanos y rurales, reconociendo su significativa contribución a estos sistemas.

9. Establecer un fondo para asegurar la organización de foros/encuentros regionales y bi-regionales de la sociedad civil, con el fin de aprovechar de la experticia de la sociedad civil y así alimentar las reflexiones de los estados en la elaboración de políticas públicas.

10. Prever y favorecer espacios de visibilización de las acciones y actividades de la sociedad civil, para mostrar el valor agregado de esos actores en favor de la democracia y el desarrollo.

11. Garantizar la existencia de canales alternativos de difusión de información, dado que los grandes grupos mediáticos padecen de independencia política. Esta difusión amplia debe favorecer un conocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales de las poblaciones, de modo que puedan ejercer sus derechos plenamente y puedan organizarse para exigir colectivamente el cumplimiento de estos derechos.

12. Apoyar a los gobiernos locales para que puedan favorecer la participación de la sociedad civil local en toda su diversidad, para asegurar que los más vulnerables (como mujeres, jóvenes, pueblos originarios) sean escuchados.

13. La UE debe seguir, fortalecer y evitar debilitar sus políticas de cooperación al desarrollo dirigidas hacia América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, los estados CELAC deben prever mecanismos que permitan financiar a la sociedad civil.