Las peruanas estamos en la última de las prioridades del Estado. Pero nos rehusamos a aceptarlo.
Dos semanas antes de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski terminara de colapsar, el Poder Judicial interpuso una medida cautelar al Ministerio de Educación para que se suspendiera el uso del enfoque de igualdad de género en la currícula escolar.
Esta arremetida fundamentalista fue impulsada por el colectivo «Padres en Acción», con el apoyo de sectores conservadores de mucho poder. Lograron que la Corte Superior de Lima decidiera anular el siguiente párrafo: «Si bien aquello que consideramos ‘femenino’ o ‘masculino’ se basa en una diferencia biológica-sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestras interacciones».
¿Qué es lo que les asusta?
Políticos y personajes mediáticos en contra del enfoque de igualdad de género se han encargado de estigmatizarlo y denominarlo como una “ideología” que busca hipersexualizar y homosexualizar a la niñez. No es ajeno ver a hombres en saco y corbata cargando gigantografías con fotos de «su vida pasada en pecado como transexual» para protestar contra la «ideología de género que pretende degenerar a nuestros hijos».
El Estado peruano está suscrito a varios compromisos internacionales relacionados a los derechos humanos. Aunque ninguno de estos tratados establece una sanción coercitiva, sí se cuenta con mecanismos para supervisar su implementación. Diversas organizaciones ya se pronunciaron al respecto e invocaron a las instancias pertinentes a mantener el enfoque de igualdad de género en todas las políticas públicas. La ONU, por su parte, advirtió que cualquier modificación afectaría el derecho de más de 7 millones de niños/as y adolescentes a una «educación básica de calidad que los proteja y forme para la vida, sin discriminación y con igualdad de oportunidades».
En la última Cumbre de las Américas, realizada este mes en Lima, la Coalición 23 (conformada por organizaciones de Perú, Paraguay, Argentina, México, Uruguay, Guatemala, USA y El Salvador) instó a los Estados a cumplir los compromisos internacionales asumidos, que buscan asegurar la eliminación de las brechas de género, étnico-raciales y por situación socioeconómica. Para lograrlo, es preciso que se implementen políticas públicas con enfoque de derechos humanos, de género y de interculturalidad. La Coalición también destacó la urgencia de incorporar a mujeres, jóvenes y personas lesbianas, gays, bisexuales y trans para asegurar la Gobernabilidad Democrática.
El «Compromiso de Lima», firmado por los gobernantes de los países participantes, cuenta con más de 50 puntos centrados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En el punto 7 del documento se estableció lo siguiente:
«7. Promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción, mediante un grupo de trabajo sobre liderazgo y empoderamiento de las mujeres que activamente promueva la colaboración entre instituciones interamericanas y la sinergia con otras agencias internacionales.»
Si bien se recogieron algunas de las demandas por la igualdad, quienes luchamos por un país sin discriminación y con cero tolerancia a la violencia creemos que la posición fundamentalista seguirá batallando contra la libertad, aprovechando su poder y el miedo que infundan entre las personas que se rehúsan a aceptar que todas, todos y todes merecemos los mismos derechos. Como miembros de la sociedad civil, seguiremos manifestando con energía y resistencia todas las formas de discriminación que pretendan estancar el desarrollo de la ciudadanía en conjunto en su afán de privilegiar aún más a unos grupos sobre otros. Seguiremos luchando por un enfoque de igualdad de género en la educación y en todos los ámbitos para combatir a la violencia de género, el acoso político y la discriminación en todas sus formas.