Tras el indulto otorgado al ex dictador Alberto Fujimori, la sociedad civil peruana se enfrenta a la defensa de la memoria en una serie de movilizaciones para pedir la renuncia del presidente actual y el retorno de Fujimori a prisión.
El 24 de diciembre, el presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó los beneficios de indulto humanitario y gracia presidencial a Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante su gobierno.
Desde entonces se han realizado tres movilizaciones masivas a nivel nacional en contra del indulto. También se sumaron a la protesta peruanos residentes en otras ciudades del mundo, como Barcelona o París. Las demandas en las manifestaciones son de justicia, dignidad y memoria, pues el discurso que el gobierno ha formado para tapar su jugada política fue de reconciliación y perdón.
Los familiares de las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante el régimen fujimorista han sido enérgicos al declarar que no puede haber reconciliación sin justicia. Las movilizaciones contra el indulto continuaron el 30 de enero en todo Perú y diversas organizaciones e instituciones se han sumado para denunciar las irregularidades en el perdón de la sentencia de Alberto Fujimori.
Los cuestionamientos sobre la legalidad del indulto son robustos, pues se encontraron varias irregularidades:
1. El presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, Juan Falconí, fue abogado de un candidato fujimorista durante las últimas elecciones presidenciales, lo que implica un conflicto de intereses.
2. La Junta Médica que evaluó la salud de Alberto Fujimori y recomendó el indulto tuvo como miembro a un doctor que ha sido médico particular de Fujimori por años, Juan Póstigo.
3. El beneficio fue otorgado en tiempo récord, solo 13 días, cuando los pedidos de indulto demoran un promedio de 100 días.
La Defensoría del Pueblo solicitó el informe técnico de recomendación sobe el indulto al Ministerio de Justicia, organismo encargado de elaborarlo, en dos ocasiones. En ambas se le fue negado. A pesar de esto, el Defensor del Pueblo Walter Gutiérrez explicó en conferencia de prensa que el indulto otorgado a Alberto Fujimori no cumple con los estándares legales requeridos para ex presidentes sentenciados por delitos de lesa humanidad.
Sobre si el indulto podría ser revisado, Gutiérrez dijo a un medio local que “el Tribunal Constitucional ha dicho que no existen zonas ni actos liberados de control. Las gracias o los indultos son revisables por el órgano jurisdiccional”.
Los deudos de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta solicitaron una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se evalúe el cumplimiento de las sentencias por dichos crímenes en el marco del indulto otorgado a Fujimori. La Corte aprobó revisar los casos de manera extraordinaria para el 2 de febrero.
Fotos de las movilizaciones en nuestra página de facebook.