Lo confirman diversos conteos, uno de ellos del Defensor del Pueblo. Se registraron casi 300 casos en 2017.
A pesar de la instalación en la agenda pública del tema (en gran parte gracias a las masivas marchas de #NiUnaMenos), en Argentina la violencia machista no cesa: en 2017 se registraron casi 300 femicidios, lo que supone un asesinato cada 30 horas.
Las cifras exactas varían según quién realiza el conteo: un estudio por el Observatorio de Feminicidios del Defensor del Pueblo argentino registró 292 femicidios, mientras que el Observatorio del movimiento Ni Una Menos de la agrupación Mumalá contó 298.
Según la asociación civil «La Casa del Encuentro», que realiza el conteo desde hace diez años pero que aún no dio los resultados de 2017, el año pasado se cometieron 290 femicidios. Las políticas públicas orientadas a evitar estos asesinatos y la mayor conciencia social sobre la gravedad de la violencia de género son aún insuficientes.
Las 298
El trabajo del Defensor del Pueblo contiene la totalidad de los casos relevados de asesinatos a mujeres (niñas, adolescentes, adultas, trans), perpetradas por hombres por razones asociadas a su género. El conteo incluye los homicidios caratulados como femicidios, por muerte dudosa bajo sospecha de femicidio y femicidios vinculados.
El término “femicidios vinculados” engloba a los homicidios cometidos contra personas que mantienen un vínculo familiar o afectivo con la mujer atacada, para castigarla de forma psicológica, y aquellas personas que son asesinadas por quedar en la línea de fuego. El 12 de febrero de este año se dio un caso de este tipo de homicidio: una mujer de 51 años, su hija de 25 y su nieto de 6 fueron asesinados en una vivienda ubicada en Guaymallén, provincia de Mendoza. El femicida estaba en pareja con Mayra, la joven de 25 años.
Del total de femicidios, en el 16,2% de los casos se registró la existencia de denuncias, mientras que el 32,7% no realizó ninguna. En el 51,2% restante no se registró información.
Recomendaciones
El informe establece una serie de recomendaciones a los gobiernos, que en su mayoría son omisiones a deberes ya reconocidos en leyes vigentes. Algunas de ellas:
• Acceso a la justicia. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia contra las mujeres. Implementar la ley 27.210, actualmente no aplicada, que prevé la asistencia letrada gratuita para los casos de violencia de género.
• Protocolos. Promover la elaboración e implementación de protocolos de prevención y asistencia de la violencia de género en los establecimientos educativos, sanitarios y laborales.
• Apoyo a hijos/as. Instar la sanción de la denominada Ley BRISA, mediante el cual se busca amparar a las víctimas colaterales de los femicidios. Esta normativa obliga a brindar un aporte económico a los hijos y las hijas menores de 18 años de edad y a otorgar asistencia y cobertura en salud.
• Estadística y transparencia. Optimizar procedimientos de registro de datos sobre muertes violentas de mujeres. La información pública sobre los femicidios debería ser transparente y contar con un sistema de información específico. Publicación regular de los casos de femicidios en los sistemas oficiales de difusión y darlos a conocer de acuerdo a los estándares internacionales de calidad de la información estadística.
• Monitoreo. Promover el intercambio de información y análisis entre los diferentes organismos del Estado y con la sociedad civil, con el fin de evaluar el funcionamiento de las políticas públicas y lograr el intercambio, el análisis y la divulgación de la información relacionada con los casos de femicidios, así como también el estudio de la eficacia de las medidas aplicadas para prevenirlos.
El informe completo aquí.