La CIDH informó que el Estado de Nicaragua “ha adoptado una estrategia de impedimento de toda forma de manifestación o protesta social”. Presas políticas beneficiadas por este organismo fueron violentadas por fuerzas policiales.
El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó limitaciones que violan los estándares internacionales de derechos humanos.
En un comunicado publicado el 20 de noviembre, la CIDH denunció distintos mecanismos de la Policía Nacional de Nicaragua: responsabilizan a quienes convocan a manifestaciones públicas por los hechos violentos ocurridos en ellas y declaran como ilegal toda manifestación que no cuente con autorización previa de la autoridad policial.
“El desproporcionado despliegue preventivo de personal policial antimotines, así como de otras unidades policiales en lugares en que tradicionalmente se protestaba, se unió ahora a la ocupación de establecimientos comerciales en que donde se habían realizado pequeños actos de protesta. Así, dicho patrón de extrema limitación del derecho a protestar se manifestó más concretamente”, explica el comunicado.
“La protesta social y la libertad de expresión no pueden ser vistas como una amenaza en sociedades democráticas. En particular, en el contexto que vive hoy el país la protesta social y la libertad de expresión son herramientas que contribuirán a explorar mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente los cientos las centenas de familias que han perdido a sus seres queridos”, agrega.
Violencia contra las presas políticas
En los últimos días la Policía detuvo a manifestantes en Somoto y en un shopping de Managua, a quienes imputaron con cargos penales. Además, a mediados del mes volvieron a detener a la estudiante Elsa Valle Montenegro -que había sido liberada en setiembre- esta vez junto a su hermana Rebeca. Fueron golpeadas por los antimotines, quienes casi asfixian a Elsa. Las llevaron hasta la cárcel El Chipote y las liberaron el mismo día.
El abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, afirmó que “tanto Elsa como su familia han sido víctimas de una persecución con motivación política”. El país “no sólo no está normal: está sometido a una dictadura, a un estado de terror”, dijo.
La CIDH, por su parte, otorgó medidas cautelares a siete presas políticas: Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Tania Verónica Muñoz Pavón, María Dilia Peralta Serrato, Irlanda Undina Jerez Barrera, Solange Centeno Peña y Nelly Marilí Roque Ordóñez. Según distintos medios, se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia” por la última golpiza que recibieron dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Hace más de tres meses que están encerradas en la cárcel La Esperanza y están siendo procesadas por terrorismo, crimen organizado, tortura, robo y obstrucción al servicio público, entre otros delitos.